La Contraloría General de la República realizó una Auditoría de Cumplimiento, durante el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2021, en el que identificó que alrededor de 86 mil hogares fueron considerados como “pobres” o “pobres extremos” cuando no les correspondía de acuerdo a los criterios establecidos.
El organismo alertó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que este error en la clasificación ha afectado en la identificación de los grupos poblacionales priorizados en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), para las intervenciones públicas focalizadas, como, por ejemplo, los bonos y subsidios otorgados por el Ejecutivo durante la crisis por la pandemia de la COVID-19.
La “Metodología para la Determinación de la Clasificación Económica”, aprobada por el Midis, establece los siguientes criterios para el cálculo de la clasificación socioeconómica (CSE):
· Evaluación de la afiliación a seguros privados de salud o el acceso a empresas prestadoras de salud
· Evaluación de la tenencia de vehículos
· Evaluación de Ingresos del Hogar
· Evaluación por el consumo en servicios de electricidad
· Cálculo del Índice de Focalización de Hogares.
La Contraloría revisó la aplicación de la metodología para el cálculo de la CSE de los hogares para la elaboración del Padrón General de Hogares (PGH) y señaló que no se utilizó la base de datos administrativas (BDA) de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), así como de la BDA del Ministerio de Economía y Finanzas, Sunat y la BDA de Osinergmin fue registradas con retraso.
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Al realizar el estudio, encontró las siguientes inconsistencias:
- 79 mil 975 hogares clasificados como “pobres” o “pobres extremos” tenían al jefe de hogar o cónyuge afiliado a un seguro privado.
- 5.987 hogares presentaron ingresos por encima de los umbrales establecidos, por lo que debían ser considerados como “no pobres”.
- 123 hogares superan el umbral de consumo de energía eléctrica por lo que debieron ser considerados como “no pobres”.
Incumplimiento de plazos
La auditoría también detectó que la Dirección de Operaciones de la Dirección General de Focalización e Información Social (DGFIS) no cumplió con los plazos previstos para la atención de solicitudes de CSE:
- No se cumplió a tiempo con las solicitudes de 40 mil 701 hogares que provenían de las regiones de Áncash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Piura y San Martín.
- De esta cifra, 35 mil 851 correspondía a hogares del ámbito urbano y fueron atendidas luego de m más de 25 días hábiles.
- 4.850 provenían del ámbito rural y demoraron más de 40 días en ser atendidas.
- Algunos casos presentaron demoras de hasta 190 días, es decir más de seis meses.
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La Contraloría indicó que de estos casos 35 mil 274 fueron calificados como “pobres” y 22 mil 107 como “pobres extremos”, por lo que la demora en la atención pudo afectarlos en su afiliación a programas del Estado como Pensión 65, Juntos y el Seguro Integral de Salud (SIS).
Finalmente, el organismo de control determinó presunta responsabilidad en tres funcionarios del Midis, los cuales ocuparon los cargos de Director General de la Dirección General de Focalización e Información Social, Director de la Dirección de Diseño y Metodología y Director de la Dirección de Operaciones de Focalización. En ese sentido, recomendó al titular de esta cartera, Julio Demartini Montes a iniciar las acciones correspondientes para el deslinde de las responsabilidades en los hechos detectados.
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