Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos en Perú, felicitó este jueves a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, “por su liderazgo y dedicación” en el Ministerio Público.
“Trabajaremos juntos este nuevo año en la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos de todos los peruanos, especialmente de las mujeres y adolescentes”, tuiteó la ex secretaria ejecutiva del Departamento de Estado de EE. UU.
En octubre del año pasado, Benavides presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, en un documento que fue entregado al Congreso.
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“Formulo una denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, se leía en el texto.
Según el Ministerio Público, el recluido exmandatario dirigía una red de corrupción, de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas, y que está integrada por su entorno familiar y político. Fue la primera vez que la Fiscalía denunciaba a un presidente en activo de Perú, algo que Castillo calificó como un “error”.
Patricia Benavides también participó en la detención de Castillo en diciembre pasado por el delito de rebelión luego de su intento fallido de disolver el Parlamento y su destitución por parte del Congreso.
Detención de Castillo
En el local policial, Castillo, vestido con casaca azul, lucía acompañado por el exjefe de gabinete Aníbal Torres, uno de sus más cercanos aliados, mientras era interrogado por la fiscal general.
El jueves pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la prisión preventiva de 18 meses para Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado, y seguirá recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).
La caída del exmandatario desató violentas protestas que dejaron 28 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes piden la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones al 2023.
En un intento de mitigar la crisis, el Congreso aprobó hace una semana pasar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.
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