La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció la reorganización del Subsistema de Terrorismo, Derechos Humanos e Interculturalidad, para conseguir una mayor especialización en las investigaciones sobre los decesos en las protestas.
Las referidas manifestaciones ocurrieron en diciembre del año pasado, poco después de la juramentación de la dignataria Dina Boluarte. La exvicepresidente asumió el cargo luego que el exmandatario Pedro Castillo vulnerara el orden constitucional, el miércoles siete de dicho mes, e intentara disolver el Congreso.
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El investigado por presunta corrupción, recluido en el penal Barbadillo, también anunció un reordenamiento de las principales instituciones del país, entre ellas, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.
“Desde el primer momento del inicio de las protestas, se dispuso que los fiscales pongan énfasis en la investigación y determinación de responsabilidades por los lamentables sucesos de diciembre de 2022. Ninguna vida vale menos que otra y ninguna muerte debe quedar impune”, comentó Benavides Vargas.
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La máxima representante del Ministerio Público brindó dichas declaraciones durante la ceremonia de Inicio del Año Fiscal 2023, evento en el que también participó la presidente Boluarte y el titular del Congreso, José Williams Zapata.
Según comentó la alta funcionaria, esta medida entrará en vigencia a partir de la fecha aprobación por la Junta de Fiscales Supremos. Sobre su implementación, detalló que “esto permitirá garantizar una investigación ordenada y célere de casos vinculados a derechos humanos”.
Regiones contarán con fiscalías especializadas
La Fiscal Patricia Benavides también señaló que con la medida se logrará una mayor especialización en las indagaciones fiscales. Sobre ello, agregó que en el caso del subsistema de Derechos Humanos e interculturalidad se contará, en determinadas provincias del país, con fiscalías especializadas.
Estas instalaciones estarán ubicadas en las regiones Madre de Dios, Ucayali y La Libertad. Asimismo, afirmó que esta reorganización tendrá como finalidad centrar los esfuerzos de las autoridades en investigar las muertes ocurridas, en diciembre último, y los delitos en contra de los defensores de los derechos humanos.
“Todo aquel que cometa un acto de corrupción quitándole algún servicio a la ciudadanía debe saber que le espera el rigor de la ley. Ese es el compromiso que renuevo y reafirmo hoy que iniciamos un nuevo año de trabajo y servicio”, indicó.
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Posteriormente, en otro momento de la ceremonia, informó que los funcionarios de la Fiscalía volvieron a su labor presencial, a partir del pasado tres de enero, luego de realizarse cambios debido a la pandemia de COVID-19. Esta situación, añadió, favorecerá el “cumplimiento de las metas institucionales”.
“Los usuarios finales del servicio de la función fiscal son los ciudadanos y a ellos nos debemos”, enfatizó. Asimismo, anunció que elaborará una propuesta normativa, la que será presentada en la brevedad, para incorporar legalmente el segundo día hábil de enero de cada año como el inicio del año fiscal.
Sobre esto último, manifestó a la audiencia, en estas fechas se rendirá “cuentas de los avances y se proyectarán las metas a ejecutarse”.
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