Las designaciones de los ministros de Estado en la gestión del expresidente Pedro Castillo siempre fueron cuestionadas. Pese a que tuvo varias oportunidades para realizar algunos cambios, no lo hizo. El último gabinete fue liderado por la abogada Betssy Chávez, quien renunció a su cargo tras el fallido autogolpe anunciado el miércoles 7 de diciembre. Sin embargo, algunos exministros continuarán en la mira por presentar investigaciones preliminares en proceso.
El vacado mandatario estaba cerca a cumplir 500 días de su gestión, pero con varios pasivos. En este periodo, se realizaron 81 designaciones ministeriales, pero en total 72 personas han estado en el gabinete. Esto debido a que algunos regresaron a sus carteras y otros migraron a un ministerio distinto.
Ante ello, Infobae conversó con la docente en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño, quien analizó y explicó cómo perjudicó el gabinete al expresidente Castillo.
“Ha sido un mandato complicado que está muy opacado por una serie de presuntos actos de corrupción y de manejo político que no han sido los más colocados. El Poder Ejecutivo tendría que empezar a tomar en cuenta más profesionalismo, experiencia y la unidad de escoger a los altos funcionarios: ministros, viceministros y secretarios generales, para que de alguna manera tener continuidad de las acciones que se están tomando”, manifestó.
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Asimismo, la especialista mencionó que estos cuestionamientos no solo perjudican a los ciudadanos, sino también a la “imagen del Ejecutivo”. Mientras tanto, Castillo siempre negaba todos los casos de corrupción en los que es investigado; de la misma manera que lo hicieron sus ministros.
Gabinete Chávez investigado
La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, presenta investigaciones preliminares abiertas por la Fiscalía de la Nación. Es investigada por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. Esto, luego de conocerse que habría favorecido con contratos públicos a Abel Sotelo Villa, según el reportaje del programa Cuarto Poder.
De acuerdo con este material, la extitular habría favorecido a familiares de Sotelo con contrataciones del Estado. No obstante, para el programa habría una relación sentimental entre Sotelo y Chávez, así lo demostraría un video, pese a que la expremier lo ha negado.
Chávez también fue censurada por el Parlamento por la huelga de los controladores aéreos. Sin embargo, hace más de una semana, la Fiscalía confirmó que comenzarán una investigación contra la también parlamentaria por el presunto delito de rebelión y conspiración. El mismo con el que Castillo fue enviado a prisión preventiva por 18 meses.
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En noviembre del presente año, el extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, también fue incluido en la investigación del exjefe de Estado por pertenecer a una presunta organización criminal. Para la Fiscalía habría cometido el delito de obstrucción a la justicia.
El ministro del Interior, Willy Huerta, es otro que se encuentra en investigaciones. En este sentido, el Ministerio Público realiza diligencias por presuntamente haber favorecido en las designaciones de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú.
Gabinete Aníbal Torres
En este gabinete, algunos se mantuvieron en la gestión anterior y posterior, pero también hubo nuevos rostros que no fueron ajenos a las investigaciones. En un reportaje emitido por Punto Final, un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud denunciaban al entonces titular, Jorge Antonio López Peña, de solicitarles realizar depósitos a favor de su exesposa en varios montos. Con este dinero habría adquirido un departamento. Sin embargo, la Fiscalía investiga la procedencia de este monto. Este caso le costó el puesto a López.
Otro de los que se encuentra bajo la lupa es Geiner Alvarado López, el exministro que fue censurado por el Parlamento, pero que su nombre comenzó a sonar en los últimos días. Para la justicia, sería parte de la organización criminal que presuntamente operaba en Palacio de Gobierno.
La situación de Alvarado se podría complicar luego de las declaraciones de su exjefe de gabinete, Salatiel Marrufo, quien afirmó haber recibido soborno de la empresaria Sada Goray. Este dinero habría sido repartido entre el expresidente Castillo, Alvarado y él. E incluso resaltó que era con quien coordinaba para la entrega de una parte de los altos montos que tenían destino final en el exmandatario.
La gestión de Castillo también tiene un ministro prófugo de la justicia. Juan Silva se ha convertido en el extitular que hasta el momento no se sabe de su paradero tras ser investigado por los delitos de red criminal y colusión agravada. Además, se encuentra en la lista de los más buscados.
Un autogolpe fallido
El mensaje a la Nación de Castillo que anunciaba la disolución de Congreso de la República, solo trajo consecuencias y más investigaciones a sus exministros. Es así como el expremier Aníbal Torres fue incluido en esta carpeta fiscal por el delito de rebelión, a quien el juez Juan Carlos Checkley decidió otorgarle comparecencia con restricciones y reglas de conducta. Uno de los fundamentos del magistrado fue porque cuenta con arraigo domiciliario y también presenta un delicado estado de salud.
Otro de los exministros que se encuentra involucrado en el mismo caso es Willy Huerta, quien habría tenido participación en el mensaje de la Nación para ordenar el golpe de Estado. En este caso, el Ministerio Público se encuentra realizando las diligencias preliminares para sustentar los indicios.
Enfrentados: Ejecutivo y Legislativo
Antes que el entonces presidente Castillo anunciara un golpe de Estado y luego el Congreso lo vacara. Estos dos poderes agudizaban los procesos que se podría haber trabajado desde un comienzo, no existía una tregua. Según la especialista, esto finalizaba en “una crisis política” que solo perjudicaba al ciudadano.
“Hemos venido teniendo una continuidad en esta situación donde los Poderes del estado termina llevándonos a crisis políticas constantes, debido a que están centrados en esa atención (casos de corrupción). (…) Todo esto nos costará una fuerte factura, no solo al Gobierno, sino al país. Y quien de alguna manera lo va a terminar sufriendo la consecuencia es la población”, precisó la docente.
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