Lo bueno, lo malo y los escándalos del 2022 del Congreso que priorizó las disputas con el Gobierno de Pedro Castillo

La labor parlamentaria en el 2022 se ha visto enmarcada en una serie de enfrentamientos con el Ejecutivo que van desde mociones de interpelación a ministros, censura y hasta la destitución de Pedro Castillo. A ello se suma presuntos actos de corrupción cometidos por parte de algunos legisladores, condenas y hasta la grave acusación de violación sexual dentro de las instalaciones del Congreso, además de polémicas leyes aprobadas que desvirtúan la verdadera labor parlamentaria.

En los primeros días del 2022, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la tercera ola de contagios de la COVID – 19. En el Congreso de la República, se priorizó el trabajo remoto, sin embargo, un grupo de trabajadores acudía presencialmente. El oficial mayor, Hugo Rovira, confirmó el contagio de más de 130 personas entre trabajadores y parlamentarios. Las actividades de los legisladores se vieron suspendidas ya que debían cumplir con los días de aislamiento correspondientes.

El 13 de enero, en sesión del Pleno, se aprobó con 76 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones el texto sustitutorio de los proyectos de ley 149 y 184 que plantean establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio público de funcionarios públicos de libre designación y remoción, y personal de confianza.

El 22 de enero, el Congreso ratificó y aprobó por mayoría el dictamen que establece que toda reforma constitucional, por iniciativa ciudadana, deberá contar con la aprobación del Parlamento para que sea sometida a referéndum. Esta iniciativa había sido observada por el Ejecutivo, pero en el Parlamento decidieron promulgarla por insistencia.

En el mes de enero se conformó una nueva bancada parlamentaria “Perú Democrático”, integrada por los legisladores Héctor Valer, Guillermo Bermejo, Carlos Zeballos, Hamlet Echeverría, Luis Kamiche, Esmeralda Limachi y Betssy Chávez que ante pertenecieron a Renovación Popular, Acción Popular y Perú Libre. Posteriormente Héctor Valer y Carlos Zeballos renunciaron a la bancada.

En el segundo mes del año, el Congreso de la República inició un largo debate en torno a la reforma universitaria. El Pleno aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que restablece la “autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. Esta iniciativa trajo consigo más opiniones en contra que a favor ya que debilitaría a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), e incluso, se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional el cual hasta el momento no ha sido resuelto.

Un reportaje del semanario Hildebrandt en sus Trece dio cuenta de una reunión en la que participaron la entonces titular del Parlamento, María del Carmen Alva y un grupo de congresistas de oposición en la que estarían afinando una estrategia con el fin de vacar a Pedro Castillo. Por este informe periodístico, se presentó una moción de censura en contra de Alva pero no llegó a buen puerto y continuó al frente de la Mesa Directiva hasta julio del 2022.

Por su parte, en la Comisión de Justicia se aprobó un polémico proyecto de ‘ley mordaza’ que planteó la posibilidad que los periodistas que divulguen testimonios de colaboradores eficaces en investigaciones fiscales puedan ser condenados con pena privativa de la libertad. Este hecho causó la indignación de los gremios periodísticos.

El gobierno de Pedro Castillo estuvo involucrado en presuntos actos de corrupción a poco tiempo de iniciar su mandato. Pero esta situación también salpicó al Parlamento, al conocerse la declaración de la empresaria y colaboradora eficaz del Ministerio Público, Karelim López, quien reveló la existencia de un presunto grupo de parlamentarios de Acción Popular denominado “Los Niños” y que estarían involucrados en actos de corrupción cometidos al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Se trataría de los legisladores Ilich Fredy López Ureña, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celi y Raúl Felipe Doroteo Carbajo.

En el mes de marzo, se presentó la segunda moción de vacancia presidencial la cual fue debatida el 28 de marzo en medio de incidentes y con la presencia de Pedro Castillo haciendo uso de su derecho a la defensa. La causal de esta medida presentada por bancadas de oposición fue por incapacidad moral. Durante el debate, se suspendió la sesión debido a que la congresista Vivian Olivos mostró una pancarta con la frase #VacanciaYa. Finalmente, este pedido no tuvo la votación requerida para ser aprobada.

