Tras su juramentación el pasado miércoles siete, la presidente Dina Boluarte atraviesa el décimo día de su gobierno tras la detención, y eventual destitución, del expresidente Pedro Castillo.
El profesor rural intentó perpetrar, en la referida fecha, un autogolpe de Estado que incluía la disolución del Congreso y la reestructuración de instituciones fiscalizadoras como el Ministerio Público: entidad que lo investiga por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Pese a la explícita intención fallida de Castillo Terrones, países como México, Bolivia, Colombia y Argentina no reconocen a Boluarte Zegarra como dignataria. En un comunicado, emitido días atrás, los gobiernos vecinos califican al investigado por la Fiscalía como “presidente” constitucional del Perú.
La gestión de la exvicepresidente, también exministra de Desarrollo e Inclusión Social, enfrenta no solo cuestionamientos a su legitimidad como mandataria sino también diversas protestas a lo largo del país. En conjunto con su Gabinete Ministerial, juramentado el pasado sábado diez, busca frenar la ola de violencia generalizada en el Perú.
Estallido social al interior del país
Las manifestaciones en el país iniciaron poco después de la detención del exmandatario Pedro Castillo.
Inicialmente, grupos pacíficos recorrieron las calles de diversas regiones (Arequipa, Huancavelica, entre otras) para solicitar la disolución del Congreso, la liberación de Castillo, un adelanto de elecciones y, con el paso de las horas y tras la juramentación de Boluarte, la renuncia de la actual presidente.
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Las protestas se intensificaron con el pasar de los días, se registran 21 fallecidos hasta el momento, tres menores de edad, a causa de las marchas que desencadenaron en actos vandálicos. Se saquearon y destrozaron inmuebles privados como la planta de Leche Gloria, Laive y Coca-Cola en Arequipa.
Las instalaciones de distintas instituciones públicas corrieron la misma suerte en todo el territorio nacional. En Lima, la sede del Ministerio Público fue vandalizado ferozmente.
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Pese a que la situación parece estabilizarse, tras el Estado de Emergencia decretado por el Ejecutivo, decenas de ciudadanos sufren los estragos del bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos (lo que dejó varados a viajeros nacionales y extranjeros), entre otros actos delincuenciales.
Según las autoridades, el 90% de bloqueos de las vías está concentrado en la sierra del Perú, lo que supone un riesgo para el abastecimiento de alimentos de Lima y otras ciudades de la costa. Se reportan más de 120 heridos.
Estado de emergencia
La mandataria, en conjunto con sus ministros de Estado, acordó declarar el Estado de Emergencia a nivel nacional debido a la ola de violencia generalizada. La Policía (PNP) trabajará en conjunto con las Fuerzas Armadas (FF.AA.), según detalló el ministro Alberto Otárola (Defensa), durante treinta días calendario.
La medida fue anunciada el pasado miércoles catorce y entro en vigencia algunas horas después. Aunque en el anuncio del titular de Defensa no se precisaban toques de queda, posteriormente se adoptó este recurso en quince provincias.
El pico más alto de las marchas se registraron entre el catorce y quince de este mes, según informaron las autoridades mediante una conferencia de prensa. Asimismo, se precisó que se reportaron cinco ataques a comisarías al interior del país.
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El General Raúl Alfaro Alvarado, comandante de la Policía Nacional, informó que hasta el 15 de diciembre se concentraron 44 mil personas en las marchas. Además, destacó que el viernes 16 hubo 29 mil personas.
El ministro del Interior, César Cervantes, señaló que el gabinete asumió sus funciones “encontrando actos vandálicos, incendios y ataques a servicios estratégicos”. Además, destacó que la PNP “hace uso de las armas no letales” y que “cerca de 300 efectivos policiales resultaron heridos”, cuatro de ellos, según indicó, con proyectil de fuego.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), las protestas y vandalismo producen pérdidas diarias de S/212 millones para el país. La entidad no consideró en este reporte los daños a la infraestructura privada y pública, entre otros factores.
Reportes y “recomposición” del Gabinete Ministerial
Boluarte Zegarra también informó que realizará cambios en el Consejo de Ministros (PCM), liderado por el ex fiscal superior Pedro Angulo, tras la renuncia de dos ministros al equipo ministerial.
El último viernes quince, la ministra de Educación (Minedu), Patricia Correa, y Jair Pérez Brañez, titular del Ministerio de Cultura (Mincul), extendieron sus cartas de renuncia irrevocable.
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“El gabinete que conformamos fue en el marco de una crisis política. Vamos a recomponer el gabinete par darle mayor tranquilidad a nuestra población (…) En nombre de Dios, hermanos y hermanas, llamo a trabajar en paz, en calma. Respetándonos los unos a los otros. No más muertes”, manifestó la presidente.
Detalló que este cambio en la Presidencia del Consejo de Ministros se realizará “en unos días más”, sin embargo, evitó responder si el actual primer ministro será destituido de su cargo.
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