Con 13 votos a favor y una abstención, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, aprobó el informe final que recomienda denunciar constitucionalmente al investigado y exmandatario Martín Vizcarra por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas en el contexto de la pandemia por el Covid-19 en el año 2020.
El presidente de la Comisión encargada de realizar el escrutinio, Héctor Ventura de Fuerza Popular, saludó que se haya podido aprobar el informe el cual argumenta que, debido a las medidas adoptadas por Vizcarra Cornejo, fallecieran más de 100 mil peruanos.
“Hoy se dio un paso más para hacer justicia por las más de la 150 mil familias enlutadas por las nefastas decisiones del vacado Martín Vizcarra, en su gobierno, durante la pandemia de la COVID-19″, comentó al respecto Ventura.
En este informe que busca formular la acusación constitucional a las extitulares de las carteras de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva y Salud, María Elizabeth Hinostroza. Según explica Ventura, a las exintegrantes del gabinete ministerial liderado por Vicente Zeballos, ambas podrían ser procesadas penalmente por el presunto delito de colusión el cual deberá ser remitida a la Fiscalía para que procedan con la investigación preliminar.
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El grupo liderado por el congresista fujimorista, analizó cinco líneas de investigación para la elaboración del presente informe en el cual se observó la adquisición de pruebas rápidas; negociación, adquisición, distribución e inoculación de vacunas Sinopharm; adquisición y suministros de oxígeno medicinal; decesos por COVID-19 y adquisición de estructuras metálicas y equipamiento para el sector salud.
Una de las conclusiones del informe final sostiene que, Vizcarra y las exministras citadas se reunieron con empresas del sector salud como Nipro Medical Corporation Sucural Perú y Multimedical Supplies SAC para concertar la compra de pruebas rápidas contrario a las políticas de salud vigentes que reconocía el uso de la prueba molecular para detectar el virus.
Además, en el informe también sugieren incluir en la denuncia al exministro de Salud, Víctor Zamora por la presunta comisión del delito de omisión o demora de actos funcionales al permitir que se continuara ejecutando actos administrativos indebidos.
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