Comunidades religiosas realizan un llamado de paz para acabar con la crisis social en el Perú

Debido a la ola de violencia que se registra en las regiones del interior del país que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, diversas instituciones religiosas emitieron ayer un comunicado para solicitar la paz y la unidad en esta difícil situación.

“Creemos que debemos escucharnos y atender el clamor de nuestros hermanos que reclaman por sus derechos, tarea particularmente propia del Estado”, reza la misiva. Además, destacaron que se requiere políticas de largo y mediano plazo, en el que la educación y el trabajo sean el elemento central.

“El momento actual exige de nuestras autoridades políticas y civiles la capacidad de desprendimiento para buscar, a través del diálogo franco y sincero, salidas verdaderamente democráticas. En la crisis actual, toda solución requiere la aplicación conjunta de enfoques espirituales, morales y éticos”, exponen.

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“No queremos un país atomizado, polarizado ni violento. Los millones de peruanos queremos y confiamos en la justicia, la unidad y la paz, pues “una casa dividida no puede prosperar, engendra su propia destrucción”, advierten.

En esa línea, destacan la importancia de “crear espacios de diálogo sincero y vinculante, caminos de esperanza para las nuevas generaciones, lejos del odio”.

“El gran mensaje que queremos transmitir es tratar a los demás como quisiéramos que se nos trate a nosotros mismos, principio ético que todos debemos compartir. Hacemos un llamado a la paz, a la tranquilidad, a la unidad y la reconciliación a partir de un amplio proceso de escucha y diálogo nacional”, refieren.

Entre los firmantes de este comunicado se encuentra la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico, la Conferencia de Religiosos y Religiosas, la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada del Perú y otras instituciones.

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Las protestas que se viven en el Perú, iniciadas el miércoles siete de diciembre, se generaron tras la juramentación de Dina Boluarte como presidente de la república. La ex vicepresidenta reemplaza a Pedro Castillo, arrestado e investigado por el delito de rebelión, entre otros, tras intentar concretar un autogolpe de Estado.

Hasta el momento, según el Ministerio de Salud (Minsa), se reportan 26 fallecidos en todo el país. Además, se reportan 36 personas hospitalizadas en Ayacucho (14), Junín (7), La Libertad (7), Ucayali (1), Apurímac (5), Lima (1) y Arequipa (1) / Fallecidos (26): en Ayacucho (9), Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3) y Arequipa (2).

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó esta semana para reunirse con diversos actores con el fin de recabar información sobre la situación de los derechos humanos en Perú.

La ONG Human Right Watch (HRW) se pronunció sobre los actos de violencia ocurridos durante las protestas realizadas contra el gobierno de Boluarte. Cconsideró que los actos vandálicos registrados por parte de quienes serían manifestantes no justifica el uso excesivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)

“La violencia cometida durante las protestas debe investigarse, pero no justifica el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que puede poner en peligro la salud y la vida de las personas”, ha afirmado la directora de HRW para Latinoamérica, Juanita Goebertus.

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