Economía peruana perdió más de S/ 3.200 millones en producción por protestas sociales

Durante la semana de protestas sociales y bloqueo de carreteras, el Perú registró una pérdida económica de S/ 3.200 millones en producción, en las diferentes regiones del país, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

En ese sentido, el Instituto de Estudios Económicos (IEES) de la SNI, realizó un análisis en el que determinó que las paralizaciones y tomas de carreteras y aeropuertos han afectado principalmente a las regiones del Sur (Ica, Arequipa, Puno, Apurímac y Cusco), siendo los sectores productivos más afectados los de agricultura, minería e industria.

Así, han generado pérdidas de S/ 636 millones en Arequipa, S/ 395 millones en Cusco, S/ 515 millones en Ica, S/ 231 millones en Puno y S/ 170 millones en Apurímac, refirió el gremio nacional de industrias.

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Por sectores, la SNI destacó que la agricultura ha experimentado en estos 7 días pérdidas valorizadas en S/. 468 millones. Otro sector gravemente afectado en estos días ha sido la minería, con pérdidas por un valor de S/. 609 millones; la industria nacional también se ha visto seriamente afectada, con pérdidas de S/. 325 millones en una semana.

“De continuar las paralizaciones y el clima de violencia que afectan al aparato productivo nacional durante esta semana, podríamos llegar a experimentar pérdidas de S/ 6.400 millones en total en un periodo de 14 días”, advirtió el gremio industrial.

Diversas regiones del norte del país también se vieron afectadas por las paralizaciones y actos de violencia que han afectado a diversos sectores productivos. Así, Piura, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas han experimentado pérdidas de S/ 900 millones en conjunto en una semana.

Durante una reunión sostenida entre la presidenta Dina Boluarte y representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se abordó las principales medidas elaboradas por el gremio para promover el desarrollo social y económico del país, con énfasis en el crecimiento de las regiones, la generación de la inversión privada, el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; así como la aplicación de medidas para enfrentar la inflación y el fomento de la diversificación productiva, la economía circular y el valor compartido.

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En dicha reunión, el presidente de la SNI, Jesús Salazar Nishi, exhortó a la jefa de Estado a trabajar de manera conjunta para atender los temas urgentes que demandan los peruanos, promoviendo el respeto a la institucionalidad y la estabilidad política, así como el compromiso de la lucha contra la corrupción.

La SNI entregó al Poder Ejecutivo una serie de importantes medidas que urgen aplicarse, entre las cuales están:

1.- Centralizar la ejecución de las grandes obras estratégicas nacionales y regionales en organismos especializados y con autonomía, siguiendo el ejemplo de otros países en Latinoamérica y la OCDE.

2.- Potenciar el programa Compras a MYPErú como un eje de reactivación de las microempresas, centralizando presupuesto para programas de fabricación de calzado, polos, buzos y carpetas escolares y alimentos.

3.- Ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos, que permitan la creación de empleos por impuestos, atención a la seguridad pública, anemia, friaje, desarrollar nuevos alimentos fortificados.

4.- Emitir el Reglamento de la Ley que asigna el 40% de las Compras del Estado para las micro y pequeñas empresas manufactureras nacionales.

5.- “Bonos Productivos” para dotar de capital de trabajo a los emprendedores del autoempleo, vía crédito a los sectores de subsistencia, a través del Banco de la Nación y el micro crédito, a fin de crear salidas productivas y de negocios a la población en situación de pobreza en las regiones.

6.- Aplicación de políticas sectoriales en sectores intensivos en empleos y en generación de exportaciones no tradicionales, como el caso de la acuicultura y pesca y sector confecciones.

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Asimismo, la SNI propuso un Pacto por el desarrollo social y económico del Perú, en el que participen los diversos actores de la sociedad civil y las autoridades nacionales, regionales y locales.

Este pacto debe apuntar a medidas concretas como la reducción de la pobreza al 20% y la eliminación de la pobreza extrema hacia el 2026, trabajar para frenar la informalidad laboral y que esta sea del 60% al 2026, frente al 76,1% actual, desarrollar medidas para reducir los altos índices de anemia y desnutrición crónica, y apuntar a un crecimiento por encima del 4% del PBI.

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