Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional que declaró infundada la inconstitucionalidad de la llamada Ley de Contrarreforma Educativa vinculante a la Sunedu, el Consejo Nacional de Educación (CNE) emitió un pronunciamiento y cuestionó la decisión.
Según el consejo, la demanda que motivó dicho fallo fue presentada “de manera cuestionable” por un grupo de congresistas, “incluyendo a varios de los que la promovieron y aprobaron inicialmente”.
Hace semanas, trece legisladores de bancadas como Fuerza Popular y Perú Libre presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31520. Esto motivó que el TC declare constitucional esta ley con lo que queda sin efecto la acción de amparo del Poder Judicial que frenó su aplicación.
“Como es de conocimiento de la opinión pública, en julio de este año el Congreso aprobó por insistencia dicha norma, que debilita la independencia y eficacia de la Sunedu y reduce considerablemente la rectoría del Ministerio de Educación sobre dicho nivel del sistema educativo”, señaló el consejo.
Agregó que diversas instituciones “como la misma Sunedu, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones y personalidades ciudadanas”, iniciaron “procesos y demandas de amparo” contra la ley aprobada en el Congreso.
“Por su parte, el CNE se ha pronunciado y levantado alertas reiteradas sobre los proyectos de ley y la norma finalmente aprobada, además de participar en espacios de análisis y debate sobre los mismos”, precisó el ente educativo.
Pedidos reiterativos
El consejo expresó que en diversos momentos del año “se pronunció y levantó alertas reiteradas” acerca de los riesgos de la contrarreforma que finalmente fue aprobada en el Legislativo.
“El CNE considera oportuno reiterar algunos contenidos de sus pronunciamientos previos, tales como el emitido en noviembre del 2021, recordando que el Proyecto Educativo Nacional al 2036 señala que “la libertad de las instituciones para tomar decisiones requiere de mecanismos de supervisión conducidos por una instancia independiente de los propios supervisados”, recordó la institución.
“Asimismo, en febrero del presente año, invocó al Congreso a evitar retrocesos en el fomento y aseguramiento de lacalidad de la educación universitaria, advirtiendo que la ley en cuestión recortaba el ámbito de la rectoría del Ministerio de Educación (...) Posteriormente, en el mes de mayo, emitió un tercer comunicado (...) en el cual manifestaba que “los cambios legales aprobados por el Congreso son contrarios al interés público”, añadió.
La última alerta, según el CNE, llegó el último mes de junio cuando exhortaron al Congreso “a no insistir en la aprobación de la autógrafa de la ley eufemísticamente denominada “Ley que restablece la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas”, por considerar que limitaba significativamente la capacidad del Estado”.
Estas alertas, según la CNE fueron ignoradas “cuando se aprobó por insistencia a mediados de año”. “Mientras esperamos que la Resolución del Tribunal Constitucional sea hecha pública, confiamos en que habrá tenido en cuenta estas preocupaciones que son compartidas por los numerosos actores y sectores de opinión pública que comparten nuestra apuesta por una educación universitaria de calidad para todas y todos los jóvenes y adultos”, se remarcó en el documento.
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