Los actos de violencia no necesariamente deslegitiman las protestas, asegura Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Las protestas contra la clase política peruana registradas durante las últimas semanas han dejado a decenas de personas heridas y 27 ciudadanos fallecidos. El hecho ha conmovido al país, pero también ha obligado a perder la atención a los reclamos que en la calle se han escuchado. Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennifer Dador, resaltó el impacto que la violencia ha logrado alrededor del reclamo ciudadano.

“Como organismos de derechos humanos, rechazamos tajantemente el uso de la violencia venga de donde venga. Así como cuando defendemos los derechos humanos decimos que no defendemos personas, sino principios, en el caso de la violencia igual la rechazamos”, dijo en conversación con RPP Noticias. Asimismo resaltó que “los actos de violencia que se producen dentro de una protesta no necesariamente deslegitiman toda la protesta”.

Cabe señalar que durante las últimas semanas los manifestantes han exigido el adelanto de elecciones generales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y, en algunos casos, la liberación de Pedro Castillo. Los dos primeros pedidos deberán ser atendidos por el Poder Legislativo que, a su vez, ha recibido una propuesta de adelanto de comicios por parte de la presidenta Dina Boluarte, los mismos que se realizarán en abril del 2024.

Durante las manifestaciones y ante la detención de ciudadanos, la CNDDHH brindó asesoría legal y de emergencia. Grupos de abogados se presentaron en las comisarías para asegurar que las personas detenidas hayan sido registradas inmediatamente con el fin de evitar que en el futuro cercano se desconozca su paradero. Esta actitud responde a los precedentes registrados en el Perú hace tres décadas.

“Todos tenemos en la memoria aún presente las prácticas de los 80 y 90. Entonces vemos que se registre a la persona, asegurar su derecho a defensa y luego vemos su situación. Respecto a las personas que han perdido la vida, lo que hacemos es documentar el caso en este primer momento. Por eso es fundamental el tema de las pericias, de las necropsias, todos los videos que puedan haber, identificar testigos, etc.”, señaló.

Tras las diversas protestas y actos violentos en todo el país, el Ministerio Público continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer los 27 decesos ocurridos en los últimos días.

Ayacucho fue una de las regiones más afectadas en todo el país en medio de las diversas manifestaciones, pues reportó el fallecimiento de diez de sus ciudadanos.

La agitación social, que inició hace dos semanas tras el autogolpe de Pedro Castillo, también deja diversos heridos; 34 de ellos permanecen hospitalizados en Ayacucho (10), Junín (7), La Libertad (7), Ucayali (1), Huancavelica (1), Apurímac (6), Lima (1), y Arequipa (1), según información del Ministerio de Salud.

“Aperturar investigación preliminar por el término de 60 días contra Antero Mejía Escajadillo - Jefe de la Región Macro Región Policial de Ayacucho y Jesús Amarildo Vera Ipenza - Comandante General de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho”, se lee en el documento recogido por Panamericana.

En este escenario, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho inició una indagación preliminar, contra dos autoridades policiales, por los fallecimientos registrados.

El documento también refiere que aquellos que resulten responsables como presuntos autores mediatos, del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Homicidio Calificado, serán igualmente investigados.

Las víctimas de dicha región comprenden a un menor de edad identificado como C.M.R.A., Jhonathan Alarcón Galindo, Luis Urbano Sacsara, Edgar Prado Arango, Jhon Mendoza Huarancca, Josué Sañudo Quispe, José Aguilar Yucra, Raúl García Gallo, Clemer Rojas García y Ronaldo Fernando Barra Leyva.

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