La legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso) presentó una propuesta para que se pueda crear una comisión que investigue los presuntos actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo, quien cumple hoy 18 meses de prisión preventiva tras el intento fallido de autogolpe de Estado contra el Parlamento el pasado 7 de diciembre.
La iniciativa contempla que el grupo de trabajo tendrá un plazo de 180 días para recolectar la suficiente información sobre los actos del expresidente, exfuncionarios de confianza y su entorno familiar más cercano. Además, tiene como base las seis investigaciones fiscales que Castillo Terrones enfrenta por parte del Ministerio Público.
El profesor rural ya es investigado por tráfico de influencias, organización criminal, colusión agravada, encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos Puente Tarata, Petroperú, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la obstrucción en la captura de los prófugos de su gobierno y el supuesto plagio en su tesis de maestría.
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“Es necesario que se investigue los presuntos actos de corrupción que se habrían cometido durante la gestión del expresidente de la República José Pedro Castillo Terrones y, a la vez, se identifique a los funcionarios públicos y de su entorno que hayan tenido un nivel de participación en hechos en agravio del Estado”, se lee en la moción 5055/2022.
“[Hay] 190 elementos probatorios que sustentan que el exmandatario es el presunto cabecilla de una organización criminal”, remarca el documento promovido por Camones Soriano, quien lidera la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La iniciativa solo debería tener el respaldo de la mayoría de congresistas presentes en la sesión del Pleno para que se pueda crear.
Acusación
El congresista Diego Bazán (Avanza País) sustentará mañana el informe final sobre la denuncia constitucional que formuló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el que recomienda que sea acusado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión.
El documento también propone acusar, como parte de un antejuicio político, al prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, por organización criminal y colusión; así como Geiner Alvarado, extitular de Vivienda y de Transportes, por organización criminal.
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Tres casos dan soporte a este texto, que será sustentado en la SAC y luego pasará al pleno del Congreso para formalizar la acusación. Solo entonces, la fiscal Benavides podrá continuar con el proceso en sede judicial.
Los puntos son los siguientes:
♦ La designación de Hugo Chávez Arévalo, ex gerente general de Petroperú, a cambio de un supuesto pago de 30 mil soles por parte del financista chotano Fermín Silva Cayatopa, dueño de la clínica La Luz y allegado de Castillo, quien entrevistó a Chávez antes de asumir el cargo, según El Comercio.
♦ El copamiento del Ministerio de Transportes, con Juan Silva al frente, para direccionar obras como el puente Tarata.
♦ Las irregularidades en el Ministerio de Vivienda, con Geiner Alvarado a cargo del sector que habría direccionado los proyectos de saneamiento y emitido el decreto de urgencia 102-2021, que permitió a los gobiernos locales hacer licitaciones especiales.
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