El primer ministro Alberto Otárola se pronunció sobre las próximas manifestaciones que enfrentaría el Ejecutivo, liderado por la presidente Dina Boluarte, tras la salida de Pedro Castillo del Gobierno.
El exmandatario perpetró un autogolpe de Estado, que no fue respaldado por la Policía Nacional del Perú (PNP) ni las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el pasado miércoles siete de diciembre. Las manifestaciones iniciaron en la referida fecha en diversas regiones del país y se mantuvieron por varias semanas, suspendiéndose algunos días por las festividades de fin de año.
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“Yo creo que la etapa más dura ha pasado, el Perú ha estado al borde de un abismo institucional. Esta actitud concertada y azuzada por intereses oscuros que provienen de sectores golpistas y autoritarios, pero también del narcotráfico y de la minería ilegal, tenía como objetivo común acabar con el sistema democrático y con nuestro modelo político”, manifestó el premier en diálogo con El Comercio.
El titular del Gabinete Ministerial, antes ministro de Defensa del mismo equipo técnico, explicó que estos grupos violentistas demostraron su talante poco democrático con las acciones que realizaron en las últimas semanas.
“Han pretendido la toma simultánea de cinco aeropuertos, el bloqueo masivo de vías de acceso a las ciudades y la destrucción de locales [públicos], especialmente los de la fiscalía y el Poder Judicial, donde se investigan los delitos más graves en el país”, agregó.
En otro momento, Otárola Peñaranda destacó que las protestas ciudadanas son un derecho fundamental, sin embargo, manifestó esperar que las próximas “se lleven a cabo en un contexto donde no se afecte la propiedad privada ni pública y se respete la integridad y la vida” de las personas.
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“El primer deber que tenemos nosotros como funcionarios públicos y como Poder Ejecutivo es proteger la vida de los ciudadanos, esa es la obligación que tenemos, y eso, además, está consagrado en nuestra Constitución. Siempre vamos a actuar en el marco de ella. Este documento para el Perú es uno de paz y de unión para los peruanos y hay que respetarlo. Las reformas que se tengan que hacer serán a través del Congreso”, señaló.
Mientras tanto, regiones como Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, entre otros, anunciaron que retomarían las movilizaciones sociales el cuatro de enero del 2023. Frente a ello, Otárola aseguró que “el respeto al orden público se va a garantizar”.
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El funcionario también lamentó el fallecimiento de por lo menos treinta personas en todo el territorio nacional, las mismas que ya son objeto de investigación, en medio de la ola de violencia en la que se sumió el país.
“El gobierno lo va a hacer, lamentando, por cierto, las sensibles muertes acaecidas en los días pasados que nos duelen como peruanos. Ningún compatriota debió morir. Pero también nosotros tenemos que tener un alto sentido de la responsabilidad y seguir tomando decisiones para la protección de la integridad de todos nuestros compatriotas”, indicó.
Sobre el Estado de Emergencia en todo el país, medida que fue cuestionada por bancadas como Cambio Democrático-Juntos por el Perú, el premier indicó que existen videos donde hubo “agresiones de un lado y del otro”. Además, resaltó que se iniciaron investigaciones en contra de quienes resulten responsables de un presunto abuso excesivo de fuerza.
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