Dirigentes de siete regiones acuerdan ir a la huelga nacional contra el gobierno de Dina Boluarte este 4 de enero

Los representantes de Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, entre otros, piden la renuncia de la presidenta de la República y el adelanto de las elecciones para el próximo año. Además, solicitan el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente.

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Miembros de comunidades indígenas y campesinos participan en una marcha en Cuzco durante una protesta exigiendo la disolución del Congreso y la celebración de elecciones democráticas en lugar de reconocer a Dina Boluarte como presidenta de Perú, tras la destitución del líder peruano Pedro Castillo, en Cuzco, Perú, Diciembre 14, 2022. REUTERS/Paul Gambin. NO REVENTAS. NO ARCHIVOS
Miembros de comunidades indígenas y campesinos participan en una marcha en Cuzco durante una protesta exigiendo la disolución del Congreso y la celebración de elecciones democráticas en lugar de reconocer a Dina Boluarte como presidenta de Perú, tras la destitución del líder peruano Pedro Castillo, en Cuzco, Perú, Diciembre 14, 2022. REUTERS/Paul Gambin. NO REVENTAS. NO ARCHIVOS

Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte no han acabado. Al contrario, el próximo 4 de enero se volverán a reactivar tras un acuerdo entre dirigentes de siete regiones del país que alzarán su voz de protesta de manera indefinida y contundente. Estos son de Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa que conforman la coordinadora macrorregional del sur.

Entre los acuerdos que llegaron ayer se menciona el pedido de renuncia de la actual mandataria a quien califican de “usurpadora y criminal” por los 28 fallecidos producto de los enfrentamientos entre los manifestaciones y las Fuerzas Armadas. Contra Boluarte, solicitan una investigación que esclarezca su responsabilidad penal.

De otro lado, otro punto es el cierre del Congreso de la República al que señalan como “golpista”. Además, solicitan que el adelanto de las elecciones generales no se hagan en abril de 2024 como se aprobó la semana pasada, sino que sea el próximo año. También está en la agenda de estos grupos del sur la instalación de una Asamblea Constituyente.

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Por último, solicitan la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado el pasado 7 de diciembre contra el Parlamento.

Comunicado de los gremios del sur.
Comunicado de los gremios del sur.

De igual forma, expresaron que “se coordinará con los frentes regionales que deseen conformar un comité de lucha por provincia”. Avisaron que convocarán “la marcha de los cuatro suyos en una fecha próxima”. Por último, manifestaron que se aprobará el segundo encuentro macrorregional del sur en la provincia de Andahuaylas.

Buscan diálogo

Por su parte, desde el Gobierno buscan acercarse a estos gremios del sur. Por ello, se anunció la instalación de una comisión multisectorial encargada de analizar la situación de los 28 fallecidos (22 por represión y 6 por bloqueos o accidentes en el contexto de los paros) y la asignación de un apoyo económico.

El ministro de Justicia, José Tello, adelantó que “el Gobierno brindará un apoyo solidario económico para los familiares de los fallecidos durante las protestas”. Sin embargo, su llamado no ha causado efecto alguno.

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Hoy, representantes del Ejecutivo llegaron al Cusco para reunirse con dirigentes representativos de esta ciudad. Sin embargo, solo pudieron tener contacto con empresarios dedicados al turismo.

Se informó que algunos policías fueron encerrados en la comisaría y daban gritos de auxilio.
Se informó que algunos policías fueron encerrados en la comisaría y daban gritos de auxilio.

Gremios de transportistas de servicio urbano, FDTC, Junta de Usuarios de Agua, taxistas, frente de defensa provinciales, entre otros, rechazan el estado de emergencia y cuestionan “la actitud de este gobierno indolente por las 28 personas que fueron asesinadas en las últimas semanas”.

“Nosotros no vamos a asistir a la cita de la PCM, vamos a redactar un pronunciamiento, reiterando las demandas de la ciudadanía, no nos podemos reunir mientras se mantenga un estado de emergencia abusivo”, dijo Antonio Maquera, de la FDTC.

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