Pedro Castillo Terrones juró como presidente del Perú el 28 de julio del 2021, luego de haber superado a Keiko Fujimori con el 50.1% de los votos en la segunda vuelta electoral. 497 días después, pasó de despachar en Palacio de Gobierno a estar detenido en la base policial de la Diroes acusado de los delitos de rebelión y conspiración.
El miércoles 7 de diciembre del 2022 pasará a la historia como el día en el que el presidente del Perú se puso la soga al cuello al anunciar el cierre del Congreso, de manera inconstitucional, horas previas a la votación de una tercera moción de vacancia en el Pleno del Parlamento.
Apenas dos horas después de emitir su mensaje a la Nación, Pedro Castillo abandonó la Casa de Pizarro junto a su familia y su expremier Aníbal Torres con dirección a la embajada de México, pero en mitad del camino los agentes de su escolta de Seguridad del Estado lo intervinieron en flagrancia y lo condujeron hacia la Prefectura de Lima por orden de altos mandos policiales.
Detención preliminar y prisión preventiva
El profesor cajamarquino pasó por todas las diligencias correspondientes en la que participaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides junto a los coroneles PNP Walter Lozano y Harvey Colchado y la fiscal superior Marita Barreto. Por la noche del miércoles 7 de diciembre fue trasladado en helicóptero hasta la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate, donde también se encuentra recluido un exmandatario peruano: Alberto Fujimori.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó la detención preliminar del vacado exmandatario por siete días por el presunto delito de rebelión tras dar un autogolpe, rechazando así la apelación presentada por su defensa legal.
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Mientras el equipo fiscal preparaba el pedido de prisión preventiva antes que se venza el plazo de detención preliminar, Pedro Castillo recibió un total de 139 visitas entre “familiares, congresistas, dirigentes sociales, abogados e incluso de amigos”, según un reporte de la Defensoría del Pueblo.
Además, envió cartas que fueron difundidas a través de las redes sociales y medios de comunicación en las cuales calificaba la represión policial como “masacre a mi pueblo”, y exhortó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a “deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo”.
Además, desconoció a Dina Boluarte como nueva presidenta del Perú tras su destitución y la llamó “usurpadora”, y enfatizó que no renunciará ni abandonará sus “altas y sagradas funciones”.
El Poder Judicial desestimó los recursos de habeas corpus que presentó la defensa legal de Castillo Terrones a fin de recuperar su libertad, y el jueves 15 de diciembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aceptó la solicitud de la Fiscalía y ordenó su prisión preventiva por 18 meses. En tanto, dictó comparecencia con restricciones para Aníbal Torres, quien días previos anunció su pase a la clandestinidad.
La Junta Técnica de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), determinó que el penal de Barbadillo será el establecimiento penitenciario en el que Pedro Castillo deberá permanecer recluido hasta junio del 2024, fecha en la que se vence los 18 meses de prisión preventiva.
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Investigación por rebelión
Pedro Castillo expresó su intención de disolver el Congreso de la República en un mensaje a la Nación. Con este pronunciamiento, el exmandatario habría violado la Constitución al intentar disolver el Congreso sin fundamento. Además, del artículo 346 del Código Penal, que señala que: “El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años”.
En los próximos 18 meses, se debe llevar a cabo este proceso, en el que se incluye las etapas de investigación, acusación y juicio oral a fin de determinar si Pedro Castillo es culpable de los delitos de: rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública por este caso.
Mientras, en paralelo continuarán las investigaciones por los otros presuntos delitos que habría cometido durante su breve mandato:
- Caso Puente Tarata III. Presuntos delitos: organización criminal y tráfico de influencias
- Compra de biodiésel en Petroperú (Heaven Petroleum). Presunto delito: tráfico de influencias
- Ascensos militares y favorecimientos en la Sunat. Presunto delito: Tráfico de influencias
- Tras denuncia de Mariano González. Presuntos delitos: organización criminal y encubrimiento
- Presunto plagio de la tesis de maestría (antes de que asumiera presidencia). Presunto delito: plagio
- Obras en Cajamarca.Presunto delito: contra la tranquilidad pública en modalidad de organización criminal
- Presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, la cual también alcanzó a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado
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