Fue una frase que repitió en sus mítines, cuando aún era un candidato desconocido; en los debates en los que expuso sus propuestas, y al llegar al sillón presidencial en el bicentenario de la independencia, tras vencer en las cinco regiones más necesitadas del Perú: “No más pobres en un país rico”.
El discurso antiestabishment apuntaba a reivindicar una atribución a Antonio Raimondi: “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”. Cuando fue electo el año pasado, el maestro rural de izquierda —el mismo que lideró en 2017 una gran huelga del magisterio que forzó al Gobierno a aumentar los salarios— devino en el primer jefe de Estado sin lazos con las élites.
En estos círculos, Castillo hizo saltar las costuras del clasismo y el racismo, más notorias cuando fueron electos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), con estudios universitarios en EE. UU., y Ollanta Humala (2011-2016), capitán del Ejército y agregado militar en Corea del Sur y Francia.
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Hijo de campesinos analfabetos, generó esperanzas de reformas y prometió superar la profunda fractura y polarización, así como plantar cara a las grandes mineras trasnacionales que explotan los suelos peruanos.
Sin embargo, como ocurrió con sus predecesores, fue destituido el miércoles 7 de diciembre tras orquestar un autogolpe, por lo que fue detenido y recientemente condenado a prisión preventiva de 18 meses por conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.
Tiene 53 años y nació el 19 de octubre de 1969 en Puña, un pueblo del distrito de Chota (Cajamarca), donde dictó clases en una escuela rural por 24 años. De niño, ayudaba a sus padres en el trabajo de la granja y, como ha contado en múltiples reportajes, transitaba varios kilómetros para ir a la escuela.
“Por primera vez, nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece a los sectores oprimidos”, remarcó el día que juró como jefe de Estado, enfundado en un traje tradicional andino negro y un sombrero chotano que acabó descartando —por recomendación de su asesor.
“No más pobres en un país rico”, repitió como un mantra en campaña como abanderado de Perú Libre, un minoritario partido marxista leninista fundado por Vladimir Cerrón.
Con su sombrero de copa alta, típico de Cajamarca, peinó el país para conseguir votos. En ocasiones poco formales, vestía poncho y yanquis, como se conoce sandalias confeccionadas con neumáticos usados. El día de los comicios cruciales, acudió a las urnas en caballo.
Hizo de su profesión uno de los ejes de su campaña y del lápiz, su símbolo. Prometió “un país sin corrupción” y conquistó el sentimiento de indignación de millones de peruanos, pero acabó con ocho investigaciones claves para que la Fiscalía le imponga 18 meses de prisión preventiva —seis de las cuales están vinculadas a la instrucción de presunta corrupción que también salpican a su familia.
En octubre pasado, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en la que se le acusa de liderar una organización criminal para enriquecerse con contratos del Estado y obstruir las investigaciones.
Respaldado por los líderes de izquierda de la región, Castillo dio una gran sorpresa al superar por estrecho margen en el balotaje a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), encarcelado en la misma prisión donde fue conducido desde el día de su autogolpe fallido.
Solía citar pasajes bíblicos para justificar su rechazo al aborto, al matrimonio homosexual y el derecho a una muerte digna. “Palabra de maestro”, decía a menudo al cierre de sus alocuciones.
Se rehusaba a la prensa y emitía mensajes breves, aunque ahora escribe reiteradas cartas a puño y letra en la que ha pedido, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a “coactar” su libertad.
Vacado
Él mismo apresuró su caída y, con ella, el ocaso de su intención por reformar el Perú. Su destitución por incapacidad moral fue aprobada horas después de que anunciara la disolución del Congreso, instalara un toque de queda y dijera que gobernaría por decreto.
Apenas dos horas después, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la jefatura del Estado. Fue el tercer intento del Congreso por sacar del poder a un presidente que registraba un rechazo de 70%.
La pugna entre el Ejecutivo y Legislativo se atizó este año por una investigación fiscal contra el líder sindical por dirigir una presunta “organización criminal” que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
La oposición le acusaba además de falta de rumbo. Criticaban sus constantes crisis ministeriales que se tradujeron en cinco Consejos de Ministros y una rotación de 80 ministros, un episodio inédito en Perú.
Para la mayoría del Parlamento, “no es posible que un campesino gobierne al país”, dijo al anunciar que cerraba el parlamento. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía no lo apoyaron. El Congreso lo ignoró y aprobó su juicio político.
Una moción similar derivó en la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski en 2018, y Martín Vizcarra en 2020. El expresidente Alberto Fujimori fue destituido por el Congreso en noviembre de 2000.
Sin defensa legal, sin su tenaz defensor Aníbal Torres —quien está en clandestinidad—, sin su familia —la exprimera dama, Lilia Paredes, le recriminó el intento de autogolpe—, sin los ministros que lo secundaban, Castillo empieza a escribir otra historia en la cárcel.
¿Fue castigado por sus propias palabras? “Debemos limpiar este país de toda podredumbre política”, dijo alguna vez.
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