Pedro Castillo y un país sumido en la crisis: recuento de un 2022 marcado por denuncias, autogolpe y demandas sociales

El 2022 culmina con un Perú que continúa su búsqueda de una salida a la crisis política y social. La atención de la ciudadanía está enfocada en las manifestaciones, los fallecidos en los enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú y las FF.AA. y las decisiones que tomen el gobierno de Dina Boluarte y el impopular Congreso. Aun así, resulta importante revisar los eventos que nos trajeron a este punto tan crítico y alarmante.

Pedro Castillo inició el 2022 habiéndose librado de una primera moción de vacancia, aunque con cuestionamientos por sus constantes visitas a la casa en Sarratea, la misma que fue usada presuntamente como despacho no oficial. De aquel escándalo, el nombre de Karelim López terminaría acechándolo, sobre todo en la primera ronda de entrevistas que brindó como mandatario. De aquel episodio, el expresidente saldría debilitado.

El encuentro con Fernando del Rincón de CNN en español lo puso en aprietos, no solo confesó haberse reunido con Karelim López luego de haberlo negado, sino que también hizo público su deseo de que Bolivia tenga acceso al mar. Si bien se trató de una propuesta que impulsó cuando no era mandatario, desde el Congreso se pretendió denunciarlo por traición a la patria y se dio inicio a un proceso que tomó meses para finalmente ser descartado.

Enero culminó con una crisis ministerial, la premier Mirtha Vásquez renuncia y denuncia la existencia de un gabinete en las sombras que dificultaba su trabajo. En su reemplazo ingresó Héctor Valer quien apenas duró unos días en el cargo por el rechazo que generó. Es entonces que Aníbal Torres, exministro de Justicia, toma las riendas de la PCM. Junto a Castillo iniciaría una campaña de desprestigio al Ministerio Público, entidad que lo investigaba y reunía declaraciones de colaboradores eficaces.

Ya en febrero la relación de Castillo con la prensa era áspera, sobre todo luego de que se difundiera lo dicho por Karelim López ante las autoridades. Esta señaló a Pedro Castillo como cabeza de una organización criminal e incluyó no solo a ministros como Juan Silva, sino también a los sobrinos del mandatario. Para Karla Gaviño, profesora de gestión pública de la Universidad del Pacífico, a medio año del gobierno de Castillo no se visibilizaba una ruta de las políticas que se planearía implementar.

“Los constantes cambios de ministros daban la impresión de que se había descuidado la gestión pública. Ahora constatamos que hasta la fecha no se han comprado fertilizantes, existen problemas para gestionar trámites que antes se lograban en poco tiempo y no se han mejorado los servicios. Difícilmente se puede hablar de política públicas en el gobierno de Pedro Castillo”, señaló a Infobae.

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A mediados de marzo una segunda moción de vacancia fue presentada, pero no logró los votos necesarios. Mientras tanto, Castillo recorría el país realizando consejos de ministros descentralizados. “En materia de infraestructura pública se anunciaron los trenes, aeropuertos y obras que nunca fueron realizadas, ni programadas ni presupuestadas y se dejaba de lado el plan de infraestructura”, comentó Gaviño.

Abril inició con la inclusión de los sobrinos del exmandatario, Gian Marco Castillo y Fray Vásquez en la lista de los más buscados. El Ministerio del Interior ofrecía recompensas por S/15,000 para aquellos que brinden información sobre sus paraderos.

Movilizaciones, la quema de peajes, bloqueo de carreteras, saqueos y la muerte de cuatro personas producto de los enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP) daban una tensa bienvenida al segundo trimestre del 2022. El alza de costo de los insumos de la canasta básica y la gasolina fueron los detonantes para las manifestaciones que se dieron en algunas partes del país, sobre todo en Lima.

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Un fugaz toque de queda que duró 15 horas, capturó los titulares nacionales e internacionales. Las protestas continuaron exigiendo la renuncia de Castillo Terrones. Para apaciguar a la población, el exmandatario anunció la eliminación de impuestos al combustible (hasta el 30 de junio), además del aumento del salario mínimo, el cual pasaba de S/930.00 a S/1025.00.

Pero el descontento estaba en varios lados. Los ex comandos de Chavín de Huántar le hicieron un desplante al no saludarlo y retirarse ante su llegada. Su imagen se iba debilitando. A esto se sumó una encuesta que le daba más de un 70% de desaprobación como presidente. El exabogado de Bruno Pacheco, exasesor del profesor, anunciaba que su expatrocinado tenía audios que comprometían a Castillo.

