Las clases presenciales en los colegios e institutos de Lima Metropolitana quedaron suspendidas este jueves 15 y viernes 16 de diciembre para “salvaguardar la integridad de la comunidad educativa ante los hechos de violencia”, informó la Dirección Regional de Educación (DRELM).
Un comunicado publicado esta noche detalló que la medida alcanza también a las instituciones educativas públicas y privadas, de educación básica, técnico productiva e institutos y escuelas de educación superior.
La DRELM invocó a los padres de familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio, docentes, directivos y especialistas “a mantenerse en alerta para prevenir y tomar acciones ante cualquier circunstancia que ponga en riesgo su integridad”.
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El comunicado de la cartera de Eduación llegó después de que la presidenta Dina Boluarte decretara Estado de Emergencia, a nivel nacional, por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en su contra.
Tal como adelantó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, el decreto supremo fue publicado este miércoles en una edición extraordinaria de la gaceta de normas legales.
En su primer artículo, precisó que la Policía mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Durante el estado de emergencia, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, detalló en su segundo artículo.
Medidas
Respecto a la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el decreto precisó, en su artículo cuarto, que se efectúa conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza de los militares.
En sus considerandos, la norma recordó que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación”.
En este caso, el Ejecutivo adoptó esta medida después de unos cuatro días de violentas manifestaciones y vandalismo en varias regiones del país, con el saldo de ocho fallecidos, más de 200 policías heridos y un número indeterminado de detenidos y civiles lesionados.
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