El congresista de la bancada Avanza País, Diego Bazán en una entrevista con Radio Programas del Perú, habló sobre lo que fue la sustentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del informe que solicita que el expresidente de la República, Pedro Castillo, sea denunciado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
En tres momentos, Bazán Calderón puntualiza cuáles son los escenarios por los que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicita al Congreso de la República que se pueda levantar la inmunidad que gozan autoridades para que no puedan ser investigados durante el ejercicio de sus funciones e incluso 5 años después de haber sido removidos de ellas.
“Lo que hemos hecho es evaluar el informe final, hemos analizado 3 casos de manera puntual, el caso de Petroperú que involucra el nombramiento de manera inicial como miembro del directorio y luego como gerente al señor Hugo Chávez para que, éste, a su vez, pueda copar los cargos en Petroperú y aparentemente direccionar la compra de biodiesel dirigida a la empresa del señor Samir Abudayeh”, detalla el legislador.
“El segundo caso, el ministerio de Vivienda, dirigido por el señor Geiner Alvarado, quien, a través del copamiento de cargos y de altos funcionarios del ministerio para el caso de Provias Descentralizado en específico se habría direccionado la obra que finalmente ganaría el consorcio Puente Tarata III”, complementó.
Por último el tercer caso responde nuevamente al ministerio de Vivienda liderado en aquel entonces por Geiner Alvarado, quien a través de un decreto de urgencia redireccionó proyectos que presuntamente beneficiaría a algunas municipalidades con la inclusión de familiares cercano del expresidente Pedro Castillo.
Además, el legislador estimó la cantidad de tiempo que el exmandatario podría permanecer tras las rejas por la presunta comisión de estos delitos.
“De determinarse responsabilidad y dado los elementos de convicción que existen al haber analizado todo el caso más de 700 páginas del informe elevado por la fiscal, yo considero que le correspondería en algún momento no menos de 25 años de cárcel por haber estado inmerso en el delito de organización criminal que es un delito bastante grave”, refirió el parlamentario de Avanza País.
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En otro momento, el congresista mencionó que presentará una denuncia constitucional contra los congresistas que azuzaron a que la población se levante y acuda a las protestas tras haberse dado la asunción de Dina Boluarte como presidenta constitucional de la República.
“La denuncia ya está lista, como soy miembro de la SAC de hecho tengo un impedimento para poder presentar la mismas, pero la estamos coordinando con otros colegas, se tiene que defender el fuero parlamentario, se tiene que defender los intereses del país y por estos malos congresistas no podemos seguir afectando más la imagen del Congreso”, apuntó.
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