El cuarto gabinete de Pedro Castillo, liderado por Aníbal Torres acudió a la sesión del Pleno para solicitar el voto de confianza. Pese a que algunas bancadas expresaron que no tenía claro cuál sería su posición, luego de casi 10 horas de debate, el Congreso otorgó el voto de confianza durante la madrugada del 9 de marzo.

El 31 de marzo, el Pleno del Congreso decidió censurar al entonces ministro de Salud, Hernán Condori por su presunta falta de idoneidad y capacidad para ejercer el cargo. Condori fue cuestionado por sus prácticas como médico al promocionar un producto al que atribuyó propiedades beneficiosas para la salud sin sustento científico.

Por su parte, la comisión especial del concurso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional continuó con cronograma establecido y dio inicio a la ronda de entrevistas a los candidatos, además de pruebas psicométricas y psicológicas.

La congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez fue blanco de críticas a raíz de un video de TikTok en el que aparece bailando en la sala José Carlos Mariátegui del Palacio Legislativo. Las críticas estaban orientadas a que el Congreso no es un lugar para grabar ese tipo de contenido.

El 7 de abril, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el texto sustitutorio que establece la ley que regula la tenencia compartida de los niños y adolescentes. Esta iniciativa ha generado diversas opiniones y cuestionamientos debido a que se elimina la disposición que señalaba que un menor de hasta tres años debe permanecer bajo el cuidado de la madre.

A causa de la crisis económica generada a raíz de la pandemia por la COVID-19, desde el 2020 se han dictando una serie de medidas para facilitar el acceso a dinero en efectivo a los ciudadanos. El 12 de abril, la comisión de Economía del Congreso aprobó el retiro de hasta S/ 18.400 (4 UIT) de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Este sexto retiró excepcional finalmente fue aprobado en el Pleno en el mes de mayo.

Además, en la comisión de Trabajo se aprobó la iniciativa que dispone el uso libre de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre del 2023. También se aprobó por insistencia la autógrafa de ley, observada por el Ejecutivo, que garantiza la devolución del Fonavi.

El Pleno aprobó el proyecto de ley que dispone la exoneración del impuesto general a las ventas (IGV) a los alimentos de primera necesidad, como el pollo, huevos, leche, harina de trigo, fideos, azúcar y productos cárnicos. La iniciativa original propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas causó polémica debido a que se “generalizó” el beneficio a aves de corral (como el faisán), huevo, pastas (como los ravioles), harina de trigo y carne de cerdo y res (como el lomo fino), productos no considerados dentro de la canasta básica familiar.

El 28 de abril, al cumplirse 25 años de la exitosa operación Chavín de Huántar, el Congreso de la República reconoció a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que enfrentaron al terrorismo.

El décimo mes del gobierno de Pedro Castillo estuvo cargado por varios sucesos políticos. El 4 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación proyectos que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, mediante la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Dos días después, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso mandó al archivo la propuesta que días atrás había lanzado el hoy detenido expresidente durante un Consejo de Ministros Descentralizado en el Cusco para instalar una Asamblea Constituyente que busque redactar una nueva Carta Magna. Con 11 votos a favor y 6 en contra se desestimó la propuesta.

Luego, el 10 de mayo, la bancada de Perú Libre sufrió su segunda ola de renuncias tras la votación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En este caso, 10 legisladores que representan a la Fenate - Perú se alejaron para formar el llamado Bloque Magisterial. Entre sus más notorios líderes estaban Alex Paredes y Edgar Tello.

El 12 de mayo, el jurista Aníbal Torres fue sometido a una interpelación sobre las muertes en las protestas sociales y el cuestionado toque de queda que se dispuso en Lima y Callao el 5 de abril. Pese a la que la sesión estuvo caracterizada por la actitud agresiva del entonces premier para que lo censuren, finalmente no pasó nada y siguió en su cargo.

