Luego de dos semanas de controversia, el Tribunal Constitucional finalmente publicó el fallo que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad de la ley 31520. Esta, que afectaba la conformación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), ha sido respaldada por cinco magistrados. Es así que se permitirá la incorporación de rectores en el consejo directivo.
El magistrado Gustavo Gutiérrez, en conversación con Latina, indicó que el fallo se pronuncia sobre solo un aspecto de la Ley Universitaria, la misma que dio pie a la creación de Sunedu. Ante los cuestionamientos sobre presuntos cambios en la superintendencia, resaltó que los procesos de licenciamiento y el programa que se viene manejando continuará como ha venido sucediendo desde sus inicios.
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“El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre un tema central ya que había tensión entre la autonomía universitaria y el interés del Estado de supervisar la calidad universitaria”, agregó. Asimismo, señaló que la Sunedu es una entidad válida, pero su conformación daba la sensación de ser más un órgano propio del Estado, por ello se ha respaldado la propuesta de permitir rectores en su consejo directivo.
Las principales críticas a la medida aprobada inicialmente desde el Congreso era la presunta actitud de juez y parte por parte de los representantes de la universidades. Estos estarían involucrados en la definición de lineamientos de la educación que ellos mismo ofrecen. Sin embargo, para Gutiérrez se trata de una apuesta por la autonomía universitaria “para ejercer planes y programas y no ser gobernados por entes del Estado”.
“En todas partes del mundo las universidad se autogobierno. No se está quitando representación del Estado, se está equilibrando. Era necesario un pronunciamiento y se ha hecho dentro de los estándares internacionales”, resaltó el magistrado que votó a favor.
Controversial medida
La vicepresidente del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, se pronunció tras el fallo de la institución que permitirá reconformar el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Semanas atrás, el Congreso de la República presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31520 “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. El recurso sobre esta norma fue presentada por el mismo bloque de legisladores que impulsaron la medida.
Según dicta el marco legal, si cinco de los seis magistrados del TC votaban a favor de la inconstitucionalidad de la ley, esta procedía ser constitucional: la suspensión de esta ley de parte del Poder Judicial, que se dictó poco después de aprobada, se dejaba sin efecto y esta entraba en vigencia.
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La Ley 31520 plantea que cinco de los siete miembros del Consejo Directivo de la Sunedu, antes escogidos mediante un concurso público, sean ahora representantes de las universidades públicas y privadas.
La propuesta es similar a la modalidad anterior que regía en la entidad educativa, donde se cuestionaba dicho modelo debido a que la fiscalización provenía de parte de los fiscalizados.
“En el Tribunal jamás estamos inquiriendo por la intención que tienen los recurrentes, por las personas que presentan cualquier tipo de demanda ante el TC. Si estos señores [del Congreso] que han presentado la acción de inconstitucionalidad, [tenían una] intención, eso no lo podríamos deducir cuando llegó [la demanda] y, aunque lo hubiéramos sabido, estábamos obligados a decidir de acuerdo con la Constitución”, manifestó Pacheco en diálogo con RPP.
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