La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó este jueves 18 meses de impedimento de salida del país contra el ex primer ministro Aníbal Torres, investigado por los delitos de rebelión y conspiración tras el fallido autogolpe orquestado por Pedro Castillo.
El tribunal, que preside el magistrado César San Martín, varió la orden de comparecencia con restricciones impuesta en primera instancia a Torres, quien no podrá ausentarse de Lima Metropolitana y Callao sin un permiso especial del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
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El Poder Judicial también dispuso que la Policía ejecute controles domiciliarios “tanto mensuales —el viernes de la tercera semana del mes—como inopinados” al escudero tenaz de Castillo.
La disposición de la Corte Suprema fue publicada esta tarde, cuando decidió que Castillo continúe en la cárcel, al rechazar la apelación que presentó su defensa contra los 18 meses de prisión preventiva que recibió el pasado 15 de diciembre, una semana después de ser destituido por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.
En la resolución, la Sala declaró “infundado el recurso de apelación” presentado por la defensa del exmandatario y “fundado en parte” el pedido de la Fiscalía para que se varíe la situación de Aníbal Torres.
Confirmó, de esa manera, la decisión tomada en primera instancia por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien en ese momento señaló que había encontrado “fundados elementos de convicción” de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Dejó clandestinidad
Torres, uno de los políticos más próximos a Castillo, reapareció hace una semana al anunciar que retomará su labor docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
“Mis condolencias con las familias de los peruanos asesinados, espero la pronta recuperación de los heridos. Al final, la verdad se impondrá en el país. De regreso a las aulas sanmarquinas”, tuiteó.
El expremier acompañó el mensaje con una foto en la que aparece junto al decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Víctor Toro, en lo que parece un aula y frente al escudo de la UNMSM, considerada la institución educativa más importante de Perú.
El pasado 10 de diciembre, Aníbal Torres aseguró que pasaba “a la clandestinidad” tras ser denunciado por la Fiscalía por “perturbación a la Justicia” y rebelión, apenas tres días después de que Castillo fuera destituido y detenido.
Entonces, se presentó de manera virtual a la audiencia, puesto que, en su condición de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como presunto coautor en los delitos de rebelión y conspiración.
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