Llegó mayo en un ambiente cargado y con dilemas propios. El expresidente era señalado de haber plagiado la tesis que realizó junto a su esposa. Se inició una investigación; sin embargo, su familia era cada vez más tocada. Alondra, la hija menor de Castillo Terrones, había sufrido la exposición de sus datos personales por parte de un periodista. El hecho fue condenado por la sociedad.

La traición a través de testimonios de sus paisanos y amigos afloraba con más fuerza. Petro Perú y sus licitaciones estaban en el ojo de la tormenta, mientras el Congreso intentaba incesantemente vacarlo y denunciarlo por traición a la patria, pero nada prosperó. Pedro Castillo contaba con una desaprobación del 72,5% y el Congreso con 83,6%. La conformación de un nuevo gabinete también se hizo presente en mayo.

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Al iniciar junio se cumplían 100 días en los que el entonces presidente no declaraba a la prensa. Por su parte, la Fiscalía de la Nación citó al presidente por los presuntos delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado. Castillo se presentó a la Fiscalía tras su regreso de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos y dio una entrevista al canal del Estado.

Los maestros del Sutep iniciaron protestas exigiendo que se cumplan las promesas de campaña que había hecho el profesor de Chota. Estas eran el aumento de sueldo, nombramiento de maestros y destinar el 6% del PBI a la educación.

Se sumó un nuevo paro de transportistas; no obstante, el toque final lo dio el mismo Castillo con su renuncia a Perú Libre.

El politólogo Alonso Cárdenas dijo para Infobae que la causa del desmoronamiento del gobierno del exmandatario habían sido “sus propias decisiones, los errores contínuos y la improvisación”.

“Una serie interminable de desaciertos, malos nombramientos y de cercanía con personajes oscuros [...] Confiar demasiado en los vínculos familiares con los chotanos pasa factura en un momento delicado”, expresó el también catedrático de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

El Mensaje a la Nación del Bicentenario fue una oportunidad que tuvo Pedro Castillo para intentar retomar la confianza de los peruanos tras cumplir 12 meses como mandatario. El que se vio forzado a renunciar a los vínculos ideológicos de Vladimir Cerrón se refugiaba en el silencio y esquivaba las acusaciones de generar alianzas para mantenerse en el poder.

Para el 28 de julio, el maestro de Chota ya contaba con cuatro investigaciones que contradecían su plan de gobierno que profetizaba durante campaña con Perú Libre, en el que resaltaba “un Perú sin corrupción”.

El expresidente apostó por no aclarar sobre los temas polémicos en el que estaba involucrado, hecho que detonó en la interrupción de la oposición, que lo callaba desde las curules. A ese Congreso que buscaba sacarlo le dijo “no voy a poner la otra mejilla, sino extenderles la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo”.

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Para la socióloga y ex Secretaria Nacional de la Juventud, Alejandra Dinegro, “su primer balance seguía en tono de campaña, sin datos concretos que vayan de la mano con lo que se veía en la práctica. Desde ahí tuvo una actitud defensiva y sin concretar ninguno de los cambios prometidos. Hay un vacío de poder explicar todo lo que ha pasado a un país que vive en democracia, donde el Estado no es capaz de reconocer que se equivocó, de reparar y mucho menos de escuchar”.

La evasión de responsabilidades y plantear nuevas promesas sin viabilidad marcó el mes patrio, fecha en la que ya se agravaba la crisis política que dejaba los enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo, como la acusación constitucional que pudo terminar en su destitución.

Los rumores de más delitos de corrupción en su entorno seguían latentes. El 5 de agosto llegó ante la Fiscalía para velar por su inocencia, exponiendo que “a nadie he robado, a nadie he matado”.

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Su imagen como jefe de Estado se desvanecía ante la opinión pública, lo cual también tuvo repercusión en su agenda presidencial. En este mes, el pleno del Congreso le negó por primera vez un viaje al exterior. Se dijo que esta medida apelaba a un peligro de fuga.

En agosto más familiares de Castillo se sumaron a las indagaciones de la Fiscalía. Los titulares se centraron en la cuñada e hija no biológica, Yenifer Paredes, por presuntas usurpaciones de funciones a favor de una red criminal. Esto provocó un allanamiento en Palacio de Gobierno, al que el oficialismo calificó como “show mediático”. Las autoridades no dieron con el paradero de su familiar hasta que se entregó al día siguiente al Ministerio Público.

