Descontento social. Perú vive una de sus crisis más graves de los últimos años. La falta de aprobación hacia las autoridades políticas —y las decisiones que toman— esta vez no solo se ha evidenciado en las clásicas encuestas de opinión, sino también las calles tomadas por los ciudadanos cansados de las malas prácticas en la clase política. Pero, en esta ocasión, la respuesta de los altos funcionarios del Estado no fue la mejor. 27 ciudadanos que participaron de las movilizaciones sociales en rechazo a la crisis perdieron sus vidas. Hasta el día de hoy, las entidades políticas no mantienen una postura clara sobre los responsables de estos fallecimientos.
La destitución de la presidencia de la República de Pedro Castillo vino acompañada de una serie de manifestaciones en las calles de Perú. La ciudadanía se mostró en contra de los últimos acontecimientos políticos y expresaba una serie de pedidos: algunos expresaban su deseo de un adelanto de elecciones generales, otros pedían la conformación de una Asamblea Constituyente y el resto evocaban el cierre del Congreso de la República. Aunque el derecho a la protesta es un derecho legítimo y válido, la respuesta del actual gobierno no fue la esperada.
La represión policial en distintas localidades del país fue una dura sorpresa para los ciudadanos. Los policías encargados de “controlar” las manifestaciones se enfrentaban a los ciudadanos y disparaban en dirección al cuerpo de estos. Se presume que, producto de ello, por lo menos 22 personas que participaron de las protestas perdieron la vida.
La presidenta Dina Boluarte decidió entablar un Estado de Emergencia a nivel nacional para manejar la violencia desatada a lo largo del país. La nueva condición dejaba en manos de las fuerzas armadas y policiales el orden de las calles. Ayacucho fue la región que más padeció ante esta decisión.
Armas de fuego y violación de derechos humanos
Diez personas murieron en esta región de la sierra. Todas ellas fueron impactadas por un arma de fuego. La mayoría de víctimas recibió un proyectil en el tórax. “¡Boluarte asesina”, “¡Por culpa del Congreso, Quinua está luto!” y “¡Eran estudiantes, no eran terroristas!”, dicen los familiares de los fallecidos durante el entierro de los cuerpos.
“Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz”, escribió Boluarte en su cuenta de Twitter el pasado 16 de diciembre tras conocer la noticia de los primeros fallecimientos en la sierra de Perú. Sin embargo, estas palabras parecieron no tener ningún efecto en las decisiones de las FF.AA.
Días antes, Walter Bedriñana, director Regional de Salud de Ayacucho, informó a RPP Noticias que el 90% de las víctimas de las manifestaciones en Ayacucho fueron heridos por perdigones e impactos de bala. “De todos nuestros heridos, el 90% es por perdigones e impactos de bala y el 10% son por contusiones que pueden haber ocurrido en el transcurso de las movilizaciones. Pero, el Ministerio Público está haciendo su trabajo y deberá definir la causa de muerte con las necropsias de los fallecidos”, dijo.
El gobernador de Ayacucho también se pronunció sobre estas muertes y responsabilizó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, de las pérdidas humanas que dejó la represión policial. Carlos Rúa afirmó que la abogada junto a los ministros de Defensa (en ese entonces Alberto Otárola) y del Interior (César Cervantes) tienen “mucho que ver” en estos fallecimientos.
“La señora Dina Boluarte tiene que ver mucho en la muerte de nuestros hermanos ayacuchanos, así como el ministro del Interior (César Cervantes) y de Defensa (Alberto Otárola). Sé que es un momento complicado, pero yo no puedo permitir que mi pueblo esté desangrándose y por eso alzo mi voz para que los congresistas sepan que el país necesita acciones inmediatas”, expuso.
“No sé cómo puede gobernar manchada de sangre viendo morir a más de 10 ayacuchanos. Ella tiene que sacar sus conclusiones y dar un paso al costado”, agregó.
Respecto a esta situación, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) envió un comunicado a través de redes sociales donde solicitó al Estado peruano respetar los derechos de la ciudadanía y evitar vincular los actos vandálicos con las protestas para justificar la represión policial y militar.
