2022, un año más de crisis en Perú

El Perú vivió un 2022 con una crisis política de nunca acabar. Son seis años sin vistas de mejora ni de un diálogo alturado que permita que el país vuelva a encaminarse por la ruta del desarrollo económico, político y social modelo de Latinoamérica. Pedro Castillo duró apenas 17 meses con la banda presidencial y durante todo el tiempo que duró su gobierno se enfrentó a un Congreso derechista que no le dio tregua.

Ejecutivo y Legislativo se preocuparon únicamente por hacer prevalecer su poder por encima de las necesidades de un país que empezaba a salir de la pandemia COVID-19 con 200 mil muertes. Un Perú que tenía la esperanza de resurgir y que sus autoridades atiendan la necesidad de crear más puestos de trabajo, reducir la informalidad, aplacar la crisis económica mundial y, sobre todo, disminuir el alto índice de pobreza.

La crisis institucional e informalidad del Gobierno de Pedro Castillo, que prometió ‘no más pobres en un país rico’, llevó al ahora exmandatario a cometer una serie de errores que le valieron tres mociones de vacancia en su contra y a pesar de haberse salvado de dos, no hubo necesidad de debatir una tercera debido a su ‘autogolpe’ de Estado, el miércoles 7 de diciembre cuando pretendió cerrar el Congreso de la República y tomar el poder sobre el Ministerio Público, Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Pero en estos doce meses el 2022, ante las malas decisiones, evasivas, conflictos de interés y grandes indicios de corrupción en todos los poderes del Estado, los grandes olvidados fueron los peruanos, aquellos que salen día a día a buscar trabajo, que aceptan ofertas donde son explotados al trabajar largas jornadas, de 12 a 15 horas diarias y sin estar en una planilla formal.

A esto se suma la grave situación en la que se encuentran miles de hospitales del sector salud. El poco acceso a planes que beneficien y protejan a niños, madres y adultos mayores de enfermedades letales como el cáncer, diabetes, anemia, TBC, Sida y malnutrición.

Además, los bonos implementados por el Gobierno, alimentario, Wanuchay y Yanapay, además de la reducción del IGV de los alimentos de primera necesidad solo apaciguaron por un momento a los golpeados bolsillos de los peruanos, quienes tuvieron que enfrentarse a una inflación por encima del 8%, la más alta de los últimos 26 años.

El inicio del gobierno de Pedro Castillo no fue el más auspicioso, ya que tan solo en el primer mes, con el nombramiento de Guido Bellido y ministros que no cumplían con el mínimo de requerimientos para ocupar altos cargos en el Estado Peruano, se empezó a vislumbrar que el 2022 no sería ‘color de rosa’ para el maestro de Chota.

Las acusaciones y denuncias por corrupción, organización criminal y repartijas de puestos dentro del gobierno de Castillo fueron ‘pan de cada día’, pero los escuderos del profesor izquierdista, acusaban a la derecha de llevar a cabo una ‘guerra suicia’ en contra del ‘Gobierno del pueblo’, porque no reconocen que fue legítimamente elegido.

A pocos días de cumplir los 500 días y antes de su destitución, Castillo Terrones, tenía al 42% de sus ministros con investigaciones por algún tipo de delito.

En una entrevista con Infobae Perú, la docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, Karla Gaviño, señaló que “un ministro de Estado debería tener experiencia suficiente en las materias que están liderando”, pero al no ser idóneos, los constantes cambios hacen que “el aparato estatal esté paralizado”.

Así como hay una gran cantidad de exautoridades públicas investigadas, hay otras que se encuentran aún prófugos, como el exMTC Juan Silva, quien habría convertido el Ministerio de Transportes en una agencia de empleo para los partidarios de Perú Libre y en el centro de la corrupción de Castillo junto a otros allegados y familiares.

El ministerio de Salud y el de Educación fueron otros de los organismos del Estado que fueron clave para Castilo y Perú Libre. Los ministros que pasaron por estas carteras pusieron en puestos claves a allegados del partido sin tener la experiencia requerida. Incluso, el Fenate empezó a tener más poder y se apoderó del Minedu con Rosendo Serna a la cabeza e intentaron tomar la Derrama Magisterial y los fondos de la misma, pero el Sutep se opuso y logró un habeas corpus que no permitió su intervención.

Los delitos que se cometía en su gobierno obligaron a la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a reabrir la investigación contra el entonces presidente Castillo. Poco a poco la autoridad del Ministerio Público inició ocho investigaciones contra el profesor, por los supuestos delitos de organización criminal, encubrimiento ilegal, corrupción, tráfico de influencias, contra la administración pública, entre otros.

