Las reformas que la Comisión de Constitución priorizará de cara a las elecciones generales de abril 2024

Tras aprobarse en primera votación el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, la Comisión de Constitución y Reglamento determinó una serie de reformas con el objetivo de que se puedan implementar de cara a este proceso. El legislador Hernando Guerra García (Fuerza Popular), titular de este grupo de trabajo, fue el que reveló ayer cuáles serán los puntos esenciales de su agenda.

Aunque, Guerra García adelantó primero que se decidió ordenar la discusión de las iniciativas “poniendo por delante aquellos temas que tengan que ver con lo electoral” y abordarlos en lo que resta de la presente legislatura hasta el 31 de enero. Serán por ejes temáticos entre lo que destaca la reorganización de los organismos electorales.

Este punto resulta controversial ya que Renovación Popular de Rafael López Aliaga es la bancada que propuso cambiar a las cabezas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, la iniciativa no ha encontrado respaldo de otros grupos políticos.

Te puede interesar: Jurado Nacional de Elecciones en contra de remover autoridades electorales ante eventual adelanto de elecciones

Además, a través de un comunicado, el JNE le recordó a Jorge Montoya, promotor de la propuesta, que los cargos de las instituciones electorales no son escogidos por el Congreso, sino que son nombrados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Por ello, la solicitud del vocero de Renovación Popular sería una violación al artículo 103 de la Constitución.

Además, se resaltó que existe un mandato de protección desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a las instituciones de cualquier tipo de injerencias. Es así que el JNE ha calificado “un grave atentado contra la administración y la justicia electoral en el Perú” lo expresado por Montoya como una salida a la crisis política que atraviesa el Perú. Mientras tanto, la CIDH será informada de los peligros que enfrenta el JNE.

Otros puntos en material electoral también está referido a insistir con la bicameralidad. Como se sabe, en junio pasado, el Pleno del Congreso aprobó el retorno a este sistema con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, al no haber superado los dos tercios del número legal de parlamentarios, la reforma constitucional debe ser ratificada vía referéndum.

Adicionalmente, en la agenda también se debatirá la renovación por mitades, las circunscripciones electorales especiales, la conservación de cédulas de sufragio y el sufragio de personas privadas de libertad.

Por otro lado, habrá un paquete de temas como discutir la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el voto de investidura, la disolución del Congreso, la posibilidad de una eventual convocatoria a referéndum.

“Tenemos un eje importante que es el fortalecimiento del control ético-parlamentario, renunciabilidad del cargo de congresista, mayor severidad a las sanciones de los congresistas y el fortalecimiento del sistema de control de normas con relación a establecer validación para las firmas de demandas de inconstitucionalidad”, manifestó Guerra García.

Te puede interesar: Renovación Popular propone que proyecto de adelanto de elecciones incorpore cambios de autoridades en la ONPE, JNE y Reniec

Por lo pronto, la Comisión de Constitución tuvo ayer la exposición de tres proyectos de ley que también buscarán implementarse para las próximas elecciones. Estas consisten en impedir la postulación de personas con sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de delitos dolosos como criminalidad organizada, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, narcotráfico, entre otros.

Además, se busca la sincronización de las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial de tres candidaturas. Por otro lado, también se discute la posibilidad de que el presidente de la República sea acusado por delitos contra la administración pública y otros “de gran connotación y repercusión” como terrorismo, violación de la libertad sexual y feminicidio.

SEGUIR LEYENDO