La cantidad de llamados a que declare ante la Fiscalía era alarmante como su inestabilidad en su gobierno, partiendo con los cambios que hacía en su gabinete. Para el mes de septiembre ya tenía 70 ministros en un año y dos meses de gestión.

La entonces máxima autoridad de todos los peruanos logró cumplir con un evento importante en su agenda, presentarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en New York. Este estuvo acompañado de su esposa, Lilia Paredes, quien, según la hipótesis fiscal, sería coordinadora de un grupo delictivo dedicado a la entrega de obras públicas de manera fraudulenta.

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Asimismo, el presidente del Congreso de Perú, José Williams, instó al exmandatario a dar un paso al costado. Para Dinegro, los representantes de la nación “respaldan esa leyenda urbana de que el Congreso es la primera fuerza del Estado. Desde el 2019 hay un hartazgo hacia la institución, que tiene una visión errónea de la realidad y que subestima el malestar de la población”.

“El régimen político peruano ha colapsado y está tocando fondo. Hemos llegado a este punto porque la corrupción se ha hecho un sentido común, y todas las fechorías que los políticos han hecho en un negocio”, agregó.

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En octubre, el Ministerio Público allanó el domicilio de la hermana del expresidente Castillo en el operativo conocido como Valkiria II. Dicho mes estuvo marcado por la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal (en calidad de líder), colusión agravada y tráfico de influencias.

En respuesta, el Gobierno solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). La institución aceptó el pedido y envió una misión internacional entre el 21 y 23 de noviembre.

La tensión entre los principales poderes del Estado se agudizó luego que el Pleno rechazó, según la interpretación de Castillo, la presentación de la cuestión de confianza que Aníbal Torres, por entonces premier, presentó a mediados de noviembre.

Poco después, se filtró el acta del Consejo de Ministros donde el exmandatario Castillo dejaba constancia del “rechazo” del Parlamento. El hecho puso en marcha la presentación de una tercera moción de vacancia promovida por Edward Málaga (no agrupado).

Llegado el día de la votación de la vacancia, debido a una moción presentada el 29 de noviembre, Pedro Castillo perpetró un autogolpe de Estado: anunció la disolución del Congreso y la reorganización de instituciones como el Ministerio Público.

Aquel miércoles siete de diciembre, el exmandatario intentó dirigirse a la embajada de México para pedir asilo político, sin embargo, fue capturado antes y acusado del delito de rebelión. Mientras tanto, sus ministros renunciaron a la PCM y condenaron, en su mayoría, el quiebre constitucional.

La vicepresidente Dina Boluarte juramentó como dignataria, sin embargo, horas después se produjeron protestas y vandalismo a nivel nacional: 26 fallecidos hasta el cierre de esta nota, bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos, saqueos, destrucción de propiedad pública y privada colocaron en jaque al Gobierno.

“El Perú ha demostrado una fortaleza institucional que le ha permitido salir indemne de un golpe de Estado (...) Políticamente, [Boluarte maneja la situación] mejor de lo que se esperaba, ha dado signos de corrección en errores cometidos. Por ejemplo, designará a un gabinete más político (…) y rectifica errores que se cometieron, en muchos casos, en la represión policial y militar”, comentó el analista político Juan Carlos Tafur en diálogo con Infobae Perú.

La dignataria, quien nombró al exfiscal Pedro Angulo como primer ministro, también decretó Estado de Emergencia en todo el país el miércoles catorce. Días después, anunció que renovaría su equipo ministerial frente a las persistentes manifestaciones.

Por otro lado, Castillo permanece recluido en la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), desde el día que fue apresado, cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses por un “autogolpe de Estado, rebelión, conspiración y abuso de autoridad”.

“Pedro Castillo terminó yéndose como empezó: de una manera desastrosa, lamentable y sin ninguna inteligencia política. Es un personaje que nunca debió llegar a la presidencia”, añadió Tafur, quien también calificó el trabajo del actual Parlamento como “bastante mediocre”.

El régimen de Castillo, que finalizó poco antes de cumplir 17 meses, estuvo marcado por la incertidumbre y la agitación social. Se espera que las demandas de la población sean atendidas, sobre todo el adelanto de elecciones generales.

La ciudadanía exige regresar a las urnas mientras el Congreso debate las reformas para que esto suceda. Mientras tanto, el Ejecutivo enfrenta altos niveles de impopularidad y Pedro Castillo permanece en prisión preventiva. A pesar de las promesas, nada asegura que la crisis vaya a acabar pronto.

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