El expresidente Pedro Castillo (2021-2022), destituido y preso tras un fallido intento de autogolpe de Estado, se encuentra a un paso de ser acusado por el Congreso por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión.
El informe final, elaborado por el congresista Diego Bazán sobre la denuncia constitucional que formuló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, será votado este jueves en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
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El documento también propone acusar, como parte de un antejuicio político, al prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, por organización criminal y colusión; así como Geiner Alvarado, extitular de Vivienda y de Transportes, por organización criminal.
Tres casos dan soporte a este texto, que será sustentado en la SAC y luego pasará al pleno del Congreso para formalizar la acusación. Solo entonces, la fiscal Benavides podrá continuar con el proceso en sede judicial.
Los puntos son los siguientes:
♦ La designación de Hugo Chávez Arévalo, ex gerente general de Petroperú, a cambio de un supuesto pago de 30 mil soles por parte del financista chotano Fermín Silva Cayatopa, dueño de la clínica La Luz y allegado de Castillo, quien entrevistó a Chávez antes de asumir el cargo, según El Comercio.
♦ El copamiento del Ministerio de Transportes, con Juan Silva al frente, para direccionar obras como el puente Tarata.
♦ Las irregularidades en el Ministerio de Vivienda, con Geiner Alvarado a cargo del sector que habría direccionado los proyectos de saneamiento y emitido el decreto de urgencia 102-2021, que permitió a los gobiernos locales hacer licitaciones especiales.
Castillo, investigado por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido intento de dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).
La prisión donde pasará los próximos 18 meses cuenta con tres celdas separadas. Una de ellas ya está ocupada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena por crímenes de corrupción y lesa humanidad. La tercera está vacía.
El expresidente intentó cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero no tuvo respaldo institucional. La Policía lo detuvo horas después de su destitución cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Escándalo de ascensos irregulares
Las conclusiones del informe de Bazán llegan un día después de que tres generales de la Policía Nacional fueran detenidos en el marco de una investigación por los presuntos pagos ilícitos realizados para ascender en las fuerzas armadas y policiales durante el gobierno de Castillo.
El operativo fue lanzado en varios puntos del país y logró la detención de seis personas, tres de los cuales eran altos jefes policiales en actividad, y que se allanaron 27 inmuebles, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público (Fiscalía).
Los detenidos son los generales de la policía Manuel Rivera López, que se desempeñaba como jefe de la XIV Macro Región Policial en Tacna y Moquegua, Nicasio Zapata Suclupe que era jefe de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía y Luis Legua Egocheaga de la Dirección de Inteligencia.
Uno de los inmuebles allanados fue la vivienda del exministro de Defensa Walter Ayala, implicado directamente en el presunto cobro de sobornos para otorgar los ascensos en las instituciones armadas y policiales a fines del año pasado.
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