Además, rechazó que el gobierno no haya brindado más explicación sobre los fallecimientos que se han registrado hasta la fecha. “Deploramos que hasta ahora el Estado peruano no haya dado una explicación sobre la investigación de las muertes de manifestantes, causadas por las fuerzas del orden, por lo que demandamos el levantamiento del Estado de Emergencia y la plena restitución de las garantías individuales. No se puede retornar a la metodología autoritaria de la violación sistemática de los derechos humanos”, afirmó.
Cuestionadas designaciones y responsabilidad política
En medio de una crisis política que carga con al menos 27 muertos y cientos de heridos, la presidenta Dina Boluarte ha nombrado como parte de su gobierno a cuestionados personajes en las últimas semanas. Uno de ellos es Juan Carlos Liendo, quien fue designado como el nuevo Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) por el gobierno.
De acuerdo a la periodista Jacqueline Fowks, el miembro de la PNP se desenvolvió en años pasados como ayudante de Julio Salazar, ex jefe del SIN condenado a 35 años de prisión por la matanza de La Cantuta. La decisión se tomó en el contexto de una serie de denuncias de represión policial y militar en distintas zonas del país.
“Liendo, el nuevo jefe de inteligencia del gobierno de Boluarte, se desempeñó en el Ejército como ayudante de Julio Salazar, condenado por masacres de La Cantuta y Barrios Altos debido a su cargo de jefe nominal del servicio de inteligencia del gobierno de Fujimori”, escribió la comunicadora.
A raíz de las vidas que cobraron los enfrentamientos entre la ciudadanía y las autoridades policiales y militares, la jefa de Estado, Dina Boluarte, afirmó que nombraría un nuevo gabinete ministerial que ofrezca más confianza a la ciudadanía, de forma que las manifestaciones cesen y la paz vuelva al territorio peruano. Sin embargo, la presidenta tomó la decisión de nombrar como primer ministro a Alberto Otárola, quien se desarrolló como titular de la cartera de Defensa —encargada de las fuerzas armadas— mientras se denunció la represión militar en distintas provincias del país.
“Con la designación de Otárola, el mensaje que está dando el gobierno es que no cree que esa persona [el actual presidenta del Consejo de Ministros] tenga que asumir ninguna responsabilidad por la represión a manos de los militares. Entonces, nadie ha asumido la responsabilidad de lo que está pasando ahorita. Si el gobierno hubiera querido demostrar que están asumiendo la responsabilidad de esos fallecimientos o por lo menos evidenciar la intención de investigar lo que está pasando, no hubiera a la persona que estuvo al frente mientras ocurrieron estos hechos”, explicó el politólogo Javier Albán a Infobae.
El también constitucionalista comentó que esta situación también parte porque las autoridades políticas no comprenden en su totalidad la problemática que enfrenta el país desde un ámbito social. Es decir, no tienen conocimiento sobre las demandas de la población o de qué forma comprenden la política. “Muchos políticos caen en el error de pensar que acá lo único que importa es si se cumplen la ley, si se cumple con la interpretación que ellos puedan tener de la ley y eso es lo que más les preocupa. Pero no se ponen a pensar de qué forma deben de mantener la democracia de un país para que esta funcione”, dijo.
El especialista señaló que esta situación no solo perjudica la estabilidad democrática de la nación, sino que genera una “crisis de confianza” hacia las instituciones y autoridades políticas de Perú.
“Lo que pasa ahorita es una crisis de confianza. La gente no cree en el sistema. Por esto, no deberíamos solo preocuparnos por cumplir con lo que dice la ley, la Constitución, que sí es algo importante, pero también debemos crear más confianza, no destruirla. Ganar esa legitimidad política hace que la gente se sienta más parte del sistema y no lo rechace. Esto permite que la ciudadanía se sienta parte de un proceso político. Pero si tú tomas un montón de decisiones que permanentemente hacen sentir a las personas no escuchadas y que las hace sentir que les estás faltando respeto, que no estás tomando en cuenta sus intereses, entonces entramos en un problema”, aseguró.
Albán se refirió a los fallecidos durante las movilizaciones sociales y afirmó que el fallecimiento de un familiar en una situación donde participa un ente del Estado —como las fuerzas armadas y PNP— genera un cierto rechazo hacia las autoridades que puede ser transmitido a otras generaciones, lo cual podría generar un sentimiento negativo hacia los funcionarios y, en simultáneo, al gobierno.
