Dolor por muertes tras violenta represión: mayoría son adolescentes o jóvenes y 4 menores con impacto de bala

David.A.Q y R.P.M.LL, dos escolares de Apurímac que apenas tenían 15 y 16 años, fueron de las primeras víctimas mortales tras la represión que el gobierno de Dina Boluarte decidió alzar como bandera en respuesta a las múltiples protestas en las regiones del sur del Perú que piden el adelanto de las elecciones generales y el cierre del Congreso. Ambos apenas estaban saliendo de la niñez cuando el primero fue alcanzado por un perdigón en el mentón que le destrozó el cráneo, según imágenes que mostró la familia, y el segundo también murió por una herida de arma de fuego. Sus reclamos fueron apagados con balas.

Ellos fallecieron entre el 11 y 12 de diciembre, un par de días antes de que el gobierno declarase un estado de emergencia y posterior militarización de las calles que terminaron azuzando más los ánimos y desencadenó más muertes a tal punto de llegar a la cifra de 24 en un corto lapso de una semana, según reporte del Ministerio de Salud (Minsa), mientras que la Defensoría del Pueblo identificó que cinco de estos decesos se produjeron en el marco de las protestas y no directamente por enfrentamientos con la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.

Una de las escenas más dolorosas tras la muerte de ambos menores fue cuando sus compañeros de colegio salieron a protestar, en medio del llanto, para reclamar por la muerte de David en la ciudad de Andahuaylas. “¡Queremos justicia! Se nos fue David, fue un gran compañero. Nos enseñó muchas cosas. Somos de un colegio chiquito, humilde, de buen corazón, hay personas muy humildes, una de ellas es David. Se nos fue un compañero”, dijeron los menores, con las voces quebradas por las lágrimas, voces que no fueron escuchadas desde Lima, la capital. Una insensible costumbre histórica.

El Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú (MNNATSOP) también expresó su solidaridad ante la muerte de David, pues él pertenecía a la organización en la sede de Andahuaylas a la vez que cursaba el tercer grado de secundaria.

“David era un adolescente trabajador, mototaxista, agricultor, que apoyaba a la canasta básica familiar, que salió a ejercer su derecho a la protesta y el Estado lo mató. Expresamos nuestra indignación frente a las injusticias que están sucediendo en las regiones, la violencia en las calles, balaceras, muertes de personas que salen a protestar”, indicaron los menores a través de un pronunciamiento.

Sus sueños fueron apagados con un disparo. Murió de una forma muy violenta.

Lamentablemente no fueron los únicos adolescentes que fallecieron tras los episodios de violencia, pues un total de cuatro menores de edad fallecieron producto de la respuesta desproporcionada de las fuerzas policiales y militares que han salido a las calles para evitar actos de vandalismo. Dos en Apurímac, D y R, Jonathan de 17 años en Junín, quien murió tras ser alcanzado por una bala, al igual que C.M.R.A. en Ayacucho, de acuerdo a reportes oficiales.

Jonathan era trabajador y laboraba vendiendo piezas de pollo frito en la calle. Según su abuelo, él ni siquiera estaba participando de las protestas y enfrentamientos en Pichanaki, solo estaba de paso, pues su domicilio estaba muy cerca del lugar donde las balas de la PNP corrían a mansalva. Cuando sus vecinos tocaron la puerta a las 3.00 a.m. les informaron que el menor estaba tirado en la pista.

El jefe de la VI Macro Región Policial Centro, general PNP Gregorio Martín Villalón Trillo, confirmó que los hechos sucedieron tras el ataque a una comisaría.

Aunque corrieron a auxiliarlo y aún lo hallaron con vida, ya no pudieron salvarlo, pues lo trasladaron a una posta, donde no quisieron atenderlo, y posteriormente al Hospital de Pichanaki, en Chanchamayo, donde murió desangrado.

Otra corta vida arrancada a destiempo.

También se conoció que un grupo de seis menores de edad fueron detenidos arbitrariamente en Andahuaylas cuando ejercían su derecho a la protesta, mientras que varios fueron heridos de gravedad. Una niña se halla en Lima y podría perder uno de sus ojos tras recibir un disparo.

Ante estos hechos, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció para rechazar las graves violaciones contra sus derechos más fundamentales, como el de la vida.

“Comité de los Derechos del Niño de la ONU #UNCRC muy preocupado por informes altamente creíbles de graves violaciones de los derechos de los niños en Perú, incluyendo muertes, lesiones y detenciones arbitrarias. ¡Los niños deben ser protegidos en todas las circunstancias!”, indicó el organismo internacional a través de su cuenta de Twitter, el pasado 15 de diciembre.

Solo en Apurímac, además de D y R, fueron ultimados otros tres muchachos hasta el 14 de diciembre en esta región. Hoy las familias de Beckam Romario Quispe, Jhonatan Enciso Arias y Wilfredo Lizarme Barboza reclaman justicia. Todos ellos apenas habían cumplido 18 años. Pues aunque para el relato oficial son jóvenes, estos aún eran adolescentes y debían ser protegidos.

Todos murieron por una herida de proyectil de arma de fuego, según reportes.

