El destituido expresidente Pedro Castillo, preso acusado de rebelión, solicitó a la Justicia este miércoles que se le conceda acceso a un teléfono celular para emplearlo desde Barbadillo, el penal dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) donde está recluido.
Mientras lucía un bigote crecido, el exjefe de Estado pidió que se le otorgue una línea para contactar con su esposa y dos hijos, que partieron asilados a México la semana pasada.
“Deben tener conocimiento, señores jueces supremos, que, hasta la fecha, estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia. Les pido que reflexionen (...) esta injusta prisión solo ha servido para polarizar nuestro país”, continuó.
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El exministro del Interior, Rubén Vargas, dijo a La República que, a mediados de diciembre, Castillo habría tenido a su disposición un celular en su celda en la Diroes para contactar con exprefectos, subprefectos y personajes relacionados con organizaciones sociales y políticas.
“Él, en persona, estaría dirigiendo estos actos violentos a través de algunos personajes vinculados al Fenatep y al Movadef. El mismo Pedro Castillo sería el responsable de los actos de violencia que se están produciendo en la zona de Apurímac”, señaló al diario.
En la audiencia virtual de este miércoles, Castillo también rechazó haber cometido delitos cuando intentó dar un autogolpe de estado el 7 de diciembre, por lo que abogó por su libertad inmediata.
“No he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañanas”, apuntó.
El mensaje leído en la cita también fue compartido posteriormente en la cuenta de Twitter del exmandatario, investigado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
Caída
La maniobra no tuvo respaldo institucional. La Policía lo detuvo horas después de su destitución, cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.
La caída de Castillo desató violentas protestas que dejaron 22 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó hace una semana avanzar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.
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