Esa misma fecha también fueron interpelados los entonces ministros Alfonso Chávarry (Interior) y Betssy Chávez (Trabajo). Contra esta última, se le cuestionó que permitió la huelga de los controladores aéreos en plena Semana Santa que ocasionó millones de pérdidas para el sector turismo. Esa situación desencadenaría en su censura al final de este citado mes por 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones.

Además, la relación entre la prensa y María del Carmen Alva llegó a su punto más álgido porque no se permitía ingresar a Pasos Perdidos para cubrir las sesiones de las comisiones y el Pleno pese a la flexibilización de las normas sanitarias.

El 13 de mayo, el empresario Zamir Villaverde ratificó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría sus acusaciones contra el expresidente Castillo, a quien acusó también de haber ganado con fraude las elecciones generales de 2021. Incluso, llegó a mencionar que a Vladimir Meza Villarreal, exalcalde de Huaraz, como el responsable de este operativo. Dijo que mostraría pruebas, pero hasta ahora no se conoce nada.

El 23 de mayo, el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, activó la investigación por el caso Puente Tarata III contra el expresidente Pedro Castillo e incluyó a los congresistas de Acción Popular, Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancashi, Juan Carlos Mori e Ilich López, quienes serían bautizados como ‘Los Niños’ de Acción Popular.

A mitad del mes, la encuestadora Ipsos Perú reveló que el 80% del país rechazaba la gestión del Congreso que cerró con el blindaje al excontralor Edgar Alarcón de una inhabilitación de 10 años para tener algún puesto público.

Finalmente, el parlamentario Wilson Soto (Acción Popular) difundió el informe que recomendaba denunciar por traición a la patria al expresidente Castillo por declarar, en una entrevista con CNN en Español en enero, su intención de ofrecer una salida al mar para Bolivia. El documento fue derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

A pesar de la evidente imagen negativa ante la ciudadanía, a los congresistas no les importó empezar este mes con rechazar inhabilitaciones a cuestionados personajes como el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien fue blindado de una sanción por 10 años para ejercer la función pública. Lo mismo ocurrió con el exfiscal Tomás Aladino Gálvez.

El 9 de junio, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó su informe final sobre los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas de noviembre de 2020 que excluía de toda responsabilidad política a Manuel Merino.

El documento fue aprobado en la SAC, para luego pasar al Pleno donde finalmente se rechazó cualquier sanción para el exlegislador de Acción Popular que llegó al poder tras la vacancia de Martín Vizcarra.

En paralelo, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que establecía cambios a 50 artículos de la Carta Magna entre las que se incluía restituir el modelo bicameral al Congreso.

El 17 de junio fue interpelado el entonces ministro del Interior, Dimitri Senmache, por la fuga de Juan Silva ante una inminente orden de detención por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional. El funcionario evitó aceptar su responsabilidad política y, en consecuencia, días después fue censurado por la representación nacional.

En esa misma fecha también se dispuso la creación de una nueva comisión para la elección del defensor del Pueblo que, hasta el momento, tiene a su cargo Eliana Revollar.

El 30 de junio, la Comisión de Fiscalización aprueba el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por los casos Sarratea, Puente Tarata III y las presuntas irregularidades en los ascensos en las FF. AA. así como las inferencias ante el jefe de la Sunat, Luis Vera.

Los exministros Walter Ayala (Defensa), Juan Carrasco (Interior), Juan Silva (Transportes), así como Bruno Pacheco, Karelim López, Zamir Villaverde, Fray Vásquez, Gian Marco Castillo, y los seis congresistas de Acción Popular al que se les ha denominado “Los Niños”, también fueron incluidos en el documento final.

La entonces titular del Parlamento, María del Carmen Alva, decide ampliar la legislatura hasta el 15 de julio con el fin el paquete de reformas de la Comisión de Constitución y los informes finales de la Comisión de Fiscalización.

El 7 de julio comenzó el debate sobre los dictamen que propone el restablecimiento de la bicameralidad, así como que se podría acusar a los representantes de las autoridades electorales como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales con el fin de destituirlos.

