Los familiares de Edgar Wilfredo Prado Arango, una de las 22 víctimas mortales durante las protestas posteriores a la asunción de Dina Boluarte a la presidencia del Perú, consideran que este fue “prácticamente asesinado” por los militares que, por orden del Ejecutivo, salieron a las calles, en el marco de un decreto de Estado de Emergencia en varias regiones del interior del país, para detener las manifestaciones más violentas.
Edgar Prado, de 51 años de edad, falleció el 15 de diciembre, el día en el que murieron 10 personas, en el intento de toma del Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte por parte de los manifestantes, la cual fue impedida por los militares.
Trabajaba como mecánico y chofer tenía su taller a una cuadra del aeropuerto. El día de las protestas, a las 17:56 horas, recibió una bala en el pecho, de acuerdo al parte médico, presentaba traumatismo torácico abdominal-laceración hepática y pulmonar por proyectil de arma de fuego en tórax. Edgar no resistió y un día después falleció en el hospital.
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Video demostraría que fue asesinado
Un video grabado por una tienda en la calle Los Ángeles, a pocos metros de la casa de Edgar Prado, fue difundido por la agencia Reuters y capturó el momento el que el hombre se encontraba arrodillado al lado de otro cuerpo y rodeado de manifestantes.
Segundos después las personas huyen del lugar, Edgar continuaba arrodillado, como intentando atender a quien estaba echado. Sin embargo, le habrían disparado una bala en el pecho por lo que cayó al suelo en plena vereda.
“Los militares se supone que están preparados para que puedan combatir el terrorismo, no para que de esa manera a nuestro prójimo nos puedan quitar la vida”, señaló Edith, hermana de Edgar, a la agencia Reuters.
“Prácticamente, él ha sido asesinado por parte de los militares o de parte de los militares”, resaltó.
Edith aseguró que su hermano no participaba de las manifestaciones y que había salido de su casa después de escuchar disparos. La mujer mostró casquillos de bala y las marcas de los proyectiles en la puerta. “Lo único que yo quisiera es justicia, justicia para mi hermano”, expresó.
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Fallecidos el 15 de diciembre
En total son 10 los fallecidos por impacto de arma de fuego el 15 de diciembre, la mayoría en el tórax. Sin embargo, había otros 10 ciudadanos heridos de gravedad que fueron internados en hospitales de Ayacucho y Lima.
- C. M. R. A. (15 años) con traumatismo torácico-shock hipovolémico por proyectil de arma de fuego en tórax proyectil de arma de fuego en tórax.
- Josué Sañudo Quispe (31 años) con traumatismo torácico abierto-laceración pulmonar derecha por proyectil de arma de fuego en tórax.
- Jhon Jennry Mendoza Huarancca (34 años) con traumatismo torácico abierto-shock hipovolémico por proyectil de arma de fuego en tórax
- Raúl García Gallo (35 años) con perforación femoral arterial derecha traumatismo abdominal abierto por proyectil de arma de fuego en abdomen
- Clemer Fabricio Rojas García (22 años) con trauma torácico abdominal-laceración pulmonar por proyectil de arma de fuego en tórax
- Luis Miguel Urbano Sacsara (22 años) con trauma torácico abierto-perforación pulmonar por proyectil de arma de fuego en tórax
- Edgar Wilfredo Prado Arango (51 años) con traumatismo torácico abdominal-laceración hepática y pulmonar por proyectil de arma de fuego en tórax
- José Luis Aguilar Yucra (20 años) con traumatismo craneoencefálico severo por proyecto de arma de fuego en cráneo
- Leonardo David Hancco Chacca (32 años) con trauma abdominopélvico abierto por proyectil de arma de fuego
- Jhonatan Alarcón Galindo (19 años) con traumatismo abdominal-edema pulmonar por proyectil de arma de fuego
Generales de la PNP investigados
El jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, el general PNP Antero Mejía Escajadillo, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general EP Jesús Vera Ipenza, han sido incluidos en una investigación fiscal por la muerte de los 10 manifestantes en esta región.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, a cargo de la fiscal Karen Obregón Ubaldo, abrió la investigación contra los generales, señalados de ser autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado ante estos decesos durante la represión.
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