Lo cierto es que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) identificó el uso abusivo de munición prohibida para repeler manifestaciones, incluso perdigones de calibre 00, además de canicas de metal o vidrio, armas de fuego, perdigones de plomo y balas.

También reportaron el disparo de bombas lacrimógenas directamente a los manifestantes, hecho que vulnera el procedimiento reglamentario que es disparar parabólicamente y nunca al cuerpo.

Entre este grupo de víctimas de la represión estaba también Wilfredo Lizarme, quien tampoco participaba en las protestas, según información de medios locales, sino que se encontraba en el cerro Huayhuaca, desde donde observaba las manifestaciones el pasado lunes 12 de diciembre cuando pereció rápidamente tras recibir un balazo en la espalda.

Carla Lizarme, hermana del difunto, mostró a la agencia Associated Press un casquillo que hallaron cerca de su hermano en cuya base decía “PNP 762x39″.

Él apenas había cumplido la mayoría de edad, soñaba con ser médico o sacerdote y cantaba en el coro de la iglesia de Andahuaylas. También jugaba fútbol en el equipo local Red Lyon de Andahuaylas junto a otra víctima reciente, Beckham Quispe, también de 18 años, que murió el domingo en las manifestaciones cerca del aeropuerto de la ciudad. Lizarme era defensa y Quispe, delantero, dijo uno de sus amigos en común.

“Mi hermano era un deportista talentoso. Mis padres eligieron su nombre en honor a dos astros del fútbol. Mi hermano salió a manifestarse porque estaba harto de sentirse invisible ante los ojos de los políticos”, dijo Raquel, la hermana de Beckham Romario Quispe.

Otra cruda escena que va dejando estos episodios de violencia ocurrió cuando las familias de David y otro joven realizaban un recorrido fúnebre para despedirlos, cuando la Policía los reprimió con bombas lacrimógenas y disparos al aire, a pesar de que estaban realizando una marcha pacífica.

Las primeras muertes, así, se produjeron en Andahuaylas, donde se evidenció un uso excesivo de la fuerza policial, incluso sin tomar en cuenta la presencia de niños. Otro lamentable hecho que involucra a las fuerzas del orden se dio cuando un efectivo policial realizó disparos hacia una zona de viviendas, a pesar de que una mujer le pedía a gritos que no disparase pues en esas casas habían niños. No le importó.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció tras la vulneración de los derechos de niños y adolescentes.

“Vemos que hay vulneración al derecho a la vida, a la integridad de de estos adolescentes, por lo que hemos exigido investigación exhaustiva a las instancias correspondientes para determinar a los responsables. Siempre vamos a defender su derecho la protesta de ellos (los menores) y siempre vamos a defender de que no puede hacerse uso abusivo de la fuerza”, dijo al respecto Matilde Cobeñas, Adjunta por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

En un contexto en el que ya habían ocurrido cerca de diez muertes producidas durante enfrentamientos, el gobierno decidió emitir el estado de emergencia nacional el miércoles 14 de diciembre sin lamentar los decesos ya ocurridos y, con ello, decidieron optar por militarización de regiones donde las protestas recrudecían, es decir en el sur del Perú.

Este hecho trajo consecuencias mortíferas, pues en solo día, el jueves 15 de diciembre, se reportó la muerte ocho personas en Ayacucho. También hubo 52 heridos.

Fue el día más sangriento de este conflicto y los sonidos de las balas y disparos con armas de largo alcance en plena ciudad revivieron hechos traumáticos en la región, puesto que Ayacucho fue el departamento más golpeado durante el conflicto armado interno. Fue la población más diezmada por el fuego cruzado entre el grupo terrorista de Sendero Luminoso y el terrorismo de Estado ejercido por la PNP y las FF.A., de acuerdo a documentos históricos.

La masacre se produjo tras los enfrentamientos ocurridos alrededor del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, ya que los manifestantes intentaron ingresar a las instalaciones. De acuerdo a las fuerzas del orden estos portaban armas artesanales, hondas y piedras.

Sin embargo, incluso organismos internacionales rechazan el uso desproporcionado de la fuerza, pues como se pudo constatar en filmaciones y fotografías difundidas por vecinos, efectivos militares dispararon con fusiles Galil directamente a los manifestantes aún cuando los superaban en número y capacidad de respuesta.

Todo esto a pesar de que la normativa vigente prohibe que las FF.AA. utilicen armas de fuego a voluntad en contextos de estado de emergencia.

Así, en dicho escenario de horror todos los fallecidos en Ayacucho tenían impactos de balas, bien en la cabeza, tórax o estómago, según información del Instituto de Medicina Legal de la región. Además, otra vez, la mayoría de víctimas (5) eran jóvenes, incluyendo a un niño de apenas 15 años, que tenía una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen, de acuerdo a su necropsia.

Uno de los fallecidos era Clemer Rojas, un joven de apenas 22 años que estudiaba Física y Matemáticas en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Además, participaba en la comparsa Los Huaraqueros de Quinua. Hoy su tierra lamenta su pérdida.

