Desde el miércoles 14 de diciembre, el gobierno de Dina Boluarte decidió dictar el estado de emergencia a nivel nacional debido a la álgida situación de violentas protestas que se registra en el país. Las diversas marchas muestras su disconformidad con la situación política y, entre otras cosas, exigen el cierre del Congreso de la República y el adelanto de elecciones generales.
Esta medida, que restringe una serie de derechos y permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en conjunto aplicar medidas para restablecer el orden en el país, fue oficializada a través de un Decreto Supremo en el diario El Peruano.
Sin embargo, el uso de armas de fuego fue cuestionado por la Defensoría del Pueblo. A través de su cuenta de Twitter, la entidad señaló que se produjo el fallecimiento de dos personas y decenas de personas heridas en Ayacucho durante el intento de toma del aeropuerto de esa ciudad por parte de manifestantes.
En tal sentido, exigieron al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas “el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”.
Recordemos que el gobierno anunció que se usarían perdigones de goma para poder neutralizar a los manifestantes violentos. Algo con lo que la presidenta Boluarte no se mostró de acuerdo.
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