Sada Goray, la empresaria que aceptó haber pagado sobornos para obtener beneficios, deberá devolver el terreno de 90 hectáreas al Estado. Por este predio pagó USD 18 millones, pero fue revendido por USD 47,6 millones. Ante ello, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) informó que recuperó “a nivel registral” este terreno.
Esto, luego de aceptar que entregó S/4 millones a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. Goray buscaba beneficiarse con las resoluciones de la SBN para que le reconozca de manera ilegal como la propietaria del terreno. Sin embargo, este pertenecía a la Comunidad Campesina de Chilca.
La empresaria calificó el pago como “una extorsión”, debido a que indicaba que Marrufo le insistía para que sea cancelado el monto, el cual habría sido entregado al expresidente Pedro Castillo. Como aspirante a colaborador eficaz, Salatiel Marrufo aceptó haber recibido pagos de manera ilícita para que la exgerenta se beneficie.
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Sin embargo, la Corte Suprema emitió dos casaciones donde se determina que los predios corresponden a la Comunidad Campesina de Chilca, pero no puede haber un cambio administrativo. En este sentido, SBN contrató a la abogada Flor Olivera Orellana, quien es socia de Goray de la Inmobiliaria Nueva Chiclayo, con la finalidad que brinde la opinión de una resolución a favor de la empresaria inmobiliaria.
Estado recupera el terreno
A través de un comunicado, la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la SBN indicó que, el pasado 23 de diciembre, solicitaron la cancelación administrativa. “(...) dispuso la cancelación administrativa de los asientos de rectificación de área e independización en las Partidas Registrales 49059060 y 15062426 del Registro de Predios de Lima, vinculadas al mencionado terreno del Estado”, se lee en la misiva.
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Asimismo, indicaron que continuarán con los trámites de saneamiento físico legal y las acciones ante el Poder Judicial; como también las acciones penales de las autoridades responsables de este hecho.
En este sentido, detallaron que se ha recuperado “a nivel registral” el terreno, el cual se encuentra sustentado en la Resolución Suprema N° 701-72-VI-DB y la Resolución N° 058-2005/SBN-GO-JAR. La última fue ratificada en sentencia judicial.
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