La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó hoy el informe final de la denuncia constitucional presentada contra el expresidente Pedro Castillo por parte de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Fueron 16 votos a favor, 6 en contra y una abstención.
El documento, elaborado por el congresista Diego Bazán (Avanza País), recomienda que el exjefe de Estado sea acusado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión.
Además, también propone acusar, como parte de un antejuicio político, al prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, por organización criminal y colusión; así como Geiner Alvarado, extitular de Vivienda y de Transportes, por organización criminal.
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Tres casos dan soporte a este texto, que será sustentado en la SAC y luego pasará al pleno del Congreso para formalizar la acusación.
Los puntos son los siguientes:
♦ La designación de Hugo Chávez Arévalo, ex gerente general de Petroperú, a cambio de un supuesto pago de 30 mil soles por parte del financista chotano Fermín Silva Cayatopa, dueño de la clínica La Luz y allegado de Castillo, quien entrevistó a Chávez antes de asumir el cargo, según El Comercio.
♦ El copamiento del Ministerio de Transportes, con Juan Silva al frente, para direccionar obras como el puente Tarata.
♦ Las irregularidades en el Ministerio de Vivienda, con Geiner Alvarado a cargo del sector que habría direccionado los proyectos de saneamiento y emitido el decreto de urgencia 102-2021, que permitió a los gobiernos locales hacer licitaciones especiales.
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Negó delitos
La presentación de los alegatos del informe final en la SAC llegan un día después de la reaparición pública del expresidente Castillo, quien negó que haya cometido delito alguno en su fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre contra el Congreso.
“Yo jamás he cometido un delito de de rebelión, no me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie, pero sí debo decir que quién sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, dejando como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos”, sostuvo.
“Yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”. agregó.
Pidió además, a los magistrados, que “se reflexione” y se vea que su prisión preventiva es injusta. “Solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”.
“Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho”, recalcó. Además, el profesor rural apuntó que “hasta la fecha estoy incomunicado, no he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia”.
Indicó que puso a buen recaudo a su familia “a cambio de mi libertad”. “Debo manifestar que solicito se me de la oportunidad para tener acceso a un servicio telefónico para poder llamar a mis padres y mi familia”.
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