Siete días después, el exministro del Interior, Mariano González, se presentó ante el Pleno para responder por las acciones que realizó su despacho ante el secuestro de los periodistas del programa Cuarto Poder en Cajamarca a donde llegaron para buscar más información sobre el caso de Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Castillo, quien fue captada ofreciendo obras en la provincia de Chadín (Cajamarca).

El 15 de julio se aprobó el retorno de la bicameralidad con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, al no haber superado los dos tercios del número legal de parlamentarios, la reforma constitucional debe ser ratificada vía referéndum.

Esa misma fecha también se aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Castillo por los casos Sarratea, Puente Tarata III y las presuntas irregularidades en los ascensos en las FF. AA. así como las inferencias ante el jefe de la Sunat, Luis Vera.

De igual manera, la representación nacional dio el visto bueno a un proyecto de ley que determina que el personal de salud en condición de suplencia a plazo fijo bajo el régimen del D.L. 728 de EsSalud, que mantenga vínculo laboral por dos años continuos o tres discontinuos y haya ingresado a la entidad mediante concurso público, pasa a contrato a plazo indeterminado en el mismo régimen.

Comienza las elecciones para renovar la Mesa Directiva del Congreso. Lady Camones (Alianza para el Progreso) se inscribe como candidata al cargo acompañada de María Elena Moyano (Fuerza Popular), Digna Calle (Podemos) y Wilmar Elera (Somos Perú). Luego, sería elegida titular de este poder del Estado al vencer a Esdras Medina (Renovación Popular) en una segunda vuelta el 26 de julio.

Ese día Freddy Díaz, legislador de su bancada, fue denunciado por una trabajadora de su despacho de haberla ultrajado sexualmente. Este hecho causó el rechazo de varios de su colega y de APP que lo expulsó de inmediato.

Al día siguiente, Camones declara la instalación de la legislatura del periodo de sesiones 2022-2023 y convoca a la sesión solemne del 28 de julio por el mensaje del entonces expresidente Pedro Castillo. Ese día terminó siendo muy accidentado porque legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País llamaron “corrupto” y se retiraron de la sala en protesta contra el profesor que daba un balance de su primer año en el Ejecutivo.

A partir de aquí, la relación entre el Congreso y Pedro Castillo se volvió más tensa. Así, el 1 de agosto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales escucha los argumentos de los abogados que denunciaron al expresidente por el presunto delito de traición a la patria.

Al día siguiente se dio un remezón en la Mesa Directiva con la renuncia de Wilmar Elera a la tercera vicepresidencia luego de haber realizado comentarios que apuntaban a justificar la presunta violación sexual que había cometido su colega Fredy Díaz. Además, el Poder Judicial lo sentenció a 6 años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada.

Desde aquel entonces, Elera es prófugo de la justicia.

El 4 de agosto, el Pleno decidió con 42 votos a favor, 67 en contra y 5 abstenciones no autorizar el permiso para que el entonces jefe de Estado viaje a Colombia para la asunción de mando del presidente Gustavo Petro. Además, se convoca al proceso para la elección del tercer vicepresidente tras la salida de Elera.

El 11 de agosto se define que Alejandro Muñante (Renovación Popular) sea quien ocupe la tercera vicepresidencia del Parlamento. Un día después, el entonces premier Aníbal Torres brindó unas polémicas declaraciones contra este poder del Estado en Palacio de Gobierno.

Incluso, Torres retó a la representación nacional a que lo censuren si era necesario porque no le permitieron a Castillo viajar a Colombia. El 18 de agosto, el jefe de la PCM se presentó y brindó respuestas muy vagas sobre sus incendiarias expresiones.

“Era importante tenerlo, porque no eran leves sus declaraciones. Necesitábamos tener una respuesta clara y concisa sobre los motivos que lo impulsaron a hacerlas en Palacio de Gobierno y frente al presidente de la República”, dijo Lady Camones, titular del Parlamento, a Canal N.

Tras días de guerra dentro de su propia bancada, María del Carmen Alva logró ser elegida como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Consiguió el respaldo de otras bancadas como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular.

