La madrugada de este jueves 22 de diciembre, la ONG Human Right Watch (HRW) se pronunció sobre los actos de violencia ocurridos durante las protestas realizadas contra el gobierno de Dina Boluarte en varias partes del Perú que ha dejado al menos 21 muertos. En ese sentido, el organismo instó a las autoridades judiciales a investigar los hechos.
En ese sentido, la ONG consideró que los actos vandálicos registrados por parte de quienes serían manifestantes no justifica el uso excesivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)
“La violencia cometida durante las protestas debe investigarse, pero no justifica el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que puede poner en peligro la salud y la vida de las personas”, ha afirmado la directora de HRW para Latinoamérica, Juanita Goebertus.
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Añadió que las autoridades del Perú deben dar prioridad al diálogo con los manifestantes, en cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos, en busca de una solución a la actual crisis política del país.
El organismo también resaltó las acciones de violencia contra los periodistas peruanos que buscaban informar sobre los aconteceres de crisis interna y sobre el bloqueo de carreteras de todo el país durante varios días.
“La Asociación Nacional de Periodistas de Perú reportó 47 agresiones contra reporteros que cubrían las manifestaciones y medios de comunicación, el 90 por ciento por manifestantes y el resto por policías”, mencionó la ONG.
Ante ello, HRW hizo un llamado a los manifestantes que tener derecho a la protesta pacífica “no incluye impedir el paso de ambulancias, suministros médicos y otros servicios de emergencia”.
También incluyó en su llamado a los fiscales especializados en Derechos Humanos a “dirigir las investigaciones sobre posibles abusos por parte de la policía o las fuerzas armadas”.
Cabe mencionar que, hasta el momento Defensoría del Pueblo ha reportado de 21 muertes, entre los que se incluyen a cuatro de niños. Según datos del Ministerio de Salud, al menos 12 personas han sido “probablemente” asesinadas por armas de fuego. Esta última información está por ser corroborada por los resultados de la autopsia.
También se reportó que 356 manifestantes y 290 policías han resultado heridos hasta el 18 de diciembre. De estas, 38 personas permanecían hospitalizadas hasta el 20 de diciembre, incluidas ocho en estado grave, según la cartera peruana de Salud.
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Las protestas iniciaron tras la vacancia aprobada en el Congreso contra Pedro Castillo el pasado 07 de diciembre luego que el exmandatario diera un fallido golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
Ese mismo día, la vicepresidenta Dina Boluarte juró al máximo cargo del país en reemplazo del vacado Castillo Terrones, tal como lo señala la Constitución del Perú. La población, en su mayoría de las regiones profundas, comenzaron a movilizarse y bloquear las carreteras.
Varios miembros de la Policía Nacional iban ingresando a los hospitales tras haber sido golpeados por grupos vandálicos. A estos lugares llegó la mandataria y tras escuchar los pedidos de los heridos de la PNP, estableció un estado de emergencia por 30 días, suspendiendo algunos derechos básicos como la libertad de asociación o permitiendo el despliegue del Ejército para “apoyar” a la Policía en el mantenimiento del orden en lugares públicos.
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