“Por los indicios, las personas fallecieron siendo inocentes, pero, si no lo fueran, si tú te pones a pensar en el resultado práctico, lo que va a ocurrir allí es que simplemente su muerte va a quedar allí. Para la familia que perdió a esa persona, va a tener rabia contra del Estado. No les van a importar si se cumplió la ley o si tal acción estaba está justificada. Habrá un componente emocional fuerte y muy comprensible de rabia. Y eso deja semilla. Y esa historia se la cuentas a tus hijos, a tus hermanos y entonces que tienes una rabia al Estado, al funcionario, a la democracia”, aseveró.
Una ciudadanía cansada
No es novedad que la clase política tiene un alto rechazo de parte de la sociedad peruana. En las encuestas de opinión, el rechazo hacia el Congreso de la República supera el 80% y el 70% desaprobaba la gestión de Castillo Terrones. Esta disconformidad con las autoridades electas se tradujo en la necesidad de un adelanto de elecciones, opción que gozaba del 83% de aprobación de los peruanos.
Para el sociólogo Nicolás Lynch, el hartazgo que ha generado la crisis política de los últimos años ha sido el motivo principal por el cual la población decidió movilizarse a nivel nacional. “El problema es que la gente ha tenido una respuesta furiosa frente a la salida de Pedro Castillo de la residencia porque está harta de las mentiras de la clase política. Está harta del modelo neoliberal que esta clase política ha administrado para mal. Y no es algo de ahora, sino de los últimos 30 años”, precisó a Infobae.
Este descontento social se ha juntado con el desempleo, el alza de precios y demás problemáticas que enfrenta Perú en estos momentos, señaló el experto. Sin embargo, señaló que el hecho de alzar la voz de protesta debe ir acompañada de la protección de los derechos de las personas de parte de la PNP, pues esta representa una forma de libertad de expresión que contemplan los regímenes democráticos.
“Es el hartazgo el que promueve una respuesta furiosa. Probablemente haya gente que tiene agendas distintas. En todos los casos, le toca a la policía acompañar las movilizaciones, no reprimirlas. La movilización social es una expresión de la democracia, no es contrario a la democracia. Toca a la policía identificar a la gente que tiene otras agendas y aislarlas, separarlas. Pero una protesta no es causada por acusadores ni por agitadores. Mucho menos por terroristas. Esto es causado por el hartazgo con este modelo”, acotó.
El docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) refirió que corresponde a las autoridades escuchar el pedido de la población y proteger el derecho a la protesta, pues considera que es a través de las manifestaciones sociales que la clase política puede tomar consciencia de las demandas de la sociedad.
El profesional también afirmó que la declaratoria de Estado de Emergencia no ha sido la mejor decisión de parte del gobierno, pues esta no suele ser bien vista por los pobladores, mucho menos en un contexto de convulsión social. “Yo creo que se ha fabricado un escenario de guerra a través del Estado de emergencia. Eso es muy grave, entre peruanos no podemos considerarnos enemigos. No podemos distinguirnos entre peruanos. Hay una protesta justificada y debe respetarse”, agregó.
Por otro lado, el docente también hizo hincapié en la figura que representaba Pedro Castillo para los votantes. Lynch dijo que la destitución de este de su cargo también impactó en el significado de la llegada de un maestro rural a la presidencia de la República.
“Más allá del mal gobierno del señor Castillo, la gente tenía una identidad social con él. Recordemos que su lema era ‘yo pobre’, ‘yo rural’, ‘yo maestro rural’. Y esta es una profesión estigmatizada. Existía una identidad social, quizás no política, pero eso debería tomarse en cuenta por parte del poder y el cómo afecta esta identidad social. Ojo, una cosa es la identidad política y otro la identidad social, están relacionadas, pero no son lo mismo. La gente sí se identificaba con Castillo porque era común ellos. Y el poblador que tiene esa identidad no es un terrorista ni es un narcotraficante, simplemente siente que la poca llegada que tenía el poder y ha sido arrebatada”, concluyó.
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