El 25 de agosto, Lady Camones promulgó la ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de teniente de la sanidad Policía Nacional del Perú en los años 1994,1995 y 1996.

Un mes que inició bastante agitado para el Congreso de la República. La difusión de un audio entre César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP) y entonces candidato a gobernador de La Libertad, y la congresista de su partido Lady Camones, quien por esos días era la presidenta del Parlamento, causó un sismo en el Poder Legislativo.

En el audio de la conversación, de la que también fueron parte otros legisladores y asesores de la bancada, se escuchó a Acuña pedirle a Camones acelerar la aprobación de un proyecto de ley para crear un distrito en Trujillo, en la región donde postulaba, señalándole que iba a “favorecerlo” en sus aspiraciones políticas.

La revelación del audio terminó por sacar de la presidencia del Congreso a Camones, quien llevaba menos de dos meses en el cargo. El 05 de setiembre, ese poder del Estado la censuró con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones.

Camones tomó la decisión de pedir licencia a su militancia en APP, pero no sin antes conocer la renuncia de su colega de bancada Roberto Chiabra por “razones de conciencia”. La situación escaló dentro del partido de Acuña, pues también salió expulsada la legisladora apepista Heidy Juárez, acusada de ser la “topo del gobierno” que filtró el audio.

En medio de la resaca por la vacancia de Camones, el 06 de setiembre, la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, sustentó ante la Comisión de Constitución su proyecto de ley de adelanto de elecciones generales. Días después, su colega parlamentaria Susel Paredes plantearía un proyecto similar.

El 07 de septiembre, el Pleno del Congreso suspendió por 120 días al legislador Freddy Díaz, después de un mes que fuera denunciado por violación sexual por una trabajadora de su despacho. El escándalo y la indignación se hicieron mayores, al conocer por Lizeth Garrido, abogada de Díaz, que el 26 de julio, fecha en que habría ocurrido la violación contra la trabajadora, otros nueve congresistas de la bancada de APP consumieron alcohol en las instalaciones del Parlamento.

La denunciante afirmó que, tras ser parte una celebración por la asunción de Camones como presidenta del Congreso, y tomar un vaso de wisqui en el despacho de Díaz, terminó perdiendo el conocimiento. Despertó a las cuatro de la mañana del día siguiente en posición “boca abajo” en el sillón de la oficina y “sin su ropa interior”.

Luego de la censura de Camones por los audios con Acuña, quedó pendiente elegir a su reemplazo. Tras idas y venidas entre las bancadas para ponerse de acuerdo, el 12 de setiembre, el legislador de Avanza País, José Williams, ganó la elección vinculada a la Mesa Directiva y se determinó que asuma la presidencia del Congreso.

Era ya la quincena de setiembre y Geiner Alvarado, entonces titular de Transportes y Comunicaciones, se convirtió en el quinto ministro censurado del gobierno de Pedro Castillo. El Pleno del Congreso aceptó la moción por 94 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones. Los cuestionamientos a Alvarado estuvieron basados en la tesis de la Fiscalía, que le imputó ser “operador” de una organización criminal supuestamente liderada por el presidente Castillo.

El 23 de septiembre, el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, se salvó de correr la misma suerte que Alvarado. El Pleno del Congreso no obtuvo los votos suficientes para aprobar su censura. Se requerían 66 para obligarlo a renunciar. El apoyo de Acción Popular, bancada señalada por tener entre sus filas a ‘Los Niños’, y Podemos Perú inclinaron la balanza a favor de Huerta.

Durante octubre hubo menos giros y reveses políticos. Solo cuatro hechos concitaron la atención por su trascendencia. Uno de ellos ocurrió el 06 de octubre, cuando el Pleno del Congreso negó el permiso al entonces presidente Castillo para realizar un viaje a Europa, que incluía una reunión con el papa Francisco en el Vaticano.

El 09 de octubre se conoció que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso que los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos de Acción Popular, sean investigados por el delito de organización criminal.

Los seis, tras declaraciones de Karelim López, fueron señalados como miembros de ‘Los Niños’, grupo que se sospecha obedecía y pactaba con Pedro Castillo. A los días, por declaraciones de César Nakazaki, abogado de López, se conocería que ‘Los Niños’ serían doce o más y no solo seis.

