Congresistas enfrentarían conflictos de intereses con reformas para elecciones de abril de 2024

En la agenda se encuentra implementar las primarias abiertas y la eliminación del voto preferencial para garantizar una mejor calidad de candidatos dentro de los partidos políticos.

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Congreso de la República debate sobre el adelanto de Elecciones
Congreso de la República debate sobre el adelanto de Elecciones

La semana pasada, el Pleno del Congreso de la República aprobó con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024. De esta manera, en ese mes se tendrá que ir a las urnas para elegir a una nueva fórmula presidencial, 130 parlamentarios y 5 integrantes del Parlamento Andino.

Tras darle el visto bueno al proyecto, lo que toca ahora es plantear las reformas electorales para evitar otra vez la polarización en dos años. De momento, hay dos que chocarían con los intereses de los congresistas y habría resistencia para implementarlas: las elecciones primarias abiertas y la eliminación del voto preferencial.

El primer punto se ha suspendido hasta en tres oportunidades por la pandemia. Por ello, no se realizó ni en las elecciones complementarias de 2020, las generales del año pasado ni en las regionales de este 2022.

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Mientras el segundo punto resulta controversial debido a que bajo esa modalidad existen algunas preferencias dentro de los partidos a la hora de elegir a sus representantes que integrarán las listas de candidatos al Parlamento y el orden de estas para tentar cargos públicos.

Comisión de Constitución es presidida por Hernando Guerra García.
Comisión de Constitución es presidida por Hernando Guerra García.

Por lo pronto, la Comisión de Constitución y Reglamento ya reveló cuáles serán los puntos esenciales de su agenda. Serán por ejes temáticos entre lo que destaca la reorganización de los organismos electorales.

Este punto resulta controversial ya que Renovación Popular de Rafael López Aliaga es la bancada que propuso cambiar a las cabezas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, la iniciativa no ha encontrado respaldo de otros grupos políticos.

Otros puntos en material electoral también está referido a insistir con la bicameralidad. Como se sabe, en junio pasado, el Pleno del Congreso aprobó el retorno a este sistema con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, al no haber superado los dos tercios del número legal de parlamentarios, la reforma constitucional debe ser ratificada vía referéndum.

Adicionalmente, en la agenda también se debatirá la renovación por mitades, las circunscripciones electorales especiales, la conservación de cédulas de sufragio y el sufragio de personas privadas de libertad.

Ciudadanos acudirán a las urnas en abril de 2024.
Ciudadanos acudirán a las urnas en abril de 2024.

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Por otro lado, habrá un paquete de temas como discutir la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el voto de investidura, la disolución del Congreso, la posibilidad de una eventual convocatoria a referéndum.

Propuestas de la Coalición Ciudadana

Por su parte, la Coalición Ciudadana, integrada por más de 340 organizaciones, dio a conocer estas propuestas al diario La República:

- Que pasen a la segunda vuelta presidencial las candidaturas (máximo cuatro) con mayor votación hasta sumar 55% de los votos.

- Que se elija al Congreso en segunda vuelta, después de conocer qué candidaturas presidenciales pasan a esta etapa.

- Prohibición de que condenados por delitos graves postulen a cargos públicos o para trabajar en el Estado, así como financiar o integrar partidos políticos, incluso si ya cumplieron condena.

- Incorporar una circunscripción electoral parlamentaria indígena u originaria y desarrollar mecanismos electorales que viabilicen esa posibilidad.

- Elección de miembros del Tribunal Constitucional vía concurso público por una entidad independiente del Congreso.

- Cambiar vacancia presidencial por incapacidad física o mental permanente comprobada del presidente y que se le pueda acusar y destituir por delitos muy graves de corrupción, abuso de poder o crimen organizado luego de investigación de la Fiscalía.

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