La bancada de Cambio Democrático presentó este jueves una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el expremier Pedro Angulo, y los exministros César Cervantes y Luis Otárola, quienes ocuparon las carteras de Interior y Defensa, respectivamente.
La legisladora Sigrid Bazán, que compartió la noticia a través de sus redes sociales, señaló que el procedimiento se basa en la violencia de Estado que ha dejado, hasta ahora, 28 fallecidos y más de 600 heridos desde que estallaron las protestas contra la administración de Boluarte y el Congreso, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo.
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“Esta es la denuncia constitucional que presenté junto a mi bancada (...) por vulnerar el derecho a la vida, a la protesta y otros garantizados en la Constitución. Por justicia y reparación para los fallecidos y heridos, a causa de la brutal represión en el marco de las movilizaciones sociales. ¡Que no quede impune!”, tuiteó Bazán.
Más temprano, la mandataria había señalado que la Fiscalía y el Poder Judicial investigarán las muertes desatadas tras el fallido autogolpe de su predecesor, Pedro Castillo.
“No vamos a permitir impunidad, que se investigue, se individualicen, los hechos y la Fiscalía y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles como corresponde”, dijo en una rueda de prensa con la Asociación de la Prensa Extranjera (APEP).
En dichas manifestaciones han fallecido 28 personas, muchas de ellas por disparos y, en su represión, han participado las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía, tras la declaración del Estado de Emergencia. La Fiscalía ya anunció siete investigaciones preliminares por estos decesos.
El sur, el más desangrado
Ayacucho fue la región más afectada por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, pues, tras el intento de los manifestantes de tomar el Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte, diez personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.
En cuanto al resto de víctimas mortales, seis personas murieron en Apurímac, donde comenzaron las protestas el domingo 11; tres en Cuzco; tres en Junín; también tres en La Libertad y dos en Arequipa.
Pese a que en la capital peruana también hubo protestas en favor y en contra del Gobierno de Boluarte, Lima no contabilizó ningún fallecido.
Los manifestantes exigen la destitución de Boluarte, el adelanto electoral, el cierre del Congreso y la creación de una asamblea constituyente para reformar la Constitución peruana promulgada en 1993 durante el mandato de Alberto Fujimori.
Tregua hasta enero
En medio de esta denuncia, el Gobierno sigue desplegando militares y efectivos policiales ante la posibilidad de que, a partir del 4 de enero de 2023, vuelvan a reactivarse las manifestaciones que reclaman la renuncia de la presidenta, confirmó el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
En este sentido, detalló que ya “tienen ubicadas las áreas en las que posiblemente se puedan llevar a cabo las manifestaciones que puedan degenerar en acciones violentas con la finalidad de proteger activos críticos, infraestructura estratégica, red vial y, sobre todo, la más alta prioridad es proteger a la población”, agregó.
Por su parte, el titular del Interior, Víctor Rojas, explicó que el Gobierno tiene “información de que, posiblemente, a partir del 4 de enero de 2023, nuevamente tengamos los conflictos sociales, muy en particular en la zona sur”.
En este sentido, comentó que este jueves viajará a las sureñas regiones de Arequipa, Cusco y Puno, “para corroborar la información (...) e ir disponiendo a los servicios policiales”.
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