La Defensoría del Pueblo comunicó que 6 manifestantes fallecieron durante las protestas que exigen el cierre del Congreso de la República, adelanto de Elecciones y nueva Constitución. Eliana Revollar, titular de esta entidad, confirmó que dos menores de 15 y 16 años murieron en Apurímac; así como otras tres personas de 18 años y un adulto de 38. También confirmó que hay más de cien ciudadanos heridos.
Ante esta realidad, la Policía Nacional comunicó la mañana de este martes 13 de diciembre que usarán perdigones de goma para reprimir a los manifestantes en las protestas convocadas para los días siguientes.
“Hoy día vamos a usar perdigones de goma porque ya los actos de violencia hacia el personal policial elevan el nivel de riesgo y causan lesiones graves”, precisó un efectivo. Sin embargo, poco después, la presidenta Dina Boluarte salió a decir que se oponía al uso de estas armas.
Violan derechos de manifestantes
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que la Policía Nacional viola derechos humanos al disparar contra manifestantes.
En Lima, la noche del lunes 12 de diciembre, se registraron dos heridos a quienes les habrían lanzado bombas lacrimógenas a una corta distancia, por lo que fueron llevados de emergencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde solo uno permanece internado.
El primer herido que ingresó al hospital, a las 7 horas con 55 minutos de la noche, es un joven de iniciales Y.L.U., de 23 años, a quien le diagnosticaron traumatismo maxilofacial por proyectil de arma de fuego. Se encuentra estable y fue dado de alta tras recibir la indicación de que siga un tratamiento por consulta externa.
El segundo joven que llegó al hospital es Renato Murillo Reyes, de 25 años, cuyo pronóstico es reservado y fue diagnosticado de traumatismo encéfalo craneano severo. Los médicos aún lo evalúan para descartar una fractura de base de cráneo. Pasó del área de shock trauma a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) general.
Infobae conversó con manifestantes que se encontraban cerca de este joven, quienes afirmaron que la Policía Nacional le disparó en la frente.
El fotoperiodista Aldair Mejía, quien pudo capturar las fotografías del herido, detalló que el ataque policial ocurrió a las 8 horas con 36 minutos, según su registro.
Él se encontraba en la calle Belén, antes de la estación de los Bomberos, en el Cercado de Lima, mientras Murillo permanecía más adelante. Mejía se acercó hasta el ciudadano herido por el llamado de los manifestantes, quienes aseguraban que el joven había fallecido.
“Avanzo un poco, antes de llegar al cuartel de los Bomberos, me recaudo ahí y comienzo a ver la pelea entre manifestantes y Policías. Serían 20 personas porque era una cuadra chica (Calle Belén). Luego, los manifestantes me llamaron y me dijeron que había un muerto”, narró.
Cuando se acercó al joven, el fotoperiodista observó que tenía el rostro cortado, desde la pestaña hasta el ojo. Permanecía en el piso y se agarraba la cara. Le preguntó su nombre, pero Murillo no podía responder.
“Se veía muy grave, porque su polo estaba lleno de sangre. Estaba medio inconsciente en ese momento. Luego, trataron de tapar la herida con un polo, pero la sangre salía cayendo”, agregó.
Un minuto después, los manifestantes lo cargaron y se dirigieron a Real Plaza. Buscaban un hospital o una ambulancia hasta que el joven se desvaneció y quedó inconsciente en el piso una vez más.
Hicieron un círculo a su alrededor hasta que cinco bomberos lo ingresaron a una ambulancia, ubicada en el cuartel, y lo llevaron al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
“Vi que los manifestantes provocaban, pero no tenían armas ni pirotécnicos. Pero la Policía disparó al cuerpo en una calle estrecha. Entonces, eso pudo haberle caído a cualquiera. Nadie podía escapar de ahí”, dijo Mejía.
Recién este martes 13 de diciembre, se ha podido ubicar a los familiares de Murillo.
Según la abogada Mar Pérez, de la CNDDHH, la Policía Nacional violó el derecho a la vida y a la integridad personal al disparar contra manifestantes con la intención de dañarlos.
También vulneró su derecho a la protesta y sus derechos conexos a la libertad de expresión y derecho a participar en la vida política del Perú.
El Tribunal Constitucional, en una sentencia que emitió en julio de 2020, determinó que es necesario reconocer el derecho a la protesta como derecho fundamental. Este derecho “asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado, todo ello sobre la base de aspiraciones legítimas de quienes protestan y siempre que se respete la legalidad conforme al orden fundamental”.
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