Desde ese momento, la guerra sin cuartel se desató entre el Gobierno y la Fiscalía de la Nación. Pedro Castillo se negaba a responder a las interrogantes, pese a que indicaba que se iba a someter a la justicia para esclarecer los hechos. Los escuderos del presidente, entre ellos Aníbal Torres, calificaban a la fiscal Benavides como mercenaria y cómplice de la derecha para derrocar al gobierno.

Sin embargo, poco a poco aquellos personajes en los que confió Castillo, fueron dejándolo solo y así Bruno Pacheco (exsecretario de presidencia), Bredel Camacho, Karelim López y Salatiel Marrufo, además del jefe de la DINI, confesaron que dentro de Palacio de Gobierno se instaló toda la maquinaria de la corrupción.

Esto provocó que el Congreso de la República presentara una nueva moción de vacancia que no se debatió porque Pedro Castillo decidió dar un autogolpe para tener el control del Congreso y los principales poderes del Estado para no ser investigado por los graves delitos de corrupción que pesaban en su contra.

Pedro Castillo terminó preso y el Perú sigue siendo pobre en un país rico.

El 5 de enero de 2022, el entonces ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunciaba que se inició la tercera ola de contagios por COVID-19. Perú había resistido dos olas con miles de muertes, pero ahora llegaban las variantes delta y ómicron. Además, se informaba que a principios de años, el país superó el récord de contagios en más de 15 regiones.

Sin embargo el titular del Minsa combatió el virus y consiguió muchos logros en su corta gestión que duró hasta principios de febrero como la vacunación de la tercera dosis a más de 8 millones 296,000 peruanos y la vacunación contra el COVID-19 a los niños de 5 a 11 años. Una valla muy alta para el siguiente ministro de Salud, Hernán Condori, que renunció a los dos meses de asumir el cargo por las críticas a su gestión y la censura del Congreso de la República.

Actualmente, en una quinta ola de COVID-19, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, dijo que su sector está trabajando para aumentar la cobertura del esquema regular de vacunación.

El mismo mes que la tercera ola de la COVID-19 acechaba el Perú, Repsol, que administra la refinería La Pampilla, derramó aproximadamente 11 mil 900 barriles de petróleo en el litoral peruano, matando a cientos de animales y dejando sin trabajo a miles de personas. Las playas Cavero, Bahía Blanca y Costa Azul, ubicadas en Ventanilla, fueron las más afectadas.

Los pescadores artesanales dejaron de pescar y tuvieron que dedicarse a otras labores para llevar comida a su hogar. La empresa petrolera repartió vales para comprar víveres, pero no sirvió de mucho porque la mayoría de pescadores vendieron sus tarjetas para recibir dinero en efectivo: había que pagar deudas, gastos médicos y los productos que se habían fiado en los primeros días.

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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en su rol de Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, informó que las especies de la fauna silvestre más perjudicadas con este desastre fueron las aves: solo 132 aves fueron liberadas a su medio natural como resultado del desastre ecológico.

Serfor dispuso que Repsol pague una multa de 1571.39 UIT (S/ 7 228 324) por la muerte de 1852 animales silvestres y poner en riesgo a otros 198.

Aunque la compañía española expresó que había llegado a un acuerdo con 296 pescadores artesanales de distintas asociaciones, lo cierto es que aún hay muchos de estos trabajadores que no han recibido ningún beneficio del Padrón Único de Afectados. Además, los ciudadanos de la zona han pedido mayor fiscalización del Estado que los abandonó a su suerte, así como acuerdos y garantías entre pescadores y la compañía tras la consecuencia del derrame de petróleo.

Hasta noviembre de 2022, según el portal SíseVe, del Ministerio de Educación (Minedu), se reportaron 7.621 casos de bullying escolar en el Perú. Estas cifras fueron difundidas después que una escolar de 12 años, quien cursaba el primer año de secundaria en el colegio Saco Oliveros y era víctima de acoso escolar, cayó desde el cuarto piso de la escuela en Salamanca, Ate. La niña, que se recuperó favorablemente después de varias cirugías, tuvo varias fracturas en la pelvis y comprometió su columna.

En el bullying existe la violencia física, psicológica, verbal y virtual, por lo que es importante reconocer las señales del acoso escolar que se presentan en varias formas como la desmotivación de ir a la escuela, los cambios en el hábito alimenticio y el bajo rendimiento en las notas. Hay que disntinguir estos rastros para ofrecer al menor un soporte necesario.

El Ministerio de Educación tiene una guía de prevención y atención frente al acoso de estudiantes, pero no basta si no se compromete a resguardar la salud mental y física de los alumnos.

El Indecopi también debe cumplir un rol importante porque supervisa que los colegios privados a nivel nacional cumplan con sus obligaciones en la normativa de protección del consumidor y lo dispuesto en la Ley 29719 que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.

