La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso decidió invitar al cuestionado ministro de Educación, Óscar Becerra, con el fin de que explique las supuestas irregularidades que se habría cometido para prorrogar el mandato del rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Anselmo Magallanes Carrillo. Deberá comparecer ante este grupo el próximo martes 27 de diciembre.
En los últimos días, alumnos y docentes de dicha casa de estudios denunciaron lo que pasaba con el proceso de elección de su máxima autoridad. Por ello, la comisión liderada por la congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular) tomó apunte y decidió la conformación de un grupo de trabajo a fin de evaluar y proponer acciones inmediatas. Entre estas, llamar al ministro Becerra.
Hay que enfatizar que el nuevo titular del Minedu ha estado en la mirada de los cuestionamientos.
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Becerra, juramentado esta semana por Boluarte, fue involucrado en 2027 en una compra irregular de 846.000 laptops de plástico de la Fundación One Laptop Per Child (OLPC), gestionada en el segundo gobierno de Alan García (1985-1990 y 2006-2011). La adquisición tenía como supuesta finalidad apoyar a estudiantes de bajo recursos económicos.
Una oficina de la Universidad San Martín, a cargo del hoy titular del Minedu, participó en calidad de evaluadora de esta compra, investigada en su momento por una megacomisión que, liderada el excongresista Sergio Tejada, halló una sobrevaloración de 11 millones de dólares.
Según el portal Epicentro, en la reunión donde se decidió la importación participaron empresarios muy cercanos al exmandatario, como, por ejemplo, Jorge Barata, jefe de Odebrecht en el Perú.
De acuerdo al anuncio presidencial, la operación tendría éxito debido a su bajo costo: 100 dólares por equipo. Al final, cada laptop costó más del doble, 225 dólares, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.
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Además, el ministro Becerra emitió comentarios homófobas y transfobicas emitidas antes de asumir en el Gabinete de la presidenta Dina Boluarte.
“Sé que algunos comentarios antes de ser ministro han ofendido específicamente a la comunidad LGBTI. Quiero ofrecerles mis disculpas incondicionales. No quiero usar la expresión ‘si los he ofendido’. La percepción de una ofensa está en el ofendido, no en el ofensor”, remarcó Becerra en una conferencia de prensa.
“En ese sentido, quiero ofrecer mis sinceras disculpas y mi respeto irrestricto y el de esta administración a peruanos y peruanas de cualquier orientación e identidad”, continuó. Es la primera vez que el Gobierno de Boluarte admite la vulneración de derechos de la comunidad LGBTI.
El 14 de marzo de 2018, Becerra comentaba: “Hombre o mujer es sexo y genética. Masculino o femenino. Género y gramática. Gustos y uso de orificios corporales”, según un reporte de Canal N, que visibilizó la oposición del ahora ministro hacia una educación con perspectiva de género.
Hasta 2020, según una encuesta realizada por Ipsos a pedido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la comunidad LGBTI incluía a un 8% de peruanos, lo que equivale a 1.7 millones de personas.
El 71% de las personas sostuvo entonces que los miembros del colectivo son discriminadas, por encima de otros grupos vulnerables como las personas con VIH (70%) y las comunidades indígenas (64%).
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