La destitución de Pedro Castillo ha generado una ola de violencia a lo largo del país. Las manifestaciones sociales pasaron de ser marchas pacíficas a convertirse en protestas que han perjudicado comercios, establecimientos públicos, vías de tránsito y zonas de turismo. Una ardua represión policial también fue evidenciada a través de medios de comunicación. Hasta el momento, las disputas han cobrado la vida de siete ciudadanos a nivel nacional. Pese a ello, la PNP ha anunciado que van a “elevar el nivel de respuesta” y emplearán perdigones de goma para controlarlas.
Los disturbios en las regiones del país han venido acompañados de una presunta represión policial que ha sido cuestionada por cientos de usuarios en redes sociales. Según ha denunciado el medio Mataperrea, en los escenarios donde se han presentado enfrentamientos entre policías y manifestantes se hallaron restos de canicas que habrían sido utilizadas como perdigones.
Como señala el Jefe de la Región Policial de Lima, el general PNP Víctor Zanabria, la ola de violencia que atraviesa el país ha conducido a las autoridades a agudizar la respuesta ante estas manifestaciones. “Nosotros tenemos la titularidad del uso de la fuerza. Por delegación del Estado tenemos todas las normas con los estándares internacionales aprobados y hoy día vamos a elevar el nivel de respuesta. Se ha autorizado usar perdigones de goma dado el nivel de violencia y la afectación a la integridad que tienen los policías, esto es acorde a la proporcionalidad que establece el Decreto Legislativo 1186″, precisó.
“Hoy [martes] se van a emplear perdigones de goma porque el grado de violencia hacia los efectivos policiales elevan el nivel de riesgo y están causando lesiones graves”, añadió.
Infobae conversó con Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro derechos Humanos (APRODEH), quien explicó que los altos niveles de violencia que se registran en las protestas no deben ser justificación del uso de la represión policial. De acuerdo a la experta, la Policía debe emplear estrategias para controlar los actos vandálicos que se presentan en las manifestaciones.
“Es lógico entender a las personas que han salido a protestar con una indignación acumulada. El papel de la policía es, precisamente, resguardar la vida humana durante estos acontecimientos. Si bien su papel es de guardar el orden interno, también se tiene que tomar en cuenta la necesidad de la población de expresarse. Cuando hay actos que sobrepasan la protesta con hechos de violencia, se tiene que proceder adecuadamente. Hay límites. Hay situaciones en las que se tiene que ejercer la fuerza, pero de manera adecuada, que no generen un menoscabo a la integridad y a la vida de las personas”, dijo.
“Lo que tiene que hacer la Policía no es aumentar su poder de fuerza, sino aumentar la inteligencia y saber quiénes son las personas que pudieran estar generando estos actos de vandalismo para poder intervenirlas antes de la acción. Para eso existe la prevención, la inteligencia, pero de ninguna manera se puede aceptar de la Policía actos que vulneren derechos”, agregó.
Para la abogada especialista en derechos humanos, es necesario que los gobiernos regionales puedan dialogar con los ciudadanos para encontrar una solución a las movilizaciones. Asimismo, resaltó que las autoridades deben de evitar que se continúen acumulando fallecimientos por estas protestas y proteger los derechos de los participantes. “Hay que tomar en cuenta que cada vida humana importa. Si una persona que sale a protestar, debe de tener la garantía de que va a regresar a su casa con vida y con la integridad de su ser intacto”, expresó.
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Además, señaló que no se debe concebir la idea que una manifestación es sinónimo de muerte. “Eso no puede ser así. La libertad de expresión, la libertad de la protesta, es un derecho y lo que tiene que hacer la Policía es resguardar que no haya excesos, pero no se puede combatir esos excesos con una represión que atente contra la integridad de las personas”, agregó.
Finalmente, Cano acotó que también se encuentra en manos de los políticos detener las represiones y entablar espacios de diálogo con los ciudadanos. “Los jefes de gobierno, los presidentes del Gobierno regional, los actuales gobernadores electos tienen que empezar a adelantar el diálogo con las fuerzas que están ahorita, para escuchar esas voces que se levantan a nivel nacional”, aseveró.
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