El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz de José Graña Miró Quesada, exdirectivo de la constructora peruana antes conocida como Graña y Montero, según una resolución emitida el último martes por el juez John Pillaca Valdez.
En el acuerdo, Graña reconoce graves delitos de corrupción y se compromete a entregar “información valiosa” a la Justicia en seis carpetas fiscales, entre las cuales se encuentran el caso “Club de la Construcción” y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.
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Además, de acuerdo con una sentencia, está impedido de contratar con el Estado peruano por cinco años y deberá pagar una reparación civil de aproximadamente S/ 40 millones por los daños causados al país por sus delitos.
Según las cláusulas fijadas en el acuerdo, la cancelación total del pago de reparación civil se realizará dentro del plazo de 60 días después de emitida la sentencia que ha aprobado el acuerdo.
El pago que realizará Graña Miró Quesada será adicional a los S/ 500 millones que abonará la compañía Aenza (antes Graña y Montero), en atención al acuerdo de colaboración eficaz que firmó esta empresa con la Procuraduría ad hoc y el Equipo Especial del Ministerio Público, el cual fue presentado al Poder Judicial en setiembre del año pasado y se encuentra a la espera de su aprobación.
“Una vez efectuado el pago del señor José Graña estaremos ante la reparación civil más alta que se ha cobrado hasta el momento a una persona natural por delitos de corrupción en el Perú”, afirmó la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola.
“Esta colaboración posee una gran relevancia en materia penal porque fortalece las investigaciones en varios procesos importantes, especialmente en tres casos que ya cuentan con acusación fiscal, donde el señor Graña deberá brindar su testimonio próximamente en los juicios orales”, continuó.
En febrero de este año, José y Hernando Graña Acuña, su hermano, suscribieron acuerdos de colaboración eficaz con el Ministerio Público y la procuraduría ad hoc en la investigación del escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
El caso
Perú fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht reconoció que pagó millonarios sobornos a cambio de obtener grandes contratos en obra pública, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.
Por ello están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de prisión, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien está en arresto domiciliario.
También estaba investigado el exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011) hasta que en 2019 se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando la Policía llegó a su casa para detenerlo. Por el mismo caso también están investigadas Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
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