Este sábado 17 de diciembre se dio a conocer que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y otros miembros de su junta directiva por los presuntos delitos de crimen organizado, extorsión y coacción.
De esta forma, el titular del ente rector del fútbol peruano deberá declarar ante este organismo constitucional autónomo por la denuncia interpuesta por Óscar Romero Aquino, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). La querella llega en medio de la disputa por los derechos televisivos entre la FPF y el Consorcio Fútbol Perú, operador del canal GOLPERU.
El documento fue expedido el último 15 de diciembre por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa y cuenta con el respaldo y revisión de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. La resolución se basa en el Código Procesal Penal aprobado por el decreto legislativo N°957 para la investigación, juzgamiento y sanción de los miembros de una organización criminal, vinculados a ella o que actúan por encargo de la misma.
En la resolución brindada por el Ministerio Público también se dan a conocer los nombres de los 10 integrantes de la Junta Directiva de la FPF a los que se les abrió investigación junto a Lozano Saavedra: Raúl Bao García, Víctor Bellido Aedo, Luis Duarte Plata, Juan Dupuy García, José Isla Montaño, Gisela Mandriotti Nightingale, Sabrina Martín Zamalloa, Genaro Miñán Armanza, Osías Ramírez Gamarra y Arturo Ríos Ibáñez.
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¿Qué es una organización criminal?
De acuerdo a la Ley N°30077, Ley Contra el Crimen Organizado, en su numeral 1 artículo 2, se define como organización criminal a “cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción que, por carácter o tiempo definido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves”.
FPF obtuvo medida cautelar a su favor por derechos televisivos
Un día antes que se conociera el inicio de investigación contra Agustín Lozano y su junta directiva por los presuntos delitos de crimen organizado, extorsión y coacción, el Séptimo Juzgado Comercial de Lima dictó una medida cautelar a favor de la FPF en contra del Consorcio Fútbol Perú, operador de GOLPERU, y otros dos codemandados, Media Networks y GOL TV, ordenando la suspensión de todos los nuevos contratos por derechos televisivos firmados entre la casa televisora y nueve clubes de la Liga 1.
“Se ordena a los emplazados, o cualquier empresa ligada o vinculada a estos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, abstenerse de celebrar cualquier acto o negocio jurídico relacionado a dichos derechos de transmisión audiovisual hasta la conclusión del presente proceso”, se lee en el escrito.
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Tras la resolución del Poder Judicial, la propia Federación emitió un comunicado, en el cuál detallaron que los nuevos acuerdos firmados sin su consentimiento vulneraban sus derechos comerciales y ello llevó a la institución a interponer una demanda ante la justicia ordinaria peruana.
“Cabe mencionar que la FPF decidió recurrir ante el Poder Judicial para salvaguardar sus derechos en el marco comercial y contra un tercero (Consorcio) cuya naturaleza no corresponde a ningún ámbito deportivo. En ese sentido, la Federación rechaza cualquier desinformación que indique un incumplimiento o invalidez de sus estatutos al recurrir a la justicia ordinaria porque este caso se trata de la protección de un derecho de índole comercial”, dice el tercer punto de la misiva.
De igual forma, hicieron hincapié que todas sus acciones son previamente informadas tanto a FIFA como Conmebol.
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