El último miércoles, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la Denuncia Constitucional (DC) 326 contra el expresidente Pedro Castillo y sus exministros por una presunta infracción constitucional del artículo 38 y el primer numeral del artículo 118 de la Carta Magna.
La denuncia discutida en el mencionado grupo parlamentario obtuvo 13 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. Ello tras considerar como negación de la cuestión de confianza el “rechazo de pleno” del Congreso, según un acta del Consejo de Ministros el pasado domingo 27 de noviembre.
De acuerdo con el informe de calificación elaborado por la secretaría técnica de la Subcomisión, la denuncia que fue presentada por la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) cumplen todos los requisitos de formalidad para este extremo, mas no así en otros extremos solicitados.
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Por otro lado, este informe que ha sido aprobado recomendaba también archivar o declarar improcedente el proceso contra el expresidente por el presunto delito de rebelión.
“En concreto ha sido pues que ellos aplicaban esa tan sonada denegatoria fáctica cuando ya el Congreso de la República había, a través de la Mesa Directiva, declarado improcedente porque no cumplía lo que se establecía en la ley que había sido ratificada también por el Tribunal Constitucional”, detalló para la prensa nacional, Lady Camones, presidenta de la subcomisión.
“Había sido denunciado también por algunos delitos que la congresista Roselli Amuruz había establecido o precisado en su denuncia como por ejemplo rebelión, sedición o motín, que es un delito que están tipificados en el Código Penal Peruano. Pero nosotros hemos considerados que los hechos realizados por el gabinete de Pedro Castillo liderados por el expremier Anibal Torres pues no constituye a este tipo de delito, no estamos hablando de la comisión de delitos, pero sí de infracción a nuestra Constitución”, agregó.
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Cabe mencionar que en esta denuncia también está incluido el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres; y los ministros de Defensa, Daniel Barragán; del Interior, Willy Huerta; Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero; de Relaciones Exteriores, César Landa; de Economía y Finanzas, Kurt Burneo; de Educación, Rosendo Serna; Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo; de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas.
Asimismo, los exministros de Producción, Jorge Prado; de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; de Energía y Minas, Alessandra Herrera; de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua; de Salud, Kelly Portalatino; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila; de Ambiente, de Ambiente, Wilbert Rozas y de Cultura, Betssy Chávez.
Otras investigaciones
Mientras las autoridades judiciales determinan si Pedro Castillo cometió el delito de rebelión, han establecido una prisión preventiva por 18 meses. Paralelo a ello, continuarán las investigaciones por los otros presuntos delitos que habría cometido durante su breve mandato:
- Caso Puente Tarata III. Presuntos delitos: organización criminal y tráfico de influencias
- Compra de biodiésel en Petroperú (Heaven Petroleum). Presunto delito: tráfico de influencias
- Ascensos militares y favorecimientos en la Sunat. Presunto delito: Tráfico de influencias
- Tras denuncia de Mariano González. Presuntos delitos: organización criminal y encubrimiento
- Presunto plagio de la tesis de maestría (antes de que asumiera presidencia). Presunto delito: plagio
- Obras en Cajamarca.Presunto delito: contra la tranquilidad pública en modalidad de organización criminal
- Presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, la cual también alcanzó a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
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