La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por mayoría acusar ante el Pleno a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, por el delito de presunta infracción constitucional, y solicita su inhabilitación por cinco años en el ejercicio de la función pública.
Asimismo, la acusación se debe a los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales en torno a las investigaciones al expresidente Pedro Castillo Terrones. Esto debido a que sostienen que no se actuó de la manera correcta con los indicios de supuestos delitos en el entorno presidencial.
El grupo de trabajo también acordó, en forma unánime, archivar las acusaciones contra Ávalos por supuestos delitos de falsedad genérica y contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento real y contra la tranquilidad pública-organización criminal.
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Las denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), fueron interpuestas por las congresistas Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) y por Gladys Echaíz (RP), quien hizo suya la denuncia del procurador público especializado en delitos de corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Javier Pacheco Palacios.
Las recomendaciones que serán formuladas al Pleno del Congreso son las comprendidas en el informe final de las Denuncias Constitucionales 209 y 231, el mismo que fue sustentado por la congresista Camones Soriano.
Además, el congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP) será el encargado de hacer la sustentación respectiva ante el Pleno de las investigaciones que realizó durante el proceso. Así fue aprobado en forma mayoritaria.
Hechos irregulares
Bustamante Donayre señaló que “se advierten en los medios de prueba diversos hechos irregulares, con características delictivas, que vendrían cometiéndose desde la misma presidencia de la República, frente a lo cual se evidenciaría la inacción por parte de la exfiscal de la Nación, para la corroboración de los hechos, pese a tener conocimiento de los hechos”.
“Se puede apreciar que la exfiscal de la Nación habría incurrido en infracción a la Constitución al no haber actuado diligentemente en su cargo, pues a pesar de la cantidad de indicios razonables que existían para investigar al expresidente de la república, esperó hasta el 4 de enero del 2022 para abrir la investigación correspondiente”, sostuvo.
Bustamente Donayre cuestionó que no se haya actuado diligentemente, también, cerrando la investigación en torno a los casos de presuntamente haber recibido dinero de la señora Karelim López Arredondo, la existencia de un despacho presidencial paralelo en el distrito de Breña, y haber negado el ingreso de los fiscales al despacho presidencial a fin de cumplir diligencias de levantamiento de información, entre otros.
Derecho a la defensa
La exfiscal de la Nación, quien estuvo acompañada de su abogada Mariella Valcárcel Angulo, ejerció su derecho a la defensa. Ambas expusieron argumentos jurídicos en forma amplia y detallada. Ávila Rivera señaló que no existe contra ella razones jurídicas para acusarla y que, pedir su inhabilitación, es incongruente, lo que implicaría una arbitrariedad.
Dijo que, a diferencia de presidentes anteriores, en los que fueron desestimados de plano las denuncias, en este se dispuso una investigación preliminar.
Alegó que en el caso de Castillo Terrones no hubo, en ese momento, una conducta concreta atribuible y no se había realizado el juicio de destitución, ”y que no se cumplió con la debida motivación, por lo que se estaría frente a la vulneración de la Constitución y de sus derechos como funcionaria”.
“Sería la primera vez en la historia del Perú que se pretenda destituir a un magistrado por haber adoptado una posición jurídica, un criterio acorde a la Constitución”, señaló al tiempo de defenderse de no haber actuado a tiempo abriendo una carpeta de investigación sobre el caso.
De otro lado, finalmente, fue aprobado en forma unánime el ingreso y salida de algunos congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En efecto, salieron los legisladores Heydi Juárez Calle (NA) y María Cordero Jon Tay (FP). Ingresó Víctor Flores Ruiz (FP).
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