Los 40 mil dólares y la historia detrás de la detención de los generales sindicados de pagar por ascender

El Ministerio Público solicitó la detención del excomandante general de la Policía, Javier Gallardo, otros cuatro generales, un suboficial y dos empresarios implicados en el caso ascensos irregulares en la PNP.

Según la investigación del Ministerio Público, Gallardo, quien fue designado en el cargo por el expresidente Pedro Castillo, habría cobrado hasta 40 mil dólares a los oficiales Luis Legua Egocheaga, Pedro Villanueva Nole, Nicasio Zapata Súclupe y Manuel Rivera López.

Por los testimonios de colaboradores eficaces, documentación incautada y registros de comunicaciones, la Fiscalía determinó que nueve coroneles PNP abonaron hasta 40 mil dólares para lograr el grado de general.

Para el Ministerio Público, todo empezó con el nombramiento de Gallardo como comandante general de la PNP. A cambio, de acuerdo a las sospechas fiscales, este informaría a Castillo sobre cualquier acción relacionada con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y otros personajes de su entorno como el exministro Juan Silva.

Conforme la resolución judicial que dispuso la detención de los investigados, Gallardo habría accedido a las demandas del expresidente, quien le dio libertad de proponer a los oficiales que aspiraban al grado de general.

La Fiscalía tiene la certeza que el exmandatario, al tanto de todo, estuvo de acuerdo con este esquema irregular. El brigadier PNP Jorge Tarrillo Gálvez, hombre de confianza de Castillo y su seguridad personal, se habría encargado de reclutar a los oficiales que estuvieron dispuestos a pagar por el ascenso.

En tanto, para la Fiscalía, Gallardo habría recurrido a dos empresarios amigos, proveedores de la PNP, Óscar Monge y Luis Tuesta Ramón, para buscar a oficiales dispuestos a pagar por el grado de general.

Pese a que ya era de conocimiento público este supuesto pago de irregularidades por los ascensos, Castillo y Gallardo ascendieron a Luis Legua Egocheaga, Pedro Villanueva Nole, Nicasio Zapata Súclupe y Manuel Rivera López, entre otros.

De estos nueve casos, el juez Jorge Pillaca Valdez dispuso detención para los primeros cuatro. Los otros cinco se encuentran bajo investigación y no se descarta que se pueda pedir alguna medida coercitiva en su contra.

La investigación fiscal apunta a que los generales que pagaron las coimas para ascender también fueron favorecidos con designaciones en cargos desde los que habría direccionado contrataciones a favor de los empresarios involucrados.

Legua Egocheaga fue asignado como jefe del Frente Policial VRAEM, Pedro Villanueva Nole pasó a jefe de la Región Policial Cusco, Nicasio Zapata Súclupe ocupó el cargo de jefe de la Región Policial Tumbes y Manuel Rivera López asumió como jefe de la Región Policial Tacna.

Dos choferes de los generales involucrados ofrecieron videos y fotografías de reuniones sociales entre los oficiales que habrían pagado sobornos para ascender y los empresarios investigados, lo que corroboró la cercanía entre estos.

Para el Ministerio Público, en esta red de corrupción también estaría implicado el exministro de Defensa, Walter Ayala, porque visitó a Castillo en Palacio junto con Zapata Súclupe y Rivera López, quienes habrían pagado los sobornos para ascender.

Hasta el momento han sido detenidos los generales Zapata Súclupe, Rivera López y Legua Egocheaga. El ex comandante general Gallardo y el general Villanueva Nole están en condición de no habidos.

El 11 de octubre de este año, se hizo público documentos de una investigación fiscal en los que se hace mención al extitular de Defensa. En estos se revela que Beder Camacho habría llevado al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, a “reunión secreta” en casa de Ayala.

De acuerdo al contenido de esos documentos, el exministro le habría entregado a Pacheco una bolsa marrón con 40 mil soles. Tras esto, siguiendo con lo difundido en el material fiscal, Ayala habría pedido su parte con una frase particular: “Bruno, sácame mi alita de ese dinero”. Para el Ministerio Público, “alita” significaría porcentaje de los supuestos cobros irregulares.

SEGUIR LEYENDO: