Dos generales de la PNP son investigados por la muerte de 10 manifestantes durante represión en Ayacucho

Los generales Antero Mejía Escajadillo y Jesús Vera Ipenza son señalados como “autores mediatos” de la muerte de los diez manifestantes en Ayacucho, cifra que elevó a 27 las víctimas mortales en las protestas contra el gobierno de Boluarte

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El jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, el general PNP Antero Mejía Escajadillo, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general EP Jesús Vera Ipenza, fueron incluidos este miércoles en una investigación fiscal por la muerte de 10 manifestantes en esta región, debido a los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, a cargo de la fiscal Karen Obregón Ubaldo, abrió la investigación contra los generales, señalados de ser autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado ante estos decesos durante la represión.

La denuncia fue interpuesta conjuntamente por los abogados Abimael Méndez Conde, Yuri Martinez Ochoa, Víctor Porras Rivera, Mario Escriba Tineo y Jack J. Diburga Cuba.

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Según La República, la indagación preliminar por 60 días tiene relación con la muerte de Josué Sañudo Quispe, Clemer Rojas García, Luis Urbano Sacsara, Jhon Mendoza Huarancca, José Aguilar Yucra, Raúl García Gallo, Edgar Prado Arango, Jhonathan Alarcón Galindo, Ronaldo Fernando Barra Leyva y el menor C.M.R.A.

Videos y fotografías de los violentos eventos, muestran que efectivos del Ejército contaban con fusiles de largo alcance de fabricación israelí Galil, de calibre 5,56 x 45.

Hasta la fecha, se ha confirmado que las diez víctimas mortales recibieron impactos de proyectil de arma de fuego (PAF) por parte de efectivos uniformados durante los enfrentamientos.

Foto de archivo. Familiares y amigos llevan el ataúd con el cuerpo de Leonardo Hancco Chacca, de 32 años, quien murió en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, durante su funeral en las calles de Ayacucho, Perú, el 18 de diciembre de 2022. El cartel dice "Dina Boluarte asesina ". REUTERS/Miguel Gutiérrez Chero NO HAY REVENTAS. SIN ARCHIVOS
Foto de archivo. Familiares y amigos llevan el ataúd con el cuerpo de Leonardo Hancco Chacca, de 32 años, quien murió en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, durante su funeral en las calles de Ayacucho, Perú, el 18 de diciembre de 2022. El cartel dice "Dina Boluarte asesina ". REUTERS/Miguel Gutiérrez Chero NO HAY REVENTAS. SIN ARCHIVOS

Estos hechos han sido parte del sustento de la fiscal Obregón para dar inicio a la investigación contra los generales Mejía y Vera, como presuntos máximos responsables de los ataques letales contra los manifestantes.

“Los medios de comunicación y las diferentes redes sociales han publicado que las protestas ciudadanas suscitadas el día 15 de diciembre de 2022 en el interior de la pista de aterrizaje del aeropuerto “Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte” de Ayacucho e inmediaciones del mismo, han sido reprimidas por las fuerzas del orden utilizando armas letales”, señala el documento de la Fiscalía.

Represión en manifestación

La décima víctima en Ayacucho elevó la cifra en todo el país a 27 fallecidos en las protestas, de las cuales al menos cinco eran menores de edad. Seis personas murieron en Apurímac, donde comenzaron las protestas el domingo 11, tres en Cusco, tres en Junín, también tres en La Libertad y dos en Arequipa, donde falleció la última este lunes.

En la víspera, el Ministerio de Salud detalló que hay 36 hospitalizados a nivel nacional, la mayoría en Ayacucho y, por otro lado, que se han dado 332 altas médicas. Según las últimas cifras ofrecidas este lunes por el Ejecutivo, los enfrentamientos han dejado unos 300 agentes heridos.
Twitter.

“Desde el Ejecutivo, rechazamos la violencia contra los valerosos policías, quienes con gran vocación de servicio buscan restablecer el orden interno. Reafirmamos el compromiso del Gobierno para garantizar la plena atención de los aproximadamente 300 efectivos heridos”, señaló en Twitter el Consejo de Ministros.

Las protestas piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde el 7 de diciembre tras su intento de autogolpe de Estado, el cierre del Congreso y la Convocatoria de una asamblea constituyente.

Desde el 15 de diciembre entró en vigor en todo el país el estado de emergencia nacional por 30 días y en algunas provincias fue decretado toque de queda.

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