Uno de los hechos más trascendentes del mes fue la denuncia constitucional que formuló la fiscal Benavides contra el ahora expresidente Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En el documento de 375 páginas, que presentó ante el Congreso, incluyó a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).

Pero sin duda el hecho de mayor importancia ocurrió el 17 de octubre, cuando el congresista no agrupado Edward Málaga inició el proceso para recolectar las firmas a fin de presentar la tercera moción de vacancia contra Castillo. Esta sería la que terminaría por sacar de Palacio al mandatario.

Noviembre se marcó como el inicio de la caída de Pedro Castillo. La crisis política llegó a su punto más álgido y la relación entre Ejecutivo y Legislativo se tornó casi insoportable. El 11 de noviembre se conoció que el gobierno de Castillo iba a insistir en plantear cuestión de confianza ante el Congreso, a pesar que allí consideraban que la solicitud era “improcedente”.

El entonces premier Aníbal Torres envió un oficio al titular del Legislativo, José Williams, para reiterarle su solicitud de presentarse ante el pleno y hacer este pedido. Luego quedaría más claro que la intención del gobierno era poner en jaque al gobierno, al quemar la llamada “bala de plata”. Según la Constitución, si el Parlamento deniega dos cuestiones de confianza el presidente de la república queda en potestad de disolverlo.

El 16 de noviembre, el Congreso inició formalmente el trámite de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la nación contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La situación legal y política de este empeoró.

Con casi todo en contra, Castillo tendría la tercera semana de noviembre una de sus pocas victorias jurídicas. El Tribunal Constitucional (TC) le ordenó al Congreso anular el proceso que se seguía en su contra por presunta traición a la patria, a causa de unas declaraciones a la cadena CNN en Español sobre el territorio marítimo peruano.

El 26 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó autorizar a su presidente, José Williams, presentar ante el TC una demanda competencial y una medida cautelar contra el Ejecutivo por interpretar que el Parlamento le había negado la confianza planteada por Torres.

Como respuesta, el parlamentario Edward Málaga presentó oficialmente el 29 de este mes la tercera moción de vacancia contra Castillo, con el respaldo de 67 congresistas. Tras esto, la crispación política terminó por las nubes al cerrar noviembre.

El último mes del año arrancó con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, al admitir la demanda competencial planteada por el Congreso en contra del Ejecutivo por su interpretación del resultado de la cuestión de confianza. Además, le concedió una medida cautelar para suspender toda acción del gobierno, incluida la posibilidad de una disolución del Parlamento.

El 05 de diciembre, a dos días para la votación de la moción de vacancia y el inesperado golpe de Estado fallido de Castillo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó archivar la denuncia constitucional que pesaba sobre la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

De haber sido aprobada, la ahora jefa de Estado habría quedado más cerca de ser inhabilitada de ejercer cualquier cargo público por 10 años y, por consiguiente, hubiera complicado su asunción como presidenta de la república.

Con la banda presidencial puesta y Castillo apresada por su fallido golpe de Estado, ese mismo 07 de diciembre, Boluarte pidió al Congreso una tregua en su presentación en la sede parlamentaria.

El 11 de diciembre, en medio de las muertes ocurridas en las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte y a favor del cierre del Congreso, el congresista del Bloque Magisterial, Pasión Dávila, protagonizó un bochornoso incidente. Cruzó todo el hemiciclo, mientras se discutía la situación legal del expresidente Castillo, y le propinó un puñetazo a su colega no agrupado, Juan Burgos. Este último corrió detrás de él para regresarle la agresión, pero fue impedido por el legislador Américo Gonza, quien lo sujetó de los brazos.

Mientras el número de fallecidos por las protestas iba en aumento, el Pleno del Congreso decidió el 16 de diciembre no aprobar el proyecto de adelanto de elecciones generales a diciembre del 2023. La decisión originó más crispación en las calles, por lo que el 20 de diciembre el Legislativo aceptó la reconsideración a la votación.

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