El Gobierno de Dina Boluarte, que en unos días cumplirá apenas un mes en el poder tras la destitución de Pedro Castillo, volverá a enfrentar una nueva ola de protestas en diez regiones del Perú. Los gremios, activistas sociales e instituciones civiles de la macro región sur del país anunciaron un paro indefinido este miércoles 4 de enero exigiendo la renuncia inmediata de la actual jefa de Estado, cierre del Congreso, adelanto de elecciones para el 2023 y la liberación del exmandatario.
Las diez regiones se levantarán en contra de la actual mandataria, entre ellas Cusco, Arequipa, Puno, Ayacucho, Madre de Dios, Moquegua y la cuna de Boluarte, Apurímac.
Ante este nuevo anuncio de radicalización de protestas, huelgas de hambre, toma de carreteras y la amenaza de toma de empresas y saqueos de centros comerciales, diversos ministros viajaron hasta estas regiones para tender puentes de diálogo con los dirigentes, pero muchos les dieron la espalda o encararon a la presidenta Boluarte en sesiones abiertas de estos encuentros y culparon a su actual gobierno de las 28 muertes que dejaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El llamado de Dina Boluarte al diálogo y la paz no ha tenido eco entre las autoridades regionales, mucho menos sus ministros, quienes a pesar de estar en las zonas de posible conflicto social, no lograron reuniones con los dirigentes encargados llevar a cabo esta nueva protesta.
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El ministro del Interior, Víctor Rojas, sostuvo que en esta ocasión, la acción policial no será “de represión sino para proteger la propiedad y el libre tránsito”.
“A pesar de que las protestas sean pacíficas, generan pérdidas para el Estado, (...) con estos ingresos podemos resolver problemas de salud, agua, desagüe, carreteras (...) Los llamo a la reflexión”, dijo.
“Sé que con justa razón reclaman lo que no se ha atendido. Que sus reclamos sociales son justos y no nos negamos a atenderlos. Sentémonos en la mesa y pongamos la agenda con fecha específica y empecemos a trabajar”, agregó Boluarte.
El Perú aún se encuentra en Estado de Emergencia hasta el próximo 14 de enero, por ello el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a las regiones de Sur hace temer que puedan ocasionarse enfrentamientos violentos.
Marchas y 4 suyos
Además de las protestas y huegas anunciados en el sur del país, se prepara una nueva ‘marcha de los cuatro suyos’ que llegue hasta Lima “de no ser atendidos o no recibir una respuesta a nivel central”.
En Puno, trece provincias de esta región ratificaron su participación en el paro indefinido programado para el 4 de enero de 2023.
La huelga se iniciará a las 00:00 horas del miércoles 4 de enero y los dirigentes indican que esta protesta es por “la defensa de la patria y defensa de la democracia”.
El jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, precisó que espera que las protestas se “lleven a cabo en un contexto en que no se afecte la propiedad privada ni pública y se respete la integridad y la vida de los ciudadanos”.
“El primer deber que tenemos nosotros como funcionarios públicos y como Poder Ejecutivo es proteger la vida de los ciudadanos, esa es la obligación que tenemos, y eso, además, está consagrado en nuestra Constitución. Siempre nosotros vamos a actuar en el marco de la Constitución... El respeto al orden público se va a garantizar y el gobierno lo va a hacer, lamentando, por cierto, las sensibles muertes acaecidas en los días pasados que nos duelen como peruanos, ningún compatriota debió morir. Pero también nosotros tenemos que tener un alto sentido de la responsabilidad y seguir tomando decisiones para la protección de la integridad de todos nuestros compatriotas”, dijo Otárola en entrevista a El Comercio.
En tanto, los frentes sociales no han descartado que las protestas incluyan toma de vías y carreteras
Pliego de reclamos
Los dirigentes de la Macro Región Sur acordaron su pliego de reclamos y confirmación de protestas para este 4 de enero. En el documento califican de Congreso ‘golpista’, ‘usurpadora’ Dina Boluarte, a la que exigen “sanción penal por lesa humanidad por los 30 asesinados por su lucha en su derecho a la protesta y cárcel para los asesinos”.
Adelanto de elecciones en el año 2023, la convocatoria a Asamblea Constituyente plurinacional y popular y libertad “de nuestro presidente Pedro Castillo” por la ilegal detención.
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