Más factores desentrañan lo que habría sido la modalidad para comprar votos durante la administración de Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo tras su intento fallido de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Y la mirada sigue puesta en el papel del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Según el diario La República, Salatiel Marrufo confesó ante la Fiscalía que se promulgó desde el Ejecutivo la Ley 31436, que “aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos de las entidades del Gobierno nacional, los Gobiernos regionales y los Gobiernos locales, y dicta otras medidas”. Con esta norma, se logró la disposición de 1.072 millones de soles de los fondos públicos.
De esta partida presupuestal, cerca de 152 millones fueron destinados a la ejecución de 74 proyectos de agua potable y saneamiento por parte del sector Vivienda. Mientras lo restante fue a parar como parte del pago que Castillo hizo a los congresistas que vendieron su voto contra la vacancia en el Parlamento.
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El detenido ex jefe del gabinete de asesores de Geiner Alvarado mencionó que la Ley 31436 se incluyeron en la relación de obras las que pidieron expresamente los legisladores a cambio de mostrar su rechazo en el segundo proceso de destitución que se promovió contra el expresidente Castillo en marzo pasado.
En la Ley 31436 fueron comprendidos al menos 75 proyectos del Ministerio de Vivienda en localidades de 15 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Callao, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.
“Los congresistas nos hacían llegar los códigos del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) de las obras que les interesaba. Revisábamos si cumplían con la evaluación básica y se incorporaban en el financiamiento”, declaró Salatiel Marrufo también ante la Comisión de Fiscalización.
“Ellos nos daban las gracias, pero también se les decía que eso era a cambio de apoyo al ministerio, al ministro y al presidente. “Te hemos dado obras, necesitamos tu apoyo”. Este hecho era informado también al presidente de la República. (...) El financiamiento no era a congresistas sino a la entidad, a la municipalidad, pero era a petición permanente o exigente de los congresistas”, agregó.
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Con este dato, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción investiga el proceso de adjudicación de cada una de las obras públicas que pidieron los congresistas para establecer qué empresas fueron contratadas y si los propietarios tienen vínculos con las autoridades locales o los legisladores de la región.
Los Niños
Según el diario La República, Marrufo le ha dicho a los fiscales que entregó 10 obras del sector Vivienda, equivalente a 57 millones de soles, a los congresistas de Acción Popular denominados “Los Niños”. No involucró a todos los señalados de manera pública, pero sí especificó con quienes trabajó de codo a codo para sus actividades criminales.
Marrufo ha mencionado los casos de Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori y Elvis Vergara, pero añadió a otra que no es de este grupo de la lampa: Karol Paredes. Ella es actualmente la titular de la Comisión de Ética y Reglamento.
Paredes habría solicitado dos obras. La primera es un sistema de agua potable y saneamiento en la provincia de Lamas, San Martín, región que representa. Mientras que la segunda está en San Hilarión, adjudicada al consorcio integrado por Vector CCG Contratistas Consultores Generales y Ceacatru por 5 millones de soles.
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