Acumulan pruebas en Comisión de Ética contra legisladores acusados de instigadores por la PNP

Cuatro congresistas oficialistas fueron señalados como azuzadores de la violencia, a nivel nacional, en los distintos hechos vandálicos que iniciaron hace una semana.

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Manifestantes participan en una protesta tras el autogolpe del expresidente Pedro Castillo. (REUTERS/Alessandro Cinque)
Manifestantes participan en una protesta tras el autogolpe del expresidente Pedro Castillo. (REUTERS/Alessandro Cinque)

Los parlamentarios oficialistas Guillermo Bermejo (Perú Democrático), Betssy Chávez (Perú Democrático), Guido Bellido (no agrupado) y Edgar Tello (Bloque Magisterial) fueron calificados, por la Policía Nacional del Perú (PNP), como “instigadores” de la violencia ocurrida en las manifestaciones en el Perú.

Las protestas iniciaron el pasado jueves ocho de diciembre, un día después del autogolpe perpetrado por Pedro Castillo, luego que la actual presidente de la república, Dina Boluarte Zegarra, juramentara en el cargo frente al titular del Congreso, José Williams Zapata.

Las marchas ocurridas en regiones del país como Arequipa y Lima, que desencadenaron en graves actos delincuenciales como saqueos y destrucción de inmuebles públicos y privados, dejaron por lo menos siete personas fallecidas y más de 120 heridos.

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En este escenario, la titular de la Comisión de Ética, Karol Paredes (Acción Popular), indicó que el grupo de trabajo ya se encuentra en un proceso de recolección de pruebas sobre este tema. En diálogo con Diario El Comercio, comentó que estos elementos pueden conducir al inicio de indagaciones en contra de los referidos congresistas.

Sobre este grupo de legisladores, todos electos por el partido Perú Libre, la Policía Nacional señaló que cada uno de ellos cumple con una determinada función. En este sentido, a Tello Montes se le acusa de contribuir con el financiamiento de estas marchas violentas, mientras que a Bellido Ugarte de formar parte de una cadena de “desinformación”.

Chávez Chino, expremier y líder del último Consejo de Ministros (PCM) de Castillo Terrones, recae una acusación por “incitar a la violencia en sus pronunciamientos públicos”.

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El pasado domingo once de diciembre, la también exministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) fue captada en los exteriores de la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP (Dinoes) junto a un grupo de manifestantes.

En la sede policial se encuentra recluido el exmandatario perulibrista, quien enfrenta distintas investigaciones del Ministerio Público, entre ellas, una acusación por el presunto delito de rebelión.

Días antes, ante el Pleno del Congreso, el ministro Alberto Otárola (Defensa) indicó que Bermejo Rojas fue captado en un hotel de lujo en Ica, donde también se suscitaron protestas, para realizar coordinaciones en dicha región.

“En el caso de Ica (…) el congresista Guillermo Bermejo ha estado hace poco alojado en un hotel de lujo (de la zona), tenemos entendido, dirigiendo y conspirando contra el Estado de Derecho”, puntualizó el funcionario.

Debido a las severas afectaciones a la vida y propiedad pública y privada, el gobierno de Dina Boluarte declaró estado de emergencia a nivel nacional. REUTERS/Alejandro Orosco NO RESALES. NO ARCHIVES
Debido a las severas afectaciones a la vida y propiedad pública y privada, el gobierno de Dina Boluarte declaró estado de emergencia a nivel nacional. REUTERS/Alejandro Orosco NO RESALES. NO ARCHIVES

También exigen investigación fiscal

Por otro lado, las bancadas de oposición Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso solicitaron que el Ministerio Público, presidido por Patricia Benavides, inicie una investigación contra los cuatro referidos congresistas.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, aseguró que se “tendría que actuar de oficio por ser un presunto delito”. Después de iniciada una indagación en la Fiscalía, añadió, se actuaría en la Comisión de Ética del Congreso de la República.

Patricia Juárez, portavoz de la bancada de Fuerza Popular, manifestó a su vez que el procedimiento que debe seguirse es una “denuncia constitucional” contra los acusados.

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Las manifestaciones, que atraviesan por su octavo día en el país, ocasionaron que el Ejecutivo declarara el estado de emergencia en todo el país. La medida tendrá un plazo de treinta días calendario, según lo expresado por el ministro de Defensa, Alberto Otárola.

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