El destituido expresidente Pedro Castillo, preso acusado de rebelión, solicitó a la Justicia este miércoles que se le conceda acceso a un teléfono celular para emplearlo desde Barbadillo, el penal dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) donde está recluido.
El destituido presidente Pedro Castillo, desde el penal Barbadillo donde cumple 18 meses de prisión preventiva, negó, durante la audiencia de apelación de la Corte Suprema, que haya cometido los delitos de rebelión y conspiración. El exmandatario acusó al gobierno de Dina Boluarte de acabar con la vida de más de 30 peruanos y culpó al Congreso de la República de conspirar con otras instituciones para acabar con su gobierno.
Audiencia EN VIVO de la apelación contra la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo
Se inició la audiencia de apelación de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.
La apelación interpuesta por la defensa del expresidente Pedro Castillo, liderada por su abogado Wilfredo Robles, será evaluada este miércoles 28 por el Poder Judicial. La audiencia está programada a las nueve de la mañana.
El exmandatario recibió 18 meses de prisión preventiva, el pasado quince del presente mes, en el marco de la investigación por un autogolpe de Estado, rebelión, conspiración y abuso de autoridad. Castillo intentó concretar un quiebre del orden constitucional, el pasado miércoles siete, a través de un mensaje a la Nación.
Pese a que anunció la disolución del Congreso de la República, así como un reordenamiento del Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otras instituciones, la decisión adoptada por el ex Jefe de Estado no fue secundada por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía (PNP). Mediante un comunicado, las referidas entidades respaldaron el respeto al orden democrático.
Por otro lado, Wilfredo Robles ha señalado en el documento de apelación que el juez Juan Carlos Checkley, quien dictó la medida de prisión preventiva en contra de Castillo, no se cercioró si el Legislativo llevó a cabo correctamente, según lo establecido en el artículo 89 de su reglamento, el levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político.
El referido recurso fue dejada sin efecto el pasado domingo once, mediante un acuerdo en el Pleno del Parlamento, luego que este poder del Estado recibiera un oficio del Ministerio Público, liderada por Patricia Benavides (Fiscal de la Nación).
La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía el lunes doce, la segunda en contra del profesor chotano, da cuenta del inicio de un proceso de acusación en contra de Castillo.
La defensa legal del exmandatario solicitó en el recurso de apelación que este enfrente su proceso en libertad. Pedro Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal Barbadillo, donde también permanecieron otros expresidentes como Ollanta Humala.
El abogado Wilfredo Robles espera que el Poder Judicial (PJ) declare fundada su solicitud y le dicte comparecencia con restricciones a su defendido.
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“La defensa (…) espera que la Sala Penal de Apelaciones Suprema, examine con mejor criterio y se sirva revocar la resolución que decidió declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva contra José Pedro Castillo Terrones; y, reformándole le imponga la medida de comparecencia con restricciones”, se lee en el documento de apelación.
El pasado jueves quince, en la audiencia donde se le dictó prisión preventiva a Castillo, también participó el expremier Aníbal Torres. El extitular del Consejo de Ministros, implicado como presunto cómplice del fallido autogolpe, recibió una orden de comparecencia con restricciones del juez Juan Carlos Checkley.
A Torres Vásquez, quien había anunciado su pase “a la clandestinidad” tras la investigación iniciada por Benavides Vargas, también se le impuso el pago de una caución económica de 20 mil soles.
Mientras tanto, la defensa del exlíder de Perú Libre asegura que “la imputación [de la Fiscalía] no precisa en cuál de las modalidades de rebelión, o conspiración, estaría incurso el investigado Pedro Castillo Terrones, violando el principio de imputación necesaria y el derecho a la defensa”.
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