Las ollas comunes se esforzaron para resistir el alza de los precios de los alimentos. El presupuesto diario para la compra de alimentos subió de de S/ 50 a de S/ 90 en épocas de COVID, y el precio nunca volvió a bajar por la crisis económica mundial.

El número de familias que dependen de una olla alcanza para 30 a 120 raciones por día. Han resistido gracias a donaciones, un trabajo colectivo —bien lo sabe Abilia Ramos, la representante distrital de ollas comunes de San Juan de Lurigancho— y solidaridad.

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Ahora son apoyadas por más de 60 organizaciones de la sociedad civil como ONGs, universidades, iglesias y entidades internacionales gracias al empuje de la regidora Jessica Huamán y el Frente Municipal contra el Hambre de Lima Metropolitana que fundaron la Mesa de Seguridad Alimentaria.

Esta en la cancha del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que la situación de las ollas comunes mejore. Recientemente el titular de esta cartera, Julio Demartini, se reunió con la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana y el Callao, Fortunata Palomino, y otras representantes para asegurar la atención durante 2023.

También habrá que ver qué hace el nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, desde que asuma su gestión, pues en su candidatura prometió que una de sus primeras acciones será destinar el 10% del presupuesto a las ollas comunes.

Desde 2020, en el inicio de la pandemia COVID-19 en el Perú, más de 20 líderes indígenas y defensores de la Amazonía fueron asesinados por delincuentes involucrados con la minería ilegal, el tráfico de tierras, el narcotráfico y la tala ilegal, denunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

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El Estado peruano es ausente en esa parte del Perú. Los defensores de los bosques se sienten desprotegidos en un ambiente de persecución e inseguridad. La ley no existe: los abogados de estos casos denunciaron que siempre hay retrasos e irregularidades en las investigaciones.

En junio pasado, un grupo de indígenas peruanos llegaron a Lima y realizaron un plantón para pedirle al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) que las autoridades los protejan. En 2023 esperan que sus voces sean escuchadas.

En mayo de 2022, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de Unicef advirtió que Perú está viviendo una crisis educativa debido que el país se demoró en abrir los colegios; y los niños, niñas y adolescentes registraron una pérdida de aprendizajes que el Banco Mundial estima en un retroceso equivalente a 10 años.

Unicef propuso que la inversión en educación sea alto, uniéndose el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía, y que exista una participación más activa del sector privado. Sin embargo, esto está lejos de ocurrir, sea por la influencia de la organización ultraconservadora ‘Con mis hijos no te metas’, por la desidia de las autoridades y por los partidos políticos de izquierda y derecha que solo ven sus beneficios.

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A esto se suma que la educación en las regiones rurales del Perú, que cuenta con un gran porcentaje de ambientes reducidos, y posee recursos básicos como el limitado acceso a la Internet o un profesor unidocente que enseña varias materias.

La idea de Unicef es una salida a esta crisis, así como asignar una mayor parte del presupuesto del Estado a la educación y orientar a los profesores, que tengan la vocación del magisterio, a guiarlos con materiales didácticos; y las escuelas también se deben involucrar para que puedan solicitar lo que necesitan.

Invisibilizados, asesinados y con sus principales derechos negados en Perú, aún así la comunidad LGBT+ resiste en una sociedad conservadora con su Marcha del Orgullo, que en junio pasado fue uno de los más multitudinarios de su historia.

El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), una de las primeras organizaciones LGBT+ en crearse en el país, busca que la comunidad sea tratada como iguales —como dijo el historiador queer Giancarlo Mori en una entrevista con Infobae.

Perú no cuenta con una ley de matrimonio igualitario ni de identidad de género; y si alguien de la comunidad LGBT+ quiere cambiar su nombre tiene que pasar por un proceso desagradable con comentarios homofóbicas por parte de las autoridades estatales, tal como denunció la activista trans Gianna Camacho.

El nuevo alcalde de Lima desde el 1 de enero de 2023, el ultraconservador Rafael López Aliaga, tiene posturas en contra de las personas LGTB+. No se sabe si habrá Marcha del Orgullo en Lima, ni qué sucederá con el poco avance que se han hecho con las ordenanzas municipales a favor de esta comunidad.

La turbulencia política en el país han puesto a prueba el llamado ‘milagro peruano’ de la economía este año. Mientras que el caótico gobierno de Pedro Castillo mostraba cierta sensatez en el perfil técnico del MEF (Pedro Francke, Óscar Graham, y luego Kurt Burneo), los factores internacionales echaban por tierra todos los esfuerzos de estabilidad.