En respuesta, el Gobierno Regional de Ayacucho responsabilizó de estas muertes a la actual presidenta Dina Boluarte y también a los ministros del Interior, César Cervantes, y de Defensa, Alberto Otárola. “Deben renunciar inmediatamente a sus cargos. Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego de parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra nuestra población”, indicaron en un comunicado.

La población y los estudiantes también respondieron ante la muerte de sus paisanos. Al día siguiente de las escenas de miedo, los huamanguinos salieron en masa para lamentar la partida de los suyos. Un emotivo momento ocurrió cuando jóvenes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga entonaron un huayno ayacuchano que reflejaba la tristeza de este pueblo.

“¿Por qué Huamanga desangras tanto? ¿Por qué permites tanto llanto? Qué cruel designio estás pagando, con tantas muertes e injusticias…”. Doloroso.

Ese mismo día y recién después de conocerse que la cifra de muertes a nivel nacional ya ascendía a más de 20, la jefa de Estado se pronunció quedamente a través de su cuenta de Twitter, desde donde envió sus condolencias a las madres de los fallecidos. Antes de eso, lucía sonriente en reuniones con bancadas del Congreso e incluso con comitivas internacionales, pero nunca reuniones con autoridades regionales o dirigentes sociales para tratar de dialogar. Su gabinete también permaneció en silencio hasta esa fecha, al igual que el premier Pedro Angulo, que mantenía funciones completamente disociadas al contexto de urgencias.

“Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz”, dijo la presidenta al mediodía.

Sin embargo, unas horas después su discurso de paz no fue ratificado, pues según información del periodista Eloy Marchán, algunos ministros durante una reunión extraordinaria indicaron que “estamos en guerra”, a la vez que pidieron más represión contra los ciudadanos.

Más tarde recién ocurrieron las primeras renuncias del gabinete. Los ministros de Educación y Cultura fueron los únicos en condenar las muertes y decirle adiós a Boluarte.

Además, el Consejo de Estado de Perú, que reúne a los presidentes de los tres poderes, mostró este viernes su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas “en el control” de las protestas antigubernamentales, en las que murieron más de 20 personas. No pidieron investigaciones ni rechazaron la violencia desplegada, ni hicieron autocrítica alguna.

“Se ha respaldado a las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas en el control de la situación, creo que el país debe respaldar y darle un aliento a nuestras fuerzas para restablecer la paz y tranquilidad den el país”, dijo el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila, por ejemplo.

Ya el sábado 17 el Minsa confirmó que un joven más de 27 años falleció en Ayacucho, por una contusión en el tórax, con lo que sumaron nueve decesos tras un solo día de sangre y balas.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo informó que interpuso una denuncia penal ante las Fiscalías Penales Especializadas en Derechos Humanos de Huamanga para determinar a los responsables de los fallecimientos ocurridos en Ayacucho.

La Defensoría aclaró que, incluso durante el estado de emergencia, el uso de la fuerza estatal debe realizarse en estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en las normas vigentes y los estándares en materia de derechos humanos.

Desde el lado de los oficiales, de la PNP y FFAA, han reportado que también hay heridos. Algunos han sido trasladados a Lima debido a la gravedad de sus heridas.

Hasta este 17 de diciembre el Minsa reporta que ocurrieron 24 muertes, la mayoría de ellas producidas por armas de fuego, según datos oficiales. De este total, 19 víctimas tenían menos de 31 años. Cinco de ellas eran menores de edad, cuatro murieron por heridas de bala y uno falleció fuera de protestas al ser atropellado en La Libertad. Además, dos tenían 35 años y los demás eran mayores de 40.

La región donde más muertes ocurrieron hasta la fecha es Ayacucho (9), seguida de Apurímac (6), Junín (3), La Libertad (3), Cusco (2) y Arequipa (1).

En este escenario de dura represión, fuentes oficiales en la capital indicaron que un bebé de Huancavelica había fallecido en el trayecto a Lima debido al bloqueo de carreteras; sin embargo, la información fue desmentida por el Hospital Departamental de Huancavelica y ratificada por la Dirección Regional de Salud. La institución señaló que la salud del pequeño se complicó en el camino, por lo que fue atendido en el Hospital de Chincha, donde falleció. ¿Cuál fue la intención de las autoridades al difundir esta mentira?

El hecho es que en Lima se valieron de este hecho, finalmente falso, para justificar las muertes de los manifestantes y calificarlos de terroristas, un calificativo peyorativo, drástico y brutal sobre las regiones que precisamente fueron las más afectadas durante la violencia terroristas de la década de los ochenta.

Debido a todas estas graves violaciones a los derechos humanos, Amnistía Internacional ha pedido la visita conjunta al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Finalmente, en Lima lejos de manifestar un rechazo en bloque ante la violencia y las muertes, la opinión pública se halla dividida entre quienes piden más balas, lo cual demuestra una grave afectación a la democracia y un estado de violencia normalizada, un clima hostil que ha envalentonado aún más al gobierno, al punto de sindicar a los manifestantes como terroristas y creer que se hallan en “guerra” contra la población.

Urge el diálogo, pero no hay en el corto plazo intención de realizarlo. En tanto, más personas pueden continuar muriendo.

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