Fue en julio de 2022. Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial, acababa de entregarse a las autoridades y pasó a colaborar con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto.
Entonces, el exconfidente de Pedro Castillo hizo unas declaraciones que hoy, cinco meses después, son pieza clave del escándalo de los ascensos irregulares en las FF. AA., en el que se encuentra incluido el destituido exmandatario, generales PNP y exministros de Estado.
Pacheco habló de una lista de diez oficiales que pagaron –según su manifestación, publicada por El Comercio– US$20.000 para ser ascendidos en noviembre del año pasado con la anuencia de Castillo, ahora en prisión preventiva.
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El exallegado presidencial sostuvo que esa nómina fue elaborada por los sobrinos del expresidente, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, junto con el suboficial PNP y miembro de la escolta presidencial, Jorge Tarrillo Gálvez.
Según El Comercio, el cobro de los sobornos se habría canalizado a través de Tarrillo y el suboficial PNP Nilo Irogin Chávez, también miembro de la escolta del mandatario y amigo de su infancia (Irigoin y Castillo estudiaron en el mismo colegio, en Anguía).
A Tarrillo e Irigoin, llamados “las sombras” del presidente, eran quienes “manejaban la caja” de las ganancias ilícitas, dijo Pacheco. Un mes después, contó más al equipo de fiscales: involucró a un exministro en la recepción de los sobornos, que finalmente eran para Castillo, según recogió Panorama.
Pacheco reconoció que pidió una parte del soborno y, aunque no mencionó el nombre de ningún ministro, el dominical señaló que se trataba Walter Ayala, extitular de Defensa, cuya vivienda fue allanada este lunes, junto con la de un grupo de generales de la PNP.
Las autoridades peruanas detuvieron a seis personas por presuntamente efectuar pagos para ascender de grado, en un caso que salpica nuevamente al destituido Pedro Castillo.
“Las diligencias, que incluyen 26 allanamientos a nivel nacional, están a cargo del fiscal Luis Martínez, con apoyo del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP)”, detalló el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.
La captura se concretó en el marco de un operativo policial realizado durante la madrugada y que incluyó el allanamiento de varias viviendas en Lima, Cusco, Tacna y Tumbes. Tras el allanamiento, el exministro Ayala declaró que está “presto a que se investigue” el caso, pero consideró que la intervención fiscal ha sido “un show”.
Respuestas
“Esto ha sido innecesario, no han encontrado nada”, sostuvo antes de también cuestionar que se ordenen detenciones preliminares, ya que consideró que se debió citar a los implicados para que declaren.
“Lo que yo dejo constancia es que en el Perú no hay un debido proceso, porque las resoluciones que dictan los jueces no tienen la debida motivación”, agregó antes de decir que, en todo caso, se debió incluir al ministro del Interior de entonces, del que depende la Policía Nacional, y no a él, que fue ministro de Defensa.
Ayala también enfatizó que fue parte del gobierno de Castillo “hasta la quincena de noviembre de 2021″ y aseguró que tras dejar esa función “nunca más” volvió a tener vínculos con el Ejecutivo.
El caso de los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se conoció en agosto de 2021, cuando los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron que fueron pasados al retiro por no haber accedido a presiones.
Esas presiones fueron presuntamente ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por disposición de Castillo y del ministro Ayala.
En octubre pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó Ayala para que se deje sin efecto la decisión de la Fiscalía de investigarlo por la presunta comisión del delito de organización criminal.
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