A principios del 2022, la invasión de Rusia a Ucrania generó el alza del precio de los combustibles, lo que generó un incremento de la inflación local. A partir de julio, el conflicto geopolítico alcanzó a los precios de los alimentos, por la afectación a las exportaciones mundiales de trigo y maíz, según precisa Paola Herrera, economista senior del IPE.

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La falta de abono también golpeó la producción de uno de los principales motores de la economía peruana: la agricultura. Los fallidos intentos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por comprar urea no dieron frutos.

Respecto a la minería, la Cámara de Comercio de Lima señaló que el sector minería e hidrocarburos registraría al cierre del 2022 un crecimiento de 3,9% en relación con el año 2021, aunque una variación negativa de 3,4% respecto al 2019. Los conflictos sociales en las zonas de influencia también fueron un detonante en varios casos.

Otros factores externos que influyeron en la situación económica del Perú son las restricciones por COVID en China, y el aumento agresivo de la lasa de interés de la FED de Estados Unidos.

En tanto, los precios al consumidor (IPC) subieron un 0,45 % en octubre, debido al incremento de ciertos grupos de consumo, mientras que la inflación acumulada en lo que va de 2022 llegó al 7,37%.

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Este año la economía peruana crecerá 2,7% en el 2022. Recordemos que hasta 2018, el PBI crecía hasta 4% anual, en el 2019 hubo una caída (2,2%) y la pandemia en el 2020 llevó las cifras a un histórico negativo (-11%). El rebote en el 2021 llegó con un 13,6% y para este año el MEF esperaba crecer por encima de 3%, pero no se alcanzó.

En el plano local, las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo fueron escalando durante todo el año, y llegaron a su pico máximo con la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre. Este ambiente de constante crisis política generó un deterioro para el clima de negocios e inversiones.

Esta situación se vio reflejada en las calificadoras de riesgo como S&P Global Ratings, que afirmó la calificación de Perú en BBB y a la vez que rebajó su perspectiva de deuda de estable a negativa la semana pasada.

En el mismo sentido, Fitch Ratings pasó a Perú de estable a negativo, manteniendo la calificación BBB. Mientras que en setiembre pasado, Moody’s Investors Service rebajó la calificación del país desde A3 a Baa1, debido a “un entorno político continuamente polarizado y fracturado ha aumentado el riesgo político”.

En cuanto al precio del dólar, según Bloomberg Línea, hubo entre enero y marzo se notó un descenso de costo de la moneda verde luego de que se disparara en el último trimestre del 2021. El 31 de marzo llegó a su pico más bajo en el 2022: S/ 3,635. Para abril alcanzó los S/ 3,85 y para el 11 de julio se volvía acercar a los cuatro soles.

Para octubre alcanzaría el máximo histórico con S/ 4,06 para a partir de noviembre alcanzar cierta estabilidad. Al día de hoy se ubica en S/ 3,83 por dólar.

Estos son algunos hechos que marcaron la agenda económica

25 de enero: Perú recibe la invitación oficial por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para iniciar el proceso de adhesión.

7 de abril: El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que exonerar de IGV a alimentos de primera necesidad, lo que en un principio generó polémica por incluirse insumos como faisán y lomo fino.

4 de mayo: En Apurímac, en la minera Las Bambas, nueve mil trabajadores marcharon frente al Congreso para pedir que se solucione la paralización de actividades.

5 de junio: El Ejecutivo creó una comisión de alto nivel para ofrecer soluciones y así enfrentar la crisis de seguridad alimentaria y agricultura familiar.

8 de junio: En Caravelí, Arequipa, enfrentamientos entre mineros artesanales dejaron como saldo 14 muertos

26 de junio: Jorge López, el entonces ministro de Salud, confirmó el inicio de la cuarta ola de contagios de COVID-19 en Perú. No se dictaron mayores restricciones. Recordemos que a inicios de año se reportó una tercera ola, por lo que se dictó un toque de queda.

2 de diciembre: La ministra de Salud, Kelly Portalatino, anunció que el país se encontraba en la quinta ola del COVID-19 ante al incremento de casos de hospitalizados y fallecidos.

10 de diciembre: Dina Boluarte, presidenta que reemplaza al vacado Pedro Castillo, nombró a su primer gabinete. Como ministro de Economía y Finanzas asumió Alex Contreras, un perfil técnico que venía desempeñándose como viceministro de la cartera desde agosto del 2021.

12 de diciembre: Ante las protestas en el país que exigen el cierre del Congreso, el gobierno dictó estado de emergencia, y toque de queda en algunas provincias. Según el ministro Contreras, hay un impacto diario estimado de lo que cuestan las manifestaciones “que está entre 60 millones y 100 millones de soles”.

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