La Policía y la Fiscalía intervinieron este sábado el local de la Confederación Campesina (CCP), donde también se encuentran los de Nuevo Perú y el Partido Socialista, en los que se alojan decenas de personas que llegaron a Lima para participar en las protestas contra la administración de Dina Boluarte y el Congreso.
Durante la diligencia se incautaron machetes, hondas, clavos, pasamontañas y otros objetos punzocortantes que serían utilizados en las próximas protestas de la capital. El general Óscar Arriola, jefe de la Dirección contra el Terrorismo, informó además que dos personas vinculadas al ‘Andahuaylazo’, levantamiento militar ocurrido en 2005, fueron detenidas en el interior del edificio.
Agentes de la Policía Nacional ingresaron junto con ocho fiscales al local ubicado en la plaza Bolognesi, donde encontraron a numerosas personas alojadas, además de carteles, pancartas y los objetos ya mencionados.
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El ministro del Interior, César Cervantes, agregó que su sector actúa basado “en un principio democrático” y que todo lo encontrado se pondrá a disposición del Ministerio Público.
El edificio en el que se encuentran la CCP y los partidos fue rodeado por decenas de agentes policiales, cuando se cumple el tercer día del estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno tras las marchas y manifestaciones violentas que han dejado, al menos, 22 muertos, sobre todo en el sur del país.
Reacciones ante el allanamiento
El asesor de la CCP, Francisco Tello, llegó junto a otros dirigentes para “repudiar” lo que consideró un “atropello” del Gobierno de Boluarte, quien responsabilizó al Legislativo de dilatar la aprobación del adelanto de elecciones, una demanda de los manifestantes.
“El día de hoy ha mandado a sus esbirros para poder, después de muchísimos años, desde la dictadura de Fujimori, atropellar nuestro local. ¿Cuál es la acusación que hace?, que simplemente los campesinos que han venido a protestar por el cierre del Congreso estarían armados”, señaló.
Tello dijo que las fuerzas de seguridad “siempre han sembrado” a los campesinos y aseguró que “este atropello no pasará”, pidió la renuncia de Boluarte y de la fiscal general, Patricia Benavides, y que se llame a elecciones generales “lo más pronto posible”.
Nuevo Perú también lanzó una alerta en redes sociales y denunció “el intento de allanamiento”, en el que, según dijo, “se encuentran alojados hermanos y hermanas que han llegado a protestar pacífica y legítimamente”.
Agregó que agentes vestidos de civil dirigen esta operación y que “hay riesgo de siembra de material y violencia contra las personas alojadas en el interior”.
El partido denunció, además, que la Policía tampoco permitió el ingreso al local de la congresista Ruth Luque, que llegó “para atestiguar el allanamiento”. Luque informó en Twitter que logró ingresar al local “luego de exigir” que se le permita ejercer “la función de fiscalización y representación” que los legisladores tienen en Perú.
“No permitiremos que el derecho a la defensa se restrinja, cualquier limitación de derechos debe estar vinculado a un delito, no a hipótesis, no a sospechas”, remarcó.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió “una explicación” del Ministerio del Interior y enfatizó que “la protesta pacífica es un derecho”.
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