El Congreso tras varios días de debate y negociaciones ha aprobado en primera votación el adelanto de elecciones para abril del 2024. A ello se le suma el pedido de algunos congresistas, como el fujimorista Alejandro Aguinaga, de remover de sus cargos a los jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
“Después de vacar al golpista de Pedro Castillo Terrones, el Congreso de la República da señal democrática de desprendimiento y aprueba con 93 votos la primera votación para el adelanto de elecciones generales. Ahora toca a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, a de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al del Registro Nacional de Identificación y Registro Civil igual desprendimiento. ¡Nos vamos todos!”, señaló.
La propuesta proviene de un miembro del partido que prolongó la proclamación de la más reciente elección presidencial y cuyos seguidores en muchas ocasiones calificaron de fraude los comicios del 2021. Sin embargo, el propio Congreso, luego de poner en marcha una comisión investigadora sobre las elecciones generales del año pasado, decidió enviar al archivo el informe final del mencionado grupo de trabajo.
Al pedido también se han sumado bancadas como Renovación Popular. Dicho grupo propuso ante la Comisión de Constitución, el último martes veinte, que el proyecto de ley para adelantar las elecciones incluya el cambio de todas las autoridades mencionadas. Cabe señalar que Jorge Montoya, presidente de la comisión que investigó las elecciones generales del 2021, pertenece a la bancada celeste.
Responde el JNE
A través de un comunicado, el JNE le recordó a Jorge Montoya, promotor de la propuesta, que los cargos del Jurado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) no son escogidos por el Congreso, sino que son nombrados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Por ello, la solicitud del vocero de Renovación Popular sería una violación al artículo 103 de la Constitución.
Además, se resaltó que existe un mandato de protección desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a las instituciones de cualquier tipo de injerencias. Es así que el JNE ha calificado “un grave atentado contra la administración y la justicia electoral en el Perú” lo expresado por Jorge Montoya como una salida a la crisis política que atraviesa el Perú. Mientras tanto, la CIDH será informada de los peligros que enfrenta el JNE.
La institución resaltó la existencia de un constante intento de retirar a Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, de su cargo tras las cuestionadas elecciones generales del 2021. Durante dichos comicios se filtró la idea de un posible fraude que ha sido descartado en repetidas ocasiones incluso por el Congreso. Precisamente fue Jorge Montoya quien estuvo a cargo de una investigación cuyo informe